El recibo de la luz se dispara un 63% en febrero y hace temblar el bolsillo de los pensionistas

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El elevado precio de alimentos básicos de la cesta de la compra como patatas, naranjas, ajos... pero sobre todo la factura eléctrica, vuelve a ser un quebradero de cabeza para miles de consumidores pensionistas.  La subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) al 3% publicado el pasado jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya apuntaban que la factura de la luz había sido uno de los principales factores de este incremento. Unos datos, que todo apunta, no mejorarán ya que el recibo de la luz de febrero se ha disparado un 63% con respecto a hace un año y es ya el más caro desde 2022. 

Y es que pese a que no son el grupo con más riesgo de pobreza, el 17% de las personas mayores de 65 años se encuentran en una situación económica o social tan delicada, que cualquier contratiempo puede conducirles al precipicio de la pobreza o la marginación, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE.

¿Por qué se ha disparado la factura un 63%?

La subida se debe principalmente al incremento del precio en el mercado mayorista y el aumento de la tarifa tras la supresión de la reducción del IVA, de nuevo en el 21%. Así, el recibo de la luz de febrero de un usuario medio con la tarifa regulada –el denominado PVPC– ha ascendido este mes a unos 81,24 euros, lo que representa un incremento del 63% con respecto al mismo mes del año pasado, y supone la factura más cara desde finales de 2022.

Esta evolución de precios corresponde a un consumidor medio con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), distribuida en los diferentes periodos (punta, llano y valle). De este importe total correspondiente a febrero, 10,01 euros están relacionados con el término fijo y 52,84 euros con el variable, frente a los 32,94 euros de hace un año que representaba esta partida, debido al importante repunte registrado este mes en el mercado eléctrico. 

El impacto del regreso del IVA  y el resto de los impuestos

Donde se nota también un incremento importante es en la fiscalidad de la factura, después de que las medidas de contención adoptadas por la crisis de la guerra de Ucrania volvieran ya a partir de enero a su estado anterior. Así, 3,23 euros corresponden al impuesto eléctrico, mientras que el IVA y equivalente pasa a representar 14,1 euros, frente a los apenas 4,52 euros que suponían en el recibo de hace un año, según datos del comparador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Con respecto al pasado mes de enero, cuando ascendió a unos 79,01 euros, el recibo de la luz registra en este mes de febrero un incremento del 2,8%, a pesar de que cuenta con un menor número de días. Este aumento en la factura de la luz se debe tanto al incremento registrado en el precio mayorista de la electricidad en febrero como al aumento desde el pasado 1 de enero de la fiscalidad de la electricidad, principalmente con el retorno del IVA del 10% al 21% o la recuperación del impuesto eléctrico a un tipo del 5,11%.

Precio de la luz por encima de los 108 euros/mwh

Desde la plataforma Selectra asocian esta subida en la factura al regreso del IVA al 21%, la alta demanda eléctrica, debido a las bajas temperaturas y la escasa producción renovable. Todo ello unido a las cotizaciones al alza del gas y las emisiones de dióxido de carbono o CO2 y a los precios en el mercado mayorista o 'pool', cuya media ha regresado al umbral de los 100 euros/megavatio hora (MWh), lo que supone un 170% más que los 40 euros/MWh del mismo mes de 2024.

Estos dos últimos factores se encuentran relacionados entre sí, sobre todo si se tiene en cuenta el peso de los ciclos combinados, tecnología que emplea gas natural como materia prima para producir electricidad y que se considera de apoyo en momentos de alta demanda como pueda ser invierno. Estos ciclos juegan un papel dominante en la fijación de los precios de la luz, por su flexibilidad para acoplarse al sistema y garantizar, en última instancia, el suministro; pero dependen en un 75% del gas y en un 25% de la cotización de las emisiones de CO2.

Vulnerables sin acceso al bono social, por las "malas prácticas" de las comercializadoras

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha advertido de que la mayoría de consumidores vulnerables están fuera del mercado regulado eléctrico -el denominado PVPC- y, por tanto, no tienen derecho al bono social, debido a las malas prácticas comerciales. En su participación en el Congreso Anual de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), Groizard indicó que el Ministerio cuenta con los datos del seguimiento a los consumidores vulnerables que realiza el IDAE y que confirman esta realidad. "Y la mayoría de ellos es porque en algún momento, incluso durante la monitorización que les estábamos haciendo, recibieron una llamada que les prometía el oro y el moro y les prometía precios competitivos", dijo.

Para solicitar el bono social el consumidor debe cumplir los requisitos para ser considerado consumidor vulnerable, y que contrate o tenga contratado el PVPC. Así, Groizard lamentó que este hecho no se trata de "una cuestión teórica" y que el objetivo es ser capaces de "compatibilizar mecanismos de captación de clientes", alcanzando un "equilibrio que es delicado". Sin embargo, un reciente informe de EsadeEcPol y Oxfam Intermón señala que es necesario eliminar las barreras de acceso burocrático para la concesión del bono y reconsiderar los criterios de renta para asegurar que lo reciben las familias que realmente lo necesitan.

Nuevos descuentos del bono social desde el 1 de enero

Las ayudas al bono social, a las que pueden acceder pensionistas cumpliendo ciertos requisitos de renta, irán cambiando a lo largo de este año, como parte del plan de eliminar las ayudas extraordinarias motivadas por la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania. Sin embargo, no desaparecerán, sino que irán volviendo a sus niveles previos al conflicto. Desde el pasado 1 de enero de 2025, los consumidores vulnerables tienen un descuento del 50%. A partir del 1 de julio, será del 42,5% y el 1 de enero de 2026 se estabilizará en el reforzado 35%. Los consumidores vulnerables severos tendrán un descuento del 65% a partir del 1 de enero, del 57,5% desde el 1 de julio y se estabilizará en el reforzado 50% en enero de 2026.

Estos descuentos, originalmente fijados en el 25% y el 40%, se incrementaron hasta el 65% y el 80%, respectivamente, como parte de la respuesta integral del Gobierno, que incluyó, entre otras medidas, la denominada 'excepción Ibérica', que supuso un ahorro de 5.000 millones de euros en la factura de los consumidores. No obstante, lectores de 65YMÁS alertan de que el límite para acceder al bono social está congelado desde 2023, sin tener en cuenta cómo ha variado el IPC desde entonces.