Dependencia 'low cost': las CCAA pagan a las residencias la mitad de lo que cuestan los servicios

El sector de la dependencia en España sigue siendo la cenicienta de los gobernantes, ocupando uno de los últimos lugares en las prioridades del conjunto de Administraciones Públicas, a pesar de que las personas que necesitan ayuda porque no pueden valerse por sí mismas deberían ser el objetivo prioritario de cualquier sociedad avanzada. A la reducción de los recursos asignados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en los últimos años a esta materia se ha unido la falta de responsabilidad de los gobiernos autonómicos y municipales, que prefieren en muchos casos destinar el dinero público a otros fines que nada tienen que ver con la asistencia social. 

Como consecuencia de todo ello el panorama de la atención a las personas que tienen algún grado de dependencia en nuestro país es desolador: uno de cada cinco dependientes no reciben prestación o servicio alguno, a pesar de tener reconocido su pleno derecho por la Administración, lo cual afecta a 250.000 ciudadanos y a sus familias. Y lo más grave es que casi el 40% de estas personas ilegalmente desatendidas son dependientes con de grado II o III, que son las que mayor necesidad tienen de apoyo extenso y continuado. Tan sólo durante el pasado año 30.400 beneficiarios fallecieron sin haber podido acceder a sus derechos amparados por Ley, según revela el XIX Dictamen de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Y el problema, lejos de solucionarse, va a aumentar en los próximos meses. Según ha podido saber 65Ymás las comunidades autónomas están ofreciendo a las compañías que gestionan residencias unos precios de licitación que son muy inferiores a los de mercado y que en algunos casos incluso son menores que los costes, favoreciendo que estas subastas a la baja queden desiertas y poniendo en riesgo la situación de decenas de miles de dependientes en España. Fuentes de la Administración reconocen a este diario que “una de las regiones más afectada es la Comunidad de Madrid, pero que este modelo precario se está extendiendo por todo el territorio nacional”.

En la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) confirman esta tendencia de varios ejecutivos autonómicos para subastar a precios de derribo los servicios residenciales, de ayuda a domicilio y teleasistencia, hasta el punto de hacer que no sean rentables para las compañías del sector y que, por tanto, se retiren o directamente no acudan a los concursos públicos que articulan la colaboración con el sector privado. Es una especie de dumping social que amenaza el futuro del sistema asistencial nacional.

“Si este panorama continúa así, nos encontraremos con multitud de plazas públicas que no van a poder ser gestionadas por ninguna empresa y quedarán por lo tanto vacantes y huérfanas de gestión. La misma plaza residencial que a una comunidad autónoma le cuesta 90 euros, la están sacando en los pliegos públicos a 52 euros, es decir, casi a la mitad de precio. Es decir, que están pidiendo que se trabaje a importes por debajo de lo que marca el mercado”, explica a 65Ymás el secretario general de AESTE, Jesús Cubero.

"Colapso del sistema público de atención a la dependencia"

La dejación de funciones de las CCAA ya está teniendo graves consecuencias para el sector de la dependencia, que tradicionalmente ha servido como arma arrojadiza en la batalla política. Los grandes operadores que trabajan con altos estándares de calidad ya están manifestando al sector público que no tienen interés en poner sus plazas a disposición de las comunidades autónomas –que son las que tienen las competencias para sacar a concurso la gestión de los centros residenciales– lo cual “puede provocar un colapso en el sistema público de atención a la dependencia”, según anticipa Cubero.

Y es que los profesionales que atienden a personas dependientes llevan años con subidas muy contenidas de salario, lo que hace aún más necesario que la administración pague los servicios a precios reales de mercado para poder mejorar las condiciones salariales.” Queremos contar con los mejores empleados, convertir nuestro sector en algo totalmente vocacional y donde se pueda desarrollar una carrera laboral de larga duración, y para ello es vital contar con ese apoyo económico por parte del Gobierno de España y de los gobiernos regionales en todas las comunidades autónomas”, explica el secretario general de AESTE, que además es miembro de la Junta Directiva de CEOE.

La excepción que confirma la regla es la Administración vasca, donde se ha tomado la atención a la dependencia como un elemento estructural, financiando un modelo de alta calidad que permite que los ciudadanos estén atendidos y los profesionales bien pagados. Claro que en el caso de esta comunidad autónoma el hecho de tener un mayor margen fiscal y presupuestario por ser un territorio foral permite a sus gobernantes un amplio grado de maniobra.

“El Estado es insumiso porque es el primero que incumple la Ley”

Desde las distintas asociaciones de mayores y dependientes se ha criticado en los últimos años la continua reducción del gasto público destinado a cubrir las necesidades de la Ley de Dependencia que  fue aprobada en 2006, tan sólo dos años después de que se produjera la mayor crisis económica de la historia reciente de España. Sin embargo, el nuevo Gobierno que llegó a la Moncloa tras la moción de censura el pasado año con la etiqueta de ser el más social de los últimos tiempos ha dejado en la estacada a este colectivo.

“Resulta chocante que en un Gobierno que abanderó la lucha social, se hayan priorizado otras cuestiones como la reforma laboral, la igualdad de género, la memoria histórica o el cuestiones territoriales dentro de España. Y cuando se ha destinado una partida importante de dinero para la atención a la dependencia, se ha optado por pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores informales,  yendo en contra de lo propuesto por patronales y sindicatos del sector, y manifestando de esta forma un claro apoyo a los cuidados no profesionales de las personas en situación de dependencia”, apunta Jesús Cubero.

Esta visión de las empresas del sector sobre la desidia del actual Ejecutivo para cumplir lo prometido es compartida por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y por la Asociación Estatal de Directores Gerentes de Servicios Sociales, organización que elabora anualmente el citado Observatorio de la Dependencia que arroja los datos escalofriantes que se exponen al principio de este artículo. En declaraciones a este diario su presidente, José Manuel Ramírez, considera que el incumplimiento de los compromisos de financiación de la Ley de Dependencia es tan flagrante que “se podría decir que el Estado es insumiso porque es el primero que incumple la norma” y ha pedido por carta al presidente del Gobierno que aproveche uno de sus polémicos “viernes sociales” para cumplir sus promesas en esta materia.

 

¿Quién financia la atención a la dependencia?

La normativa establece tres financiadores: la Administración General del Estado, las CCAA y los propios dependientes, que abonan una parte de los servicios de atención mediante el copago. La parte más importante debería ser la estatal, que según la Ley establece un nivel mínimo de gasto público que parte de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que debería ir destinado a financiación finalista de cada región para garantizar la atención a todas las personas que están en situación de dependencia, siendo complementados estos fondos con una cantidad equivalente por parte de cada comunidad autónoma.

Sin embargo, la realidad es bien distinta: el Estado aporta vía Presupuestos una cantidad inferior a la que abonan los ejecutivos regionales e incluso menor a la que sufragan los afectados. En concreto, el pasado año la Administración Central destinó a este fin 1.330 millones de euros, frente a los 5.219 millones de euros de las CCAA y los 1.703 millones pagados po los usuarios, según los datos facilitados por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

“Es evidente el desigual reparto de los esfuerzos en el crecimiento del gasto del sistema. Mientras CCAA y usuarios asumen el esfuerzo de crecimiento, en términos absolutos, la financiación estatal recortada desde 2011 no se ha recuperado aún. Respecto a 2010 la Administración estatal aporta 473 millones de euros menos al año a pesar de que se atiende a 385.000 personas más que en aquel momento”, explica José Manuel Ramírez. 

Debajo de estas cifras subyace una pregunta que nadie quiere contestar: ¿por qué se establece un copago en la dependencia cuando las personas que necesitan asistencia suelen ser mayores con niveles de renta inferiores al del resto de la población? Una cuestión espinosa que hace más necesario que nunca el fiscalizar el destino del dinero que pagan los contribuyentes y la eficacia de las Administraciones Públicas a la hora de gestionarlo.

 “En todo caso siempre hay que tener en consideración la obviedad de que un mayor volumen de gasto público no implica necesariamente hacerlo mejor. Denota voluntad política e inversora, pero la eficiencia del gasto público es otro factor que requeriría mediciones más allá de la mera agregación de euros. No vendría mal que alguien acometiese ese tipo de análisis relacionado con la efectividad y con el impacto real para las personas dependientes y sus familias”, apunta el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Un aviso a navegantes del que hace oídos sordos el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, que a pesar de los intentos de este diario por recoger sus valoraciones sobre estas cuestiones sus portavoces han preferido no realizar comentario alguno.

Fundación Lares reclama una reforma integral de la Ley

Las cifras muestran, por lo tanto, que existe un notable incumplimiento de la Ley de Dependencia que entidades como Lares consideran que debería ser reformada porque estuvo mal diseñada desde su creación. Desde esta organización que aglutina a los profesionales solidarios en la atención a las personas dependientes se defiende que es necesario realizar una revisión integral de la misma que garantice la financiación de los servicios y que sea acordada por todos los partidos políticos, tal como se pretende hacer con la reforma del sistema de pensiones en el marco del Pacto de Toledo.

Según el cálculo aportado a este diario por el secretario general de Lares, Juan José García, “harían falta unos 3.000 millones de euros de financiación adicional para cubrir el limbo” de dependientes que están a la espera de que la Administración les reconozca el derecho a prestación o servicio, o bien que habiéndoselo reconocido no hayan podido acceder al mismo. En la actualidad ambos colectivos suman más de 400.000 personas en España.