El "parche temporal" de Sánchez para bajar la factura de la luz: "insuficiente", según los expertos

Las 8 medidas para rebajar el precio de la luz

Por qué el precio de la luz no para de subir

 

"Parches", "menos es nada", "nos sorprende en positivo, pero habrá que tomar medidas más profundas...". Así se podría resumir la reacción de expertos, sindicatos y asociaciones de consumidores ante el nuevo 'plan de choque' para abaratar la factura de la luz aprobado este martes en Consejo de Ministros compuesto por ocho medidas clave. En concreto, el Ejecutivo ha dado luz verde a varias reducciones fiscales entre las que destaca el impuesto a la electricidad reducido al 0,5% hasta marzo, recortes de los beneficios extra de las eléctricas y una mayor protección a los consumidores vulnerables a través de un suministro mínimo vital, que junto con las medidas ya puestas en marcha por el Gobierno este año como la bajada del IVA, podrían rebajar la factura una media del 30% mensual hasta final de año, según fuentes gubernamentales. Un objetivo que se torna difícil, según los expertos, viendo la coyuntura imparable de precios que este miércoles se situará por encima de los 170 euros el megavatio/hora (MWh).

Una de las medidas que más ha sorprendido es que las eléctricas tendrán que devolver 2.600 millones de euros hasta marzo para abaratar el recibo de la luz, un anuncio que ya anticipó el presidente Pedro Sánchez este lunes y que ha sido aplaudido por las asociaciones de consumidores, aunque señalan que podría ser más ambicioso. "Lo de reducir los beneficios extraordinarios nos parece acertado", señalan desde la OCU (@consumidores). También se redirigirán hacia los consumidores estos beneficios y se "topará" el recibo del gas a través de la revisión de la tarifa regulada o PVPC hasta marzo. Además, destaca la prórroga de la suspensión hasta final de año del impuesto del 7% a la producción eléctrica. Sin embargo, los expertos coinciden en que será "complicado" cumplir con la promesa de que la factura de la luz este año esté al mismo nivel que en 2018, es decir 600 euros anuales y sobre todo critican que sean medidas temporales, la mayoría para los próximos seis meses.

Exigen medidas más profundas a largo plazo

En concreto Pablo Sanz, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Pontificia de Comillas/ICADE (@UCOMILLAS) considera que las medidas anunciadas son "efectistas" a corto plazo para ir reduciendo la factura en las próximas semanas "o como mucho dos meses", pero que serán necesarias otras a largo plazo que afecten a la fijación de precios en el mercado mayorista y analizar las posibilidades de un mayor control del oligopolio eléctrico por organismos reguladores. "Me parecen medidas positivas a corto plazo, pero si el mercado sigue con estos récords diarios, la situación puede llegar a ser insostenible", señala. En este sentido, muestra su preocupación porque no solo tengan problemas para pagar la factura de luz los consumidores vulnerables, sino el grueso de la población. 

En este sentido, el sindicato UGT (@UGT_Comunica) reclama al Ejecutivo y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que aceleren la toma de medidas eficaces, ambiciosas y suficientes que reduzcan realmente el precio de la electricidad y aliviar así la situación de los hogares, especialmente los más vulnerables. Para el sindicato, también es imprescindible acometer una reforma fiscal de la energía y cree que se debe eliminar por ejemplo, el impuesto eléctrico, un impuesto anacrónico que tuvo su origen en las ayudas al carbón y que, a pesar de que hace tiempo desapareció su "primitiva" función, se ha convertido en una forma fácil de recaudación a través de la factura.

¿Cuánto supondrán de ahorro en la factura?

Desde el Gobierno defienden que las medidas adoptadas supondrán una rebaja de la factura de un consumidor medio de un 22% al mes hasta final de año, que, con la rebaja del IVA aprobada el pasado junio y la supresión temporal del impuesto de generación, se amplía al 30%. Sin embargo, el INE estima que la factura interanual ya habría subido un 34,9% en agosto, por lo que el plan podría quedarse corto. "Los cálculos del Gobierno son demasiado optimistas", opina Daniel Álvarez, técnico de Economía doméstica y experto en el consumo de la Fundación Isadora Duncan (@isadoraduncan). "Serán facturas más económicas, pero tampoco es esperable que bajen más del 20%, a menos que se articule algún mecanismo para mantener el precio sobre los 60 euros/MWh", añade.

Medida por medida, la asociación de consumidores FACUA (@facua) critica que la bajada coyuntural del impuesto especial sobre la electricidad del 5,1% al 0,5%, tan solo amortiguaría en 4,75 euros el incremento de la factura del usuario medio. Con los datos de las dos primeras semanas de septiembre, representaría 103,42 euros en lugar de los 108,17 que se abonarían con el impuesto vigente hasta la fecha, según cálculos de la asociación. Tomando como referencia las tarifas de los primeros 14 días del mes, el recibo del usuario medio se encarecería en 41,39 euros con respecto a septiembre de 2020. Además, ve necesario modificar de forma permanente, y no temporal, la reducción del IVA del 21% al 10%.

El problema del bono social

Respecto a la vertiente social, el decreto del Gobierno crea un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables con Bono Social Eléctrico que permitirá extender durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes la prohibición de interrumpir el servicio por impago, garantizando una potencia mínima de 3,5 kW durante ese periodo. Una medidas valorada por las asociaciones de consumidores, que reclaman no obstante un nuevo modelo de bono social eléctrico con descuentos del hasta el 50% en el recibo de la que se puedan beneficiar las familias que cobren no más de 2 salarios mínimos, que aumentarían hasta 3 en función del número y características de sus miembros, como propone FACUA. 

Para UGT, el bono social eléctrico y térmico, tal y como está regulado actualmente, no llega a todas las personas que lo necesitan y considera que se debe modificar para que las familias puedan afrontar los gastos. Por último, el sindicato considera fundamental la creación de una empresa pública de la energía que regule un sistema de precios justos y sostenibles. Además, ve necesario el impulso de una estrategia de lucha contra la pobreza energética más amplia, así como un plan de vivienda, que renueve viviendas y edificios, para incrementar la eficiencia energética; y un nuevo modelo energético más sostenible, justo, equitativo, democrático y ciudadano.

El Gobierno deja sin tocar peajes y cargos

A la espera de ver cómo afectarán realmente estas medidas en la próxima factura y pendientes de si las eléctricas, las más tocadas por estas medidas, reaccionarán con alguna medida judicial, los expertos señalan que el plan de choque, aún se ha dejado fuera una parte importante del recibo de la luz como son los peajes y cargos. No hay que olvidar que el coste de la energía es solo una parte de la factura, que también se compone de peajes e impuestos, que suponen un 35% de la factura. "Trasladar parte de los costes recogidos en los cargos y peajes a los Presupuestos Generales de Estado, liberaría de una carga muy importante a la factura de los hogares". 

También piden que se tenga en cuenta la progresividad fiscal, "sería una de las medidas más efectivas" opina Daniel Álvarez. Un punto con el que coincide Pablo Sanz, quien también aboga por fijar un consumo mínimo protegido para todos. Sin embargo, valoran por encima de todo, el positivo paso de topar el gas, sobre todo con los incrementos de precios de los últimos meses y ante el otoño e invierno a la vuelta de la esquina. Pero llaman a no olvidar que se trata de "parches temporales" para tener un efecto inmediato en la factura, pero que habrá que seguir vigilando de cerca el resto de los componentes del mercado eléctrico.