El decreto anticrisis de Sánchez que prorroga el menor IVA para alimentos se convalidará tras el 23J

Tras la disolución de las Cortes Generales por el adelanto electoral, el único órgano que permanece activo es la Diputación permanente, encargada de convalidar o derogar las medidas que aprueba el Gobierno de Pedro Sánchez vía decreto ley. Según informa Europa Press, no está previsto que este órgano se reúna antes de las elecciones del 23J, por lo cual, la convalidación del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, de ayudas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania y sus consecuencias económicas, tendrá que esperar hasta después de celebradas las elecciones generales del 23 de julio. 

Aunque esta norma está en vigor desde su aprobación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tiene, sin embargo, que ser convalidada por el Congreso dentro de los 30 días hábiles siguientes a su promulgación.

Con el citado decreto, el Ejecutivo de Sánchez extiende algunas de las medidas anticrisis que caducaban el pasado 30 de junio, entre ellas, la supresión y rebajas del IVA de los alimentos de primera necesidad y las ayudas al transporte público, con lo que se movilizarán 3.800 millones de euros adicionales. El impacto total, considerando lo que cuestan al Estado las rebajas de impuestos y bonificaciones, es de 8.900 millones en esta segunda mitad de 2023.

Alimentos básicos seguirán sin IVA o muy reducido

El paquete anticrisis que aún debe convalidar el Congreso mantiene la supresión durante 6 meses del IVA que normalmente se aplica a los alimentos básicos (solía ser del 4%), entre ellos el pan o la leche, así como la rebaja al 5% del aceite y la pasta (antes gravados con el 10%). 

También se extiende la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje de transporte público (el descuento de Cercanías de Renfe y media distancia ya se había prolongado todo el año). De este modo, se seguirá bonificando con un 30% el transporte público del resto de administraciones siempre que las comunidades autónomas se comprometan a aumentar este descuento hasta, al menos, el 50%.

Desaparece la prórroga automática del alquiler

Otra medida con gran impacto en el bolsillo es la eliminación de la prórroga automática de 6 meses del alquiler con las mismas condiciones que el contrato que estuviera en vigor hasta ese momento. Hay que aclarar que esto no afecta a la limitación de la subida anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, regulado en la Ley de Vivienda, que impide subidas superiores al 2% hasta el 31 de diciembre de 2023 y del 3% hasta el final de 2024.

En materia de vivienda, el decreto mantiene hasta final de año la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables cuando no haya alternativa habitacional.

Se prorroga también el plazo durante el que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento pueden presentar la solicitud de compensación, fijando el nuevo plazo hasta el 31 de enero de 2024.

Avales de 2.500 millones a jóvenes para vivienda

En este decreto-ley se incluye una línea de avales de 2.500 millones de euros para la compra de una primera vivienda de jóvenes menores de 35 años y familias con menores a su cargo sin límite de edad, pero con ingresos de hasta 37.800 euros anuales. Con esta medida, el Gobierno aspira a posibilitar la adquisición de unas 50.000 viviendas.

Prohibido despedir por costes energéticos

Se prorrogan asimismo mediante el Real Decreto-ley algunas medidas laborales vinculadas a ayudas públicas. De esta manera, el aumento de costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 31 de diciembre de 2023. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida. Eso sí, las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos.

Ayudas al gasóleo profesional hasta diciembre

También se prorrogan las ayudas al gasóleo para los transportistas profesionales, agricultores y ganaderos. Hasta el 30 de septiembre la bonificación será de 10 céntimos por mes, mientras que en el último trimestre de 2023 será 5 céntimos por litro.

En clave energética, el decreto aporta una modificación de las referencias de precios de los mercados eléctricos y de los combustibles introducidos en las fórmulas que definen los parámetros retributivos de las plantas de cogeneración, biomasa y residuos, mejorando así la retribución para estas tecnologías.

Adicionalmente, se incluyen medidas para facilitar las inversiones del Perte Chip (semiconductores y microprocesadores), al tiempo que se modifica la Ley General de Subvenciones para aclarar la aplicación de las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Las autonomías pueden limitar los VTC

El paquete anticrisis aprobado por el Gobierno, y pendiente de ratificación, habilita a las comunidades autónomas para limitar las VTC con arreglo a motivos medioambientales y gestión del tráfico en las ciudades.

En materia de movilidad, el decreto recoge una nueva deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 15% tanto para la compra de un vehículo eléctrico como para la instalación de sistemas de recarga, con una base máxima de deducción de 20.000 euros. La desgravación será deducible durante los dos próximos ejercicios, hasta final del año 2024, mientras que es susceptible de ampliarse un año más cuando se dé el visto bueno a la adenda del Plan de Recuperación.

Medidas de apoyo a la isla de La Palma

Adicionalmente, se prorrogan las medidas de apoyo a la isla de la Palma. Concretamente, se prorroga otros 6 meses el régimen de suspensión de las obligaciones de pago de intereses y principal de las hipotecas de los afectados por la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja.

También se amplían hasta el 31 de diciembre de 2023 los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) vinculados a la situación de fuerza mayor temporal en el supuesto de empresas y personas trabajadoras de las Islas Canarias afectadas.