¿Cuánto cuesta atender a una persona en una residencia?

El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (@cea_ps) y CECUA (@CECUAAndalucia) han presentado el informe El Precio Justo: lo que cuesta atender a una persona dependiente en un centro residencial. Como ya expusieron en el documento de 2019, desde la aprobación de la ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, las desigualdades territoriales se van incrementando con años, porque cada comunidad autónoma ha hecho una interpretación de la ley de forma diferente, creando situaciones injustas para las personas dependientes y sus familias. 

Esta situación se ha visto empeorada por la pandemia que comenzó en marzo de 2020, cuando los centros residenciales empezaron a sufrir las consecuencias del coronavirus, primero por la falta de materiales de protección, y después por la prevalencia de la COVID-19. El informe señala que no hay correlaciones que indiquen que el impacto de la pandemia ha sido mayor en unos centros que en otros por su tamaño, modelo de gestión, condiciones arquitectónicas o titularidad. Lo que sí destacan es que los responsables públicos están planteándose reformar las leyes vigentes, para mejorar la calidad residencial: incrementar los ratios de personal, los salarios, y avanzar en un modelo de atención centrada en la persona (ACP).

Aitor Pérez Artexe, socio director de Gerokon (@gerokon_empresa) cree que "no se puede mejorar el modelo manteniendo el déficit de financiación que arrastramos históricamente", explica en el informe que ha mandando junto con CEAPs. Dicho estudio quiere poner sobre la mesa algunos elementos que tienen que tenerse en cuenta a la hora de plantear las reformas. que afectan a las entidades privadas propietarias y gestoras de centros residenciales de España. 

"Se lo debemos a todas las personas dependientes y a sus familias. Hay que avanzar en la construcción de un sistema de atención eficaz y eficiente, que sea más homogéneo en todo el país, y tenga capacidad para satisfacer las necesidades de estas personas, que van evolucionando con el tiempo", asegura Pérez.

La atención residencial 

Las Comunidades Autónomas son las encargadas de gestionar la atención residencial a los mayores dependientes. Es decir, se encargar de regular, autorizar y controlar el sector, además de ser prestadoras en alguna ocasión y las compradoras de un volumen de plazas a la iniciativa privada. 

De esta manera se conforma una red de centros de cuya regulación se encarga cada comunidad. Los centros de la red son tanto públicos como privados, y en el caso de los primeros pueden ser gestionados por la administración o de forma privada. Aunque lo más habitual son centro de titularidad pública local. Según el informe, un 25,99% son de titularidad pública, y solo un 11,43% de gestión pública.

Al margen de la titularidad y de la entidad gestoria, los centros pueden tener plazas públicas (cuando la administración pública financia parte del coste) y privadas (la persona privada abona la totalidad del coste). El informe señala que las personas que solicitan las plazas privadas es porque han sido excluídas del sistema de atención a la dependencia (SAAD) por criterios de renta o salud.

Por su parte, la compra de plazas públicas a las entidades privadas se realiza a través de la concertación con operadores privados o mediante prestaciones económicas vinculadas al servicio que se conceden a las personas dependientes (PEVPS).

Centros autorizados vs centros no acreditados

La ley establece que  los centros residenciales tienen que estar acreditados para poder atender a personas dependientes. De esta manera podemos encontrar dos tipos de centros:

• Los centros autorizados que cumplen con la normativa de autorización y funcionamiento vigente.
• Los centros autorizados no acreditados donde pueden atender a personas dependientes que no contasen con financiación pública.

En este sentido, el informe hace referencia a las acreditaciones encubiertas, es decir, la exigencia a los centros de titularidad privada de cumplir con más requisitos si quieren que la administración concierte plazas públicas o admita a personas con PEVS. Esta acreditación es difícil de entender porque en las comunidades, los requerimientos se establecen en función de quién paga la plaza, y no de las necesidades de la persona dependiente. 

También es importante señalar que independientemente de la titularidad, la persona usuaria tendrá que abonar una parte del coste. El denominado copago se estima en función de los ingresos y el patrimonio de la persona dependiente. Para las personas que viven solas suele ser un 85% de sus ingresos anuales totales. En el caso de las plazas residencias públicas no se saben los datos exactos, pero suele ser inferior al 40% del precio público.

Los requerimientos

Cada Comunidad Autónoma se encarga de regular los requisitos mínimos que tienen que cumplir los centros, que son arquitectónicos, de servicios y de personal. Cuando existe acreditación, se tienen que cumplir otros requisitos sobre todo en material de personal.

El informe ha analizado a las 19 administraciones competentes en España, las 16 comunidades autónomas y los tres territorios históricos vascos, y ha determinado que en 11 de ellos existe un marco específico de Concertación que contempla requerimientos añadidos. Además se han dado cuenta de que no existe un criterio uniforme a la hora de definir estos perfiles. Por eso, Alejandro Gómez Ordoki, consultor social ha analizado todos los marcos normativos del Estado y ha realizado un análisis comparativo. 

Centrándose en la atención residencial, el informe hace referencia también a la cobertura de las necesidades de las personas dependientes. Para ello han utilizado los datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del IMSERSO, a fecha 31 de julio, donde se apuntaba que 1.874.819 personas habían solicitado ser reconocidas como dependientes, de las cuales el 74,06% son mayores de 65 años, y el 52,95% mayores de 80 años. De ellas, 1.750.307, ya han recibido la resolución de su CCAA.

El informe destaca la gran desigualdad que existe en la cobertura de la ley, si se relaciona el volumen de personas que han sido reconocidas como dependientes con la población mayor de 65 y 80 años de las CCAA. 

Lo que más llama la atención de los datos es que se desconoce el número de mayores de personas mayores de 65 y 80 años que han solicitado la ley. El informe destaca el ejemplo de Andalucía, donde tienes más posibilidades de ser dependiente que en Galicia si tienes más de 65 años, algo que no tiene explicación epidemiológica.

Otro de los datos que más llama la atención es lo difícil que es ser reconocido como dependiente de Grado III en Navarra, y lo fácil que es en Murcia para los mayores de 65. El informe señala que todo esto confirma que "las posibilidades de acceso al sistema no son similares para todas las personas dependientes de este país, en función de la comunidad en la que vivas puedes tener unos derechos que en otras te son negados". Esto evidencia las desigualdades existentes entre las CCAA en función de como aplican la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.

Los servicios profesionales

En cuanto a los servicios profesionales se ha teniendo en cuenta los que tienen una mayor presencia de personal y que se prestan al amparo de la Ley en las diferentes CCAA, (la ayuda a domicilio, los centros de día, la atención residencial, la PEVPS y la Prestación por asistente personal), la distribución es la siguiente:

"Hay que destacar, a la vista de los datos, el esfuerzo que se hace en La Rioja, Castilla y León, Extremadura y Galicia, comunidades donde se apuesta claramente por los servicios profesionales como mejor respuesta para atender las necesidades de las personas dependientes", destaca el estudio. 

Por otro lado, hay nueve CCAA por encima del 50%, donde los servicios profesionales no se consideran como la mejor alternativa para atender a las personas dependientes, y prefieren conceder una ayuda económica para que la persona busque una solución no profesional a sus necesidades. Esta prestación no tiene porqué mejorar la calidad de vida de los dependientes.

Los costes

Los tres elementos en los que se ha fijado el informe son los costes de personal, funcionamiento y los relacionados con el inmobiliario. Además existen otros como el coste de la cama concertada no ocupada, y el margen de beneficio industrial. 

Los costes de personal son los más elevados y dependen de las personas que trabajan por usuario, y de las condiciones laborales (jornada y salario). Las plantillas de los centros son estables, pese a lo comentado durante la pandemia de la precariedad laboral. 

En los costes de funcionamiento se incluye la alimentación, los suministros, gastos generales, entre otros. El informe ha aplicado a cada comunidad una cantidad diferentes teniendo el cuenta que los precios no son homogéneos. También han establecido que los servicios de cocina, limpieza y lavandería son propios.

Para el coste de carácter inmobiliario han hecho diferentes estimaciones como los metros cuadrados "razonables" que se requieren por plaza o el coste en función del metro cuadrado, además de establecer un precio medio por comunidad. 

La mayoría de estos costes son prácticamente fijos, y no varían si se produce una baja. En total, el informe recoge 65 tipos de plazas resultantes, donde la diferencia de los costes la marcan las ratios de personal, el coste del suelo y de la construcción. A partir de estos datos, el informe destaca el coste anual de la gestión de un centro de 100 plazas donde 40 de ellas están destinadas a personas dependientes de II grado, y 60 de III grado, diferenciando entre requerimientos de autorización (en azul), y de acreditación concertación (en marrón), en aquellas comunidades en las que se da esta diferenciación:

Dejando a un lado el caso de Gipuzkoa y Bizkaia que tienen un convenio laboral propio, el gráfico destaca que Extremadura es la comunidad más "barata" frente a Araba o Baleares que son las más caras.

La ratio de personal

La ratio es el número de personas que trabajan en un centro residencial, y uno de los elementos que más se asocia a la calidad del servicio prestado. El informe destaca qué comunidades tienen una ratio mínima del 50%:

• Sólo cuatro comunidades-territorios están por encima de esta ratio; Baleares, Araba, Gipuzkoa y Andalucía; y en estos dos últimos, sólo en el caso de las plazas acreditadas-concertadas.

• Hay nueve comunidades-territorios con una ratio que se sitúa entre el 41,10% – 48,88%.

• En otros seis, la ratio es inferior al 40%, encabezando el ranking La Rioja con un 24,22%

El futuro

CEAPs propone que la ratio sea del 0,5 en todas las Comunidades Autónomas de manera que el precio justo medio sea de 66,75 euros/día, y de 2.030,46 euros al mes. Cruzando todas las variables el informe destaca cuáles serían los precios justos:

CEAPs también ha recordado cuáles son sus propuestas de mejora:

• Facilitar el acceso a todas las personas dependientes.
• No se pueden seguir ofreciendo una prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que a día de hoy es la prestación "estrella".
• Simplificar las tipologías de plazas y adaptarlas a los grados de dependencia.
• Las CCAA necesitan "comprar" plazas de titularidad pública a la iniciativa privada.
• Las personas dependientes y sus familias deben poder elegir el centro residencial que quieran.
• Fomentar la PEVS para descongestionar las listas de espera.
• Las CCAA deberían articular modelos de concertación inclusivos.
• Establecer una ratio mínima del 50%.