El delivery ha vivido una explosión sin precedentes por los confinamientos y restricciones impuestas con motivo de la pandemia. La COVID-19 ha disparado el crecimiento en España de este negocio, que parece consolidarse. Ahora que las restricciones se van relajando, el número de pedidos se mantiene. Por el momento.
Con el objetivo de regularizar a los repartidores de las plataformas digitales, esos riders que nos traen los pedidos cuando encargamos comida a domicilio, que dejarán de ser falsos autónomos y pasarán a ser asalariados, el gobierno ha aprobado la conocida como ‘Ley Rider’. Se trata de una ley polémica que parece no haber contentado casi a nadie, ni a las plataformas, ni a los propios riders y que suscita bastantes dudas a los consumidores: ¿puede afectar al servicio? Y, sobre todo, ¿subirán los precios? Sin duda alguna, los costes de las empresas van a ser mayores, por lo que cabe esperar que sí, la comida a domicilio, muy pronto, nos salga más cara.
Aún no se sabe qué paso darán las compañías. Tienen varias opciones: contratar ellas mismas a los trabajadores, es decir, meter en plantilla a los repartidores; subcontratarlos a través de empresas de trabajo temporal o flotas de transporte; o dejar en manos de cada restaurante la responsabilidad de contratarlos y limitar sus servicios a la gestión de los pedidos, no al envío, lo que no parece muy probable. Quizá puede ser viable en caso de grandes cadenas de alimentación, pero no en el de pequeños restaurantes.
Pero independiente del modelo por el que opten finalmente, tanto si contratan ellas mismas a los repartidores, como si recurren a empresas de trabajo temporal, los costes serán más elevados.
Plataformas como Glovo o Deliveroo ya han dicho que su continuidad en España no está en cuestión a pesar de la aprobación de la ley. Sin embargo, hay muchas dudas que no han despejado. ¿Cabe esperar que el sobrecoste que tendrá para las empresas la nueva ley rider lo resten de sus márgenes? Dice el refrán ‘piensa mal y acertarás’, y los consumidores, en efecto, se temen lo peor.
Todo apunta a que sí, a que subirán los precios. La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) ha elabora un análisis del impacto económico de esta ley. El informe se basa en el caso de Ginbra, en Suiza, donde, desde el pasado 1 de septiembre se aplica una norma similar. No se permite a los trabajadores autónomos operar a través de plataformas de reparto de comida a domicilio. Ahora los repartidores están contratados por flotas de transporte. Y sí, allí los precios de la comida a domicilio ha subido.
Saber cuánto podrían subir los precios es complicado, puesto que cada compañía trabaja de una forma. Hay expertos que sitúan el incremento en uno o dos euros por cada envío, pero podría ser más.
El incremento en los precios no es la única consecuencia de esta ley. Tal y como apunta el estudio de Adigital, de los 30.000 repartidores que actualmente operan como autónomos a través de plataformas de delivery en España, entre un 50% y un 76% (entre 15.000 y 23.000) perderían su fuente de ingresos a causa de la desaparición del servicio en ciudades de menos de 100.000 habitantes y la reducción de horarios en el resto de ciudades. Las ETT solo contratarían personal en las franjas de mayor demanda, una cuestión clave en un sector como el del “delivery”, donde existen horas punta y horas valle en función de los pedidos.
En Ginebra los pedidos cayeron una media del 30% por el efecto combinado de varios factores: falta de repartidores disponibles, incremento de precios y empeoramiento del servicio.
La nueva Ley Rider parece no haber dejado satisfecho a nadie. No gusta a las principales compañías del sector, como Deliveroo, Glovo o Ubereats. Just Eat es la única compañía a favor de esta ley porque no trabaja con autónomos, sino con un modelo mixto que combina trabajadores propios con empresas de trabajo temporal.
Pero tampoco gusta a los repartidores. Los que más la han criticado son los grupos de repartidores pro-autónomos, que llevan semanas movilizándose por toda España. La Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) y Repartidores Unidos cuestionan los beneficios del nuevo modelo y consideran que aunque se conviertan en asalariados, seguirán siendo precarios. Pero la nueva norma tampoco gusta a los grupos de repartidores anti-autónomos, como ‘Riders x Derechos’, que ven insuficiente la ley.
Sea como sea, las plataformas tienen de plazo hasta el 12 de agosto para que sus repartidores dejen de ser falsos autónomos y sean asalariados.
