La bajada del 13% de la luz que planea el Gobierno y que seguramente no notarás en tu bolsillo

El Gobierno ha anunciado esta semana un cambio en el sistema eléctrico a través de la creación de un nuevo fondo de sostenibilidad que afectará principalmente a las empresas energéticas, pero también podría tener efectos en el bolsillo de los consumidores. El Ejecutivo pretende sacar del recibo de la luz los costes fijos asociados a las renovables con el objetivo de rebajar la factura doméstica al menos un 13% en los próximos cinco años. Lo hará con la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) a través de un Anteproyecto de Ley admitido a trámite este martes en el Consejo de Ministros en la que estos costes se trasladarán a las empresas del sector. Pero, ¿se producirá realmente esta bajada en la factura final? La respuesta, según los expertos es que depende de cómo se aplique este recorte por parte de las energéticas y en cualquier caso se verá en los próximos cinco años tras su aprobación. 

Este proyecto establece que el coste de financiación del régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE), que ascienden a unos 7.000 millones de euros al año, dejará de formar parte del recibo de la luz y pasará a estar costeado por las aportaciones de todas las empresas suministradoras de energía (comercializadoras de electricidad, gasistas y petroleras) en función de sus ventas. Hasta ahora, esta cantidad suponía aproximadamente el 16% de la factura de la luz doméstica y era asumido por los consumidores, tanto hogares como empresas. El efecto se empezaría a notar desde el primer trimestre posterior a la entrada en vigor del fondo, según defienden fuentes del Ministerio de Transición Ecológica (@mitecogob) consultadas por 65Ymás.

"Buenas intenciones, pero el precio dependerá de las comercializadoras"

Los expertos ven con buenos ojos "la intención" del Gobierno de aliviar la carga en el consumidor en momentos como los actuales, pero llaman a estar alerta. "La factura eléctrica tiene unos costes fijos muy altos, en parte debido a las primas a las energías renovables, por lo que la medida, si efectivamente se cumple con la estimación prevista, ayudará al consumidor eléctrico, porque ese coste pasará a ser sufragado por las empresas comercializadoras de energía", señala Pablo Sanz, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Pontificia de Comillas/ICADE (@UCOMILLAS). "La creación del fondo trata de hacer que la transición energética no recaiga tanto en el bolsillo del consumidor eléctrico sino en el sector de la energía, y no sólo en las eléctricas, sino en las petroleras y gasistas", aclara Sanz. Pero invita a vigilar cómo se materializa el anteproyecto. "Es posible que el precio final no cambie y la estimación del Gobierno, que además es a 5 años, no se cumpla", vaticina.

Por esta razón el experto llama a atender a la estructura del mercado energético español y al volumen de ventas de cada sector (electricidad, petróleo y gas), para hacerse una idea de las consecuencias potenciales de esta medida. "El problema detrás del Fondo anunciado es si el coste fijo lo asumirán las empresas (poco probable) o decidirán trasladarlo a los consumidores a través de cargos por otros servicios. En consecuencia, aunque la factura de la luz pueda bajar un poco, o no subir tanto como lo previsto, todo apunta a que las empresas energéticas podrían fácilmente repercutir este coste de otra manera, principalmente el sector petrolero y gasista, que son las grandes perjudicadas de esta medida" señala. "Es posible que acaben aumentando el precio de la gasolina", señala Sanz, quien recuerda que en la ininteligible factura de la luz hay otros costes que se podrían reducir como los impuestos. "El precio que hemos estado pagando estos años era totalmente artificial", recalca.

El Ministerio defiende que evitaría una subida del 10% en el precio

La ministra Teresa Ribera ha señalado que la creación del fondo de sostenibilidad tiene el triple objetivo de "evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras de electrificación de la economía y aportar la certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema que permitir la movilización de las inversiones necesarias en los próximos años". Según el Ministerio, si no se modifica el sistema actual, la Ley en vigor obliga a ajustar al alza de manera automática la parte regulada del recibo de la luz que en noviembre ha sido el más caro en lo que va de 2020, con un gasto medio de 68,50 euros por hogar, según la asociación de consumidores FACUA (@facua). 

Con las previsiones actuales, esto supondría un incremento de entre un 10% y un 15% de la parte regulada de la factura, lo que conllevaría una subida media de la factura de entorno al 6,5% anual, calcula el Ministerio. Así, con la creación de este fondo, el Gobierno busca equilibrar el sistema sin aumentar los cargos fijos ni elevar su endeudamiento, al tiempo que anticipa respuestas para dar seguridad a las inversiones en el ámbito de las energías renovables. Entre las incógnitas también queda en el aire cómo se producirá la adaptación de estos costes en la tarifa PVPC, bajo el que se solicita el bono social para los consumidores con menos ingresos.

¿Qué pasará con los consumidores vulnerables?

El Ministerio de Transición Energética defiende que en el contexto de la pandemia actual el impacto del nuevo sistema propuesto será socialmente progresivo: beneficiará especialmente a los hogares más vulnerables y expuestos a la pobreza energética, que son los que habitualmente tienen un consumo más elevado de electricidad en proporción a su renta y sus consumos energéticos, por lo que la bajada del precio de la luz les beneficiará en mayor proporción. "Es posible que esta medida reduzca el umbral para acceder al bono social eléctrico, que ha marcado máximos durante la pandemia, pero habrá que esperar a ver el plan con más detalle", indica Pablo Sanz.

Según el Gobierno, la reducción de los costes fijos en el recibo eléctrico se verá complementada con otras medidas para combatir la pobreza energética, como el bono multienergético que ultima el Gobierno en aplicación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, que busca dar cobertura a los distintos consumos energéticos a los que se enfrentan las familias vulnerables. Sin embargo, PSOE y Unidas Podemos han mostrado diferencias en los últimos días sobre la necesidad de prohibir los cortes de suministro a los que no pueden pagar la factura, que defienden las asociaciones como la Alianza contra la Pobreza Energética (@APE_Cat).

La patronal eléctrica, a favor del cambio

Por su parte, sorprende que la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (@aelec_es) –de la que forman parte Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Viesgo–, ha valorado positivamente el inicio de la tramitación del anteproyecto, un sector que suele ser reacio a los cambios normativos. "Esta propuesta da coherencia al proceso de descarbonización y supone un impulso al proceso de transición energética", señalan desde Aelec. Uno de los aspectos señalados reiteradamente desde el sector eléctrico ha sido "la falta de coherencia al repercutir en exclusiva sobre el consumidor eléctrico los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero" y celebra que el coste se comparta también con otras empresas energéticas, como las petroleras y gasistas. 

"Al financiar a través de la factura eléctrica en exclusiva los sobrecostes de las renovables, la cogeneración y los residuos se ha estado penalizando al principal vector energético de la descarbonización: la electricidad", consideran. Con la foto fija actualmente existente basada en los volúmenes de venta, el sector que más debería contribuir a este fondo sería el petrolero, con el 43% (unos 3.000 millones de euros); seguido del eléctrico, con el 31% (algo más de 2.000 millones de euros), y el gasista, con el 25% (unos 1.700 millones de euros). No obstante, fuentes del Ministerio subrayaron que no se debe hacer un análisis en foto fija, ya que lo que se busca es "dar señales y los sectores van a responder a señales".