¿Cuántas veces hemos escuchado la frase: "aunque no encienda la luz, ya pago unos 20 euros"? Y es que la parte fija del recibo de la luz, es una de las áreas más complejas, de la ya ininteligible factura eléctrica que recuperamos en la Semana de la Pobreza Energética que se celebra hasta el 23 de febrero. Así, solo la parte de los impuestos que asumen los consumidores (impuesto sobre la electricidad e IVA, fundamentalmente) suponen cerca del 23-25% recibo, según los expertos. El otro tercio corresponde a los costes de producción y comercialización; y más de la mitad, a costes regulados.
Aunque en los dos últimos años el Gobierno de Pedro Sánchez haya suspendido temporalmente el impuesto a la generación y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (@CNMCcompetencia) haya propuesto cambios en el cálculo de los peajes; las asociaciones de consumidores como la OCU (@consumidores) consideran que "se necesitan rebajas directas sobre los consumidores y no sobre las empresas" para abaratar la factura, en especial para los más vulnerables, como los pensionistas. La organización critica “la falta de transparencia” del Ministerio para la Transición Ecológica y considera que esos “retrasos y falta de información” sobre los cambios en la próxima tarifa eléctrica “están generando un clima de confusión en el consumidor”, al mismo tiempo que han vuelto a pedir al nuevo Gobierno rebajas de los impuestos en la tarifa de la luz.
Rebajas como las que ha emprendido Portugal reduciendo el IVA de la factura de la luz del 23% al 6% desde el pasado julio, que abren la senda a repensar el modelo español, ya que la fiscalidad, junto con el precio la luz, convierten a España en uno de los países con la factura de la luz más cara de Europa, según Eurostat. El Gobierno por su parte, ha señalado en varias ocasiones que no valora reducir el IVA. Pero detrás de esta decisión podría estar el déficit de tarifa y el hecho de que los impuestos, tanto el IVA como el impuesto especial a la energía, suponen una gran fuente de ingresos para el Estado, una cifra que rondaría los 10.000 millones de euros.
Fuente: CNMC
El modelo portugués
El Gobierno de coalición portugués, liderado por el socialista António Luís Santos da Costa (@antoniocostaps), tomó el año pasado la decisión de reducir el IVA a la luz al 6% para gran parte de los consumidores. Una medida que fue autorizada por la Unión Europea y se aplica desde el pasado julio de 2019. La rebaja solo afecta a la parte fija de la factura, que supone cerca del 20% del valor final, y está limitada a suministros de electricidad con una potencia contratada de hasta 3,45 kilovatios y a consumos de gas natural que no superen los 10.000 metros cúbicos anuales (que supone el 45% de los contratos), por lo que algunos expertos consideran que su aplicación es limitada.
Pero la resolución del gobierno portugués pone el foco en España, ya que nuestro país comparte muchas de las características del mercado mayorista de electricidad con el país vecino. Por ejemplo, el precio del megavatio hora es casi idéntico en ambos países, pero en España el IVA de la energía se mantiene al 21%, al que se suma el 5% adicional del impuesto especial de electricidad. Aún así, el Gobierno de España no contempla aplicar, de momento, este tipo de medidas directamente sobre el consumidor, que afectarían a cerca de 26,5 millones de consumidores domésticos en nuestro país, a pesar de que nuestro país tiene un IVA a la luz superior al de la media de la Unión Europea (21% frente al 18%), solo superado por Eslovenia (22 %), – hasta ahora– Portugal (23 %) y Finlandia (24 %), según datos de la Comisión Europea.
¿Qué impuestos pagamos en la factura?
Los impuestos que pagan los consumidores son básicamente tres:
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Impuesto sobre la electricidad: Este impuesto, que forma parte del grupo de impuestos especiales, fue creado con el fin de garantizar un consumo responsable de los recursos limitados que ofrece el medio natural y unas condiciones medioambientales que protejan la salud de las personas. Tiene como fin recaudar el importe correspondiente al antiguo recargo en concepto de “coste específico asignado a la minería del carbón”. La ley 38/1992 es la que establece estas tasas para todos los que tengan contratado un suministro de luz, independientemente de si realizan o no consumo de electricidad en la vivienda. El impuesto sobre la electricidad, se aplica sobre el término de consumo y sobre el término de potencia (potencia contratada) y es del 5,11269632%.
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IVA: es el impuesto que, en España, constituye la base del sistema de imposición indirecta y corresponde a una tasa que se calcula sobre el consumo de los productos o servicios. El IVA en el caso de la electricidad es del 21%, y se aplica al importe resultante de sumar el consumo, la potencia contratada, el impuesto de electricidad, el alquiler de equipos, etc. Es decir, se aplica a la suma del total de la factura. En las Islas Canarias se aplica el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) reducido del 0% para la facturación de los Términos de Potencia y Energía y del 6,5% para el resto de los componentes de la factura como el alquiler del contador o los servicios asociados. En Ceuta y Melilla es de aplicación el IPSI (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación) en lugar del IVA, que grava a la factura eléctrica con un 1%.
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Impuesto municipal: sirve para pagar el uso del subsuelo de los ayuntamientos. Se abona el 1,5% del término de energía sin peajes.
A ellos habría que añadirle todos los impuestos y costes regulados que afrontan las generadoras, como los impuestos específicos de la tasa a las hidroeléctricas o el impuesto a las nucleares o hisdrocarburos, así como el impuestos de generación, pero que no lo paga el consumidor directamente sino indirectamente.
Fuente Agencia Tributaria
¿Sería posible reducir el IVA en España?
"Rebajas como las del IVA no solo serían posibles sino aconsejables en España porque reducirían mucho la carga sobre los consumidores. Pero no interesa hacerlas...", considera Joaquin Giráldez, ingeniero industrial y socio de la consultora del mercado eléctrico INGEBAU (@ingebau), quien calcula que el ahorro que se produciría – en torno al 14% – sería importante. Por eso, el Defensor del Pueblo (@DefensorPuebloE) ha pedido que el IVA que se aplica a la electricidad "sea igual que el de los productos básicos, como el pan o la leche, es decir, del 10%. Estaríamos hablando de pasar del 21% actual –igual que el tabaco o el alcohol– al 10% –que tiene el cine– o, incluso, 4%", incluyendo la energía en la consideración de servicio básico, de primera necesidad.
En la misma línea se manifiesta la Asociación de Consumidores OCU, que pide un 6%, como en Portugal y reclama más transparencia sobre el otro gran impuesto que aparece en la factura, el de la electricidad. "Se creó con el fin recaudar el importe correspondiente al antiguo recargo en concepto de “coste específico asignado a la minería del carbón, pero ya no tiene sentido", opinan. Según cálculos de la OCU, los hogares españoles (un hogar tipo con 4,6 kW y 3500 kWh de consumo) pagan de media 815 euros al año, de los cuales 141 euros corresponden al IVA. Reducir este impuesto al tipo 10%, supondría un ahorro en la factura de 67 euros al año (5,6 euros al mes), calculan. También desde la otra asociación de consumidores, Facua (@facua), piden una bajada del IVA, para reequilibrar "los impuestos indirectos, que incrementan el recibo de las familias nada menos que el 27,9%".
Ningún Gobierno se ha atrevido a tocarlo
Aunque la rebaja del IVA energético de todos los suministros básicos (calefacción, gas, electricidad) al 10% a los consumidores vulnerables figura en el programa electoral de Podemos, ningún Gobierno hasta la fecha se ha atrevido a tocar este impuesto en la factura de la luz. Tampoco la desaparición del impuesto especial de electricidad, del 5%, con el que el Estado recauda anualmente unos 1.500 millones, según cálculos oficiales. "Muchas veces se culpa a las empresas energéticas, pero en este caso, es una responsabilidad del Gobierno. Las energéticas estarían encantadas de no pagar. Todas las administraciones se llevan gran parte de la factura eléctrica en impuestos, además de 11.000 millones de €/año en cargos", explica Joaquín Giráldez, de INGEBAU.
Solo durante su periodo en funciones, la ministra para la Transición Ecológica (@mitecogob), Teresa Ribera, mencionó en 2018 que "la posibilidad de contar con un IVA reducido para según y qué consumidores" formaba parte de los "elementos que estamos estudiando junto con el Ministerio de Hacienda", aseguraba. Pero posteriormente, su gabinete matizó que se refería al estudio de una serie de medidas de fiscalidad dirigidas a todos aquellos colectivos que impulsen la transición energética, como los colectivos de autoconsumo. El fantasma que sobrevolaba además era el del déficit de tarifa, –la diferencia entre lo que las eléctricas cobran por suministrar la electricidad y lo que los consumidores pagan por la misma –y que vivió España entre 2007-2013.
De hecho, el impuesto a la generación eléctrica se introdujo en 2012 para cubrir un déficit de tarifa que ascendió a 3.540 millones de euros en 2013, según la CNMC y que provocó la reforma del sector eléctrico. En 2018, Ribera aprovechó la holgura del presupuesto para abaratar la luz, suspendiendo durante seis meses –período que expiró a finales de marzo– los impuestos a la generación eléctrica que pagan las compañías eléctricas por producir energía y que indirectamente repercuten en los precios de mercado. Esta medida también supuso un fomento a la generación de renovables.
Disminuir costes fijos
Pero no solo con disminuir el IVA un 10% sería suficiente para que los consumidores pagasen menos. Los expertos también proponen "eliminar la tasa municipal y el impuestos eléctrico que pagan las comercializadoras, que al final acaban repercutiendo en el precio final que paga el cliente", explica Joaquín Giráldez de INGEBAU, además de disminuir los costes fijos del sistema. "Estos últimos ascienden a unos 17.000 M€/año y se financian de los peajes de consumidores y otros pagos. Si eliminamos ciertos conceptos de los costes del sistema como pagos por capacidad, interrumpibilidad y sacamos otros costes y los llevamos a los Presupuestos Generales del Estado como las compensaciones extra peninsulares, amortización de deuda eléctrica y las primas a renovables nos quedamos con unos costes de sistema de 7.000 M€", explica Giráldez.
"Si para financiar 17.000 millones € necesitamos pagar unos costes regulados de 376,83 €/año, para financiar 7.000 millones € necesitaremos pagar unos 155,16€. Y es que los costes regulados suponen más del 44% de la factura, repartidos en el término variable (56%) y el fijo (44%). Esto se debe a que en España la mayor parte de los costes del sistema eléctrico –transporte, distribución, deuda, primas a las renovables- se carga sobre la parte fija del recibo. Introduciendo estos cambios, la consultora INGEBAU ha hecho una simulación de cómo afectarían a una factura doméstica estándar en tarifa PVPC con un consumo de 4 MWh y una potencia contratada de 4,4 kW. Los recortes solicitados por las asociaciones de consumidores harían que la factura pasase de 845, 81€ de hogar medio al año a 554,40€ por hogar, es decir, un ahorro cercano al 35%.
Antes de los cambios:
Después de los cambios:
Fuente: INGEBAU
España uno de los países con la luz más cara de Europa
España se mantiene como quinto país con la luz más cara de la UE (impuestos incluidos) para el consumo doméstico, según Eurostat. La lista está liderada por Alemania, Bélgica, Dinamarca e Irlanda y a España le siguen Italia, Chipre y Portugal, que se espera que mejore su posición. Si se tiene en cuenta el poder adquisitivo de cada país, España se mantiene como el tercero más caro, tras Alemania y Rumanía y por delante de Portugal (cuarto). Aunque los precios han bajado en los últimos meses, los hogares españoles han soportado la mayor subida de la luz en Europa en la última década: de un 66,8% entre 2008 y 2018, frente al 28,2% registrado de media en la UE, muy por encima del alza soportada por los domésticos en Portugal en esos diez años (50,9%), según la agencia europea de reguladores energéticos (ACER).
Sin embargo, aunque bajar los impuestos, y en particular el IVA a la luz, pudiera ayudar a que los consumidores pagaran un precio más bajo -si el Gobierno decidiera rebajar el IVA al 6% como se ha hecho en Portugal, los españoles podrían llegar a observar una reducción del 12% en la factura, unos 7,5 euros por recibo bimestral-. Por tanto, si se quiere que los consumidores paguen menos, las bajadas de impuestos deberían ir de la mano de otras medidas que busquen rebajar el precio básico de la luz, como reducir la parte fija del recibo, la más alta de Europa –más del 40%, frente al 28% de Italia antes de impuestos–, según denuncia UNEF (@UNEFotovoltaica) , quien reclama una vuelta al sistema anterior a la reforma eléctrica del PP. Tal como explica su director, José Donoso, "lo que hacen otros países europeos es que esa parte fija (de los costes) la introducen proporcionalmente dentro del precio variable, y así quien más consume más paga. Y esto incentiva el ahorro, mientras que en España es mucho más complejo".