El comercio de proximidad tiene un enorme poder como agente vertebrador y dinamizador de la vida social y de la economía de los entornos en los que se ubican, además de como soporte en el fomento del turismo. Por eso, tras los meses de enormes dificultades que ha vivido, el sector ha lanzado una petición de ayuda y ha presentado al Gobierno un conjunto de medidas para la recuperación post-covid de las tiendas de barrio.
El presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Pedro Campo ha reivindicado la importancia de proteger al comercio de proximidad frente a las grandes plataformas digitales. Para ello ha solicitado campañas de sensibilización orientadas al consumidor y planes de digitalización a medida, que complementen y protejan el modelo tradicional de comercio, basado en la venta física.
Desde COCEM, la Confederación del Comercio Especializdo de Madrid, su presidente, Armando Rodríguez, ha hecho referencia a los "meses de enorme dificultad" vividos, en los que "el comercio ha cumplido su función social, ya que el nexo que tenían los ciudadanos con la libertad limitada se ha visto canalizada a través de comercio de proximidad, de comercio del barrio". Así, ha destacado que "este comercio humaniza relaciones, genera empatía entre las ciudades y la ciudadanía, crea relaciones interpersonales, que forman un estilo de vida".
El presidente de la patronal del comercio ha presentado al Gobierno un conjunto de medidas orientadas a la recuperación del sector en “el día después”. Entre ellas, Campo ha señalado la necesidad de “establecer una moratoria legislativa que no añada más complejidad a la ya de por sí difícil gestión de las más de 3.000 normas europeas, nacionales, autonómicas y municipales que soportan en la actualidad los establecimientos de comercio en España, máxime en un periodo en el que está en juego la supervivencia de miles de comercios”.
En esta línea, y en cuanto a los costes normativos de naturaleza medioambiental, Campo ha reafirmado el “total compromiso del sector con la sostenibilidad”, pero ha reclamado “iniciativas eficientes y eficaces impulsadas por las administraciones dado el alto coste que suponen”. En este sentido, ha criticado el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) obligatorio para la gestión de envases, “por su incompatibilidad con el modelo de distribución comercial, especialmente el del pequeño comercio, y por su discutible impacto en términos de mejora de las tasas de reciclado”.
Poner coto al hurto multirreincidente a través de una modificación del código penal que castigue la multirreincidencia; suspender la limitación a 1.000 euros del pago en efectivo por el “ impacto negativo que podría tener sobre la economía en un momento como el actual” y el acceso prioritario al plan de vacunación frente al Covid19 a los profesionales de la cadena de valor del gran consumo, han sido otras de las medidas expuestas por Campo durante su comparecencia.
