Un 10 por ciento de la población española, aproximadamente 4,6 millones de personas, siguen sin poder calentar suficientemente su casa durante los meses más fríos por falta de recursos. Esta es una de las conclusiones del número especial de la publicación Papeles de Energía, editado por Funcas en colaboración con la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas sobre pobreza energética en España y en Europa.
Esta situación afecta especialmente a los mayores. Recientemente el sindicato CCOO apuntaba que un 47,5% de la población mayor de 65 años dice tener dificultades para llegar a fin de mes, y que muchas de las carencias materiales están relacionadas con la vivienda y con los servicios básicos, tales como luz, agua o calefacción entre otros, la llamada pobreza energética.
Entre los autores que participan este número de Papeles de Energía se encuentra Sergio Tirado, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Asociación de Ciencias Ambientales, que analiza los indicadores de pobreza energética del Observatorio Energético de la Unión Europea basados en la Encuesta de Condiciones de Vida y en la Encuesta de Presupuestos Familiares.
Las cifras muestran que existe un número elevado de hogares en situación de pobreza energética, pero con diferencias muy significativas entre territorios. A nivel europeo, en los países del Este hasta el 67% de la población está en riesgo de pobreza energética, lo que contrasta con los países nórdicos, donde los indicadores se reducen hasta el 1,4%.
En España, el autor destaca el hecho de que, desde 2014, el porcentaje de personas que declara una temperatura inadecuada de la vivienda durante los meses fríos supera la media de la UE-28 (9,5%). Esta cifra se mantiene desde 2014 por encima del 10% de la población (unos 4,6 millones de personas) frente al mínimo del 6% en 2008.
El artículo indica que, con excepción de algunos estados con cifras excepcionalmente bajas de pobreza energética –como los Países Bajos y Dinamarca–, el acceso a unos niveles mínimos de servicios domésticos de la energía dista de estar garantizado en la Unión Europea. Incluso con el marco regulatorio e institucional actual se está lejos de una situación óptima desde el punto de vista de la protección de los derechos de los hogares considerados por legislaciones europeas y nacionales como vulnerables.
Por su parte, Elena Escribano y Pedro Cabrera, investigadores de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas, plantean en su artículo una estrategia de renovación del trabajo social para atajar el problema de la pobreza energética basada en la innovación social y en la incorporación de valores de sostenibilidad social y ambiental.
Los autores analizan los riesgos y oportunidades del enfoque actual de la intervención social señalando el peligro de pasar de un discurso de erradicación de la pobreza, como situación de injusticia social padecida por ciudadanos, a otro de protección de la vulnerabilidad energética de consumidores vulnerables.
Entre las oportunidades, uno de los beneficios potenciales más claros es la posibilidad de desarrollo de especialidades de Trabajo Social que en España no tienen hoy mucho peso. Es el caso del Trabajo Social Empresarial, que podría jugar un papel importante en beneficio de los ciudadanos vulnerables, clientes de las empresas energéticas.
