Varias entidades sociales ligadas a la lucha contra la pobreza energética como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (@NuModEnergetico) o Ecologistas en Acción (@ecologistas) han presentado este jueves un manifiesto para exigir al Gobierno central y a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el fin de los cortes de suministros y la implementación de una serie de medidas para garantizar la protección de todas las familias en situación de vulnerabilidad. Exigen así al Ejecutivo de Pedro Sánchez tres mecanismos efectivos para evitar cualquier interrupción de suministro de agua, luz y gas en hogares vulnerables. El asunto ha protagonizado la polémica esta semana entre los miembros del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, que mantienen diferentes posturas al respecto.
En la rueda de prensa realizada en el exterior del Congreso, y "ante los reiterados anuncios del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir los desahucios y garantizar los suministros a las familias en situación de vulnerabilidad", las portavoces de los movimientos ciudadanos han presentado tres medidas de urgencia, que protegerían al conjunto de familias que sufren la pobreza energética y el riesgo de corte:
- La aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto-ley que vuelva a proteger a miles de familias que a estas alturas puedan sufrir un corte de agua, electricidad o gas. Por ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encabezado por Teresa Ribera, ha de impulsar cuando antes del establecimiento del principio de precaución, Una herramienta que obligue a las compañías suministradoras a consultar con los Servicios Sociales competentes la situación de cualquier familia afectada por un aviso de corte y garantizar sus suministros en caso de que cumpla con unos baremos específicos de vulnerabilidad. Asimismo, las facturas impagadas que derivan de la aplicación de este mecanismo se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado en el 100% por las mismas compañías de todos los segmentos implicados.
- La promulgación de un periodo de carencia que evite cualquier interrupción de suministro en el ámbito doméstico, que tendrá como fecha límite la puesta en funcionamiento del principio de preocupación. Se trata de una medida excepcional y urgente si se quiere garantizar el acceso a energía y agua en invierno y en plena pandemia.
- La redefinición de la figura de consumidor vulnerable, que abarque los suministros de agua y gas natural conjuntamente al de la electricidad, y que pueda ampliarse a los actuales requisitos de acceso en cuanto al nivel de renta se refiere, dado que los mismos no se ajustan a la realidad social de la ciudadanía española y excluyen a una gran cantidad de familias de la protección frente al corte.
Asimismo, se ha incidido en que el derecho a una vida digna conlleva el reconocimiento de los derechos humanos a la vivienda, la salud, el agua potable y el saneamiento. Por tanto, la exigencia de prohibición de cortes de suministro debe, necesariamente, abastecer el agua, la electricidad y el gas, así como los desahucios. Se calcula que sólo entre octubre y noviembre, una vez levantada la moratoria aprobada en marzo, se han producido hasta 30.000 cortes de suministro en todo el Estado.
"A pesar de las buenas intenciones, en el pasado se ha visto como la mayoría de medidas aprobadas finalmente son insuficientes para que no lleguen al conjunto de familias afectadas, bien porque no incluyen los suministros de agua o gas, para que circunscriben la protección exclusivamente a las beneficiarios del bono social eléctrico o porque no consideran la complejidad de los colectivos que sufren pobreza energética (titularidad del suministro, desconocimiento de los mecanismos de protección, trampas de las compañías, etc.)", señalan desde la Alianza contra la Pobreza Energética.
El manifiesto con las medidas ha sido promovido por Agua es Vida, la Alianza contra la Pobreza Energética (@APE_Cat), la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Ecologistas en Acción, Ingeniería sin Fronteras, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Red Agua pública (RAP). Asimismo, tiene el apoyo de los siguientes grupos políticos con representación parlamentaria: Unidas Podemos, Izquierda Republicana de Cataluña-Sobiranistas, Juntos por Cataluña-Juntos, En Común Podemos-Ganamos el Cambio, Euskal Herria Bildu, Más País-Equo, CUP-Por la ruptura, Nueva Canarias-Coalición Canaria, Bloque Nacionalista Galego y más Compromiso.
