La Asociación Española de Consumidores y la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad 'Cota Cero' piden la eliminación del IVA para sillas de ruedas y productos ortoprotésicos. "Sería una medida de importante calado social que en la actualidad penaliza injustamente a los consumidores con discapacidad", han defendido.
En un comunicado, ambas asociaciones ha apuntado que, "en momentos como los actuales, de complicaciones económicas importantes para los consumidores", se están adoptando diversas medidas de carácter fiscal que vienen a paliar los incrementos "desorbitados" de los precios en sectores como la alimentación o la electricidad.
"Esta situación de dificultades se agrava cuando en una familia alguno de sus miembros tiene algún tipo de discapacidad que le obliga, por ejemplo y entre otras cosas, a tener una silla de ruedas", han advertido.
En este contexto, han señalado que la legislación fiscal actual regula que las sillas de ruedas, para uso exclusivo para personas con discapacidad, tienen un IVA reducido del 4%, mientras que los accesorios, recambios y piezas de repuesto de estas sillas tributan al 21%, igual que el alquiler de una silla de ruedas.
Esto, según denuncian, representa un "claro perjuicio" económico para personas que "necesitan todo tipo de apoyo económico para el desempeño de sus vidas". Por ello, solicitan que en los próximos paquetes de medidas económicas que se revisarían en el mes de septiembre se incluya el IVA a tipo cero para estos productos "con el fin de compensar el sobre coste que sufren en sus vidas las personas con discapacidad".
"Es necesario prestar todo el apoyo social, pero también económico para estas personas que son consumidores y que en su mayoría presentan un mayor grado de vulnerabilidad en el ámbito del Consumo. Por ello pedimos cierta justicia fiscal en artículos que no son lujos, ni caprichos, sino herramientas necesarias en sus vidas", ha afirmado Miguel A. Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores.
Por su parte, el presidente de 'Cota Cero', Javier García, ha añadido que "es de justicia social contribuir, en positivo, a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y paliar, en lo posible, el sobre coste que esta implica en los propios afectados y en sus familias".
