PDF: Borrador de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024
El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto, hasta el próximo 13 de marzo, el periodo de consulta pública del borrador de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, que contempla un diagnóstico de la situación, establece una definición de pobreza energética y de consumidor vulnerable y objetivos de reducción a 2024.
Además, el documento realiza un diagnóstico de la situación en España, determina ejes de actuación y fija objetivos de reducción de este problema social que afecta a entre 3,5 y 8 millones de personas en el país, según el indicador que se analice, señaló el Ministerio en un comunicado.
El documento definitivo, para el que se tendrán en cuenta las aportaciones que se realicen durante este periodo de consulta pública, deberá ser aprobado en Consejo de Ministros.
La estrategia, que se construye con un enfoque integral, con medidas paliativas y estructurales, y con actuaciones a corto, medio y largo plazo, parte de la necesidad de mantener y mejorar los sistemas prestacionales, compuestos en la actualidad por los bonos sociales de electricidad y térmico, que se conciben como "instrumentos de transición" que dejarán paulatinamente mayor protagonismo a "medidas estructurales que busquen afrontar el problema de raíz y a largo plazo".
Así, el documento define la pobreza energética como "la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y/o de una vivienda ineficiente en energía".
También enumera manifestaciones de esta pobreza, como son la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar, el retraso en el pago de las facturas, un gasto energético excesivamente bajo o un gasto en suministros energéticos desproporcionado sobre el nivel de ingresos, conforme a los indicadores oficiales del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (EPOV). Asimismo, analiza las implicaciones de este fenómeno sobre la salud, el desarrollo personal, social y de igualdad de oportunidades.
La definición de consumidor vulnerable, por su parte, se concreta en aquel "consumidor de energía eléctrica o de usos térmicos que se encuentra en situación de pobreza energética y cumple con las condiciones para percibir las medidas de apoyo establecidas por las administraciones".
Objetivos
Mientras, el documento plantea objetivos de reducción en el periodo 2019-2024 que permiten evaluar el grado de efectividad y eficiencia de las políticas públicas, que van desde mejorar el valor más bajo de la serie 2008-2017 en los indicadores utilizados, hasta la mejora de la media de la UE.
El marco de actuación de la Estrategia se organiza en torno a cuatro ejes. En el primero de ellos, se establecen medidas para mejorar el conocimiento sobre la pobreza energética a través de la puesta en marcha de un sistema robusto que permite el cálculo periódico de los indicadores de pobreza energética, mientras que el segundo está dedicado a mejorar la respuesta frente a esta situación, a través del análisis de los actuales bono social eléctrico y térmico e, incluso, articulando respuestas extraordinarias para situaciones meteorológicas extremas como la prohibición del corte de suministro.
El tercer eje se centra en el impulso de cambios estructurales para reducir la pobreza energética a partir del análisis de las características del parque de viviendas edificado y el cuarto plantea medidas de protección a los consumidores y conciencia social.
El marco temporal de aplicación de la Estrategia será de cinco años, en el periodo 2019-2014, y para su ejecución se prevé el desarrollo de planes operativos. Se designa al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) como órgano encargado del seguimiento de esta estrategia, que estará regida por los principios de cooperación interadministrativa y la alineación de acciones.
En la elaboración de este borrador se ha contado con las comunidades autónomas, las entidades locales, así como numerosos agentes y colectivos sociales. También se realizó una consulta pública previa a la elaboración del borrador recibiéndose alrededor de 100 aportaciones.
