Que el envejecimiento de la población supone un gran reto en el futuro más inmediato para las economías desarrolladas, no es ya ningún secreto. Todos los organismos económicos, nacionales e internacionales, alertan de ello. También lo ha hecho la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en numerosas ocasiones. Pero en su enésima advertencia, el club de los países ricos ha recogido una serie de duras recetas para minimizar el impacto de la demografía sobre la caída de los ingresos de los estados.
En esencia todas las medidas que propone la OCDE parten de una premisa: si las personas mayores son el grupo de edad que más se va a beneficiar del estado del bienestar y del incremento del gasto público: a través de sus pensiones, y porque serán quienes más usen la sanidad o los servicios de asistencia, también deben incrementar su contribución. Para ello, el think tank de las economías desarrolladas sugiere que las pensiones deben pagar más impuestos, que los mayores deben seguir trabajando más allá de la edad de jubilación y que deben pagar más por la sanidad. También sugiere subidas en el IVA y eliminar los tipos reducidos y superreducidos.
El aumento de la esperanza de vida es uno de los grandes logros de nuestra sociedad y una magnífica noticia. Sin embargo, el hecho de que esa mayor esperanza de vida no venga acompañada de un aumento de la natalidad, hace que la mayor parte de los países desarrollados se enfrenten al envejecimiento de su población, lo que arroja enormes retos para las economías. El envejecimiento supone un mayor gasto público, por el pago de las pensiones y por las mayores exigencias en servicios públicos como la sanidad o la asistencia. Pero al mismo tiempo, la población en edad de trabajar es menor, y por tanto caen los ingresos por las cotizaciones sociales de esos trabajadores.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya ha alertado en numerosas ocasiones del impacto del envejecimiento de la población sobre la sostenibilidad financiera de los sistemas pensiones. En su último informe ‘Financiando el futuro: el impacto del envejecimiento de la población en los ingresos de los gobiernos’, el club de los países ricos prevé que de aquí a 2040 los ingresos de los Gobiernos avancen a diferentes velocidades en función del envejecimiento de la población. El efecto demográfico tendrá implicaciones en los ingresos por salarios, los activos disponibles y los patrones de consumo, además del propio cambio estructural en la población.
Entre los países con el crecimiento más bajo de los ingresos públicos están los que tiene una población de mayor edad, por ejemplo, España, Alemania, Grecia, Italia, Japón o Portugal. Frente a ellos, están los países con una población más joven, que registrarán un mayor crecimiento de sus ingresos. Son países como Australia, Corea, Noruega, Eslovaquia o Reino Unido.
En efecto, España, al igual que varios socios europeos, se sitúa en la parte baja de la tabla que proyecta cuál será la proporción de población en edad de trabajar dentro de dos y cuatro décadas. E peso de la población de edad avanzada aumentará en los próximos años de forma notable, mientras que el de la población en edad de trabajar se mantendrá constante, e incluso disminuirá. Se espera que para 2040 esta tendencia se intensifique. Una de las principales consecuencias es la reducción del porcentaje de población en edad de trabajar: se pasará del 66% actual, al 58% en tan solo dos décadas. En 2060 será del 56%.
Para la OCDE es urgente tomar medidas para afrontar el incremento previsto en los gastos por pensiones, cuidados y atención médica y la caída de ingresos, como consecuencia del envejecimiento. “Es probable que sean necesarias reformas para hacer que los ingresos sean más sólidos frente al envejecimiento de la población” advierte el organismo.
El club de los países ricos propone endurecer los gravámenes al consumo para compensar la caída de ingresos por salarios. Y de todos ellos, se centra específicamente en el IVA, el impuesto al que califica como “más resistente” al cambio demográfico. La OCDE cree que “en países donde el consumo aún no está sujeto a impuestos elevados, las tasas podrían incrementarse para impulsar la resiliencia al envejecimiento”. Al mismo tiempo, allí donde no es posible subir el IVA, sugiere eliminar los tipos reducidos y superreducidos.
Respecto al IRPF, la OCDE sugiere que no esté centrado únicamente en las rentas del trabajo y se incremente el peso de los impuestos al capital y a los ingresos por pensiones. “Otra opción podría ser imponer IRPF y aportaciones a la Seguridad Social a las pensiones y, por lo tanto, minimizar la disminución de los ingresos fiscales que surgirá cuando las personas se jubilen”, dice el informe. En España, la pensión pública ya tributa en el IRPF.
“Todos los tipos de impuestos pueden volverse más eficientes ampliando su base imponible y reduciendo excepciones” asegura la OCDE. Así, el organismo recomienda “aumentar la participación en la fuerza laboral, por ejemplo, alentando a las mujeres, los mayores y los inmigrantes a incorporarse o permanecer en la fuerza laboral”.
“El cuidado de la salud se ve particularmente afectado por el envejecimiento de la población, ya que los adultos mayores tienden a consumir más servicios de salud que la población activa”, advierte el informe de la OCDE. En muchos países ricos, la financiación de los sistemas de salud se verá sometida a una gran presión durante las próximas décadas. La organización prevé que el envejecimiento de la población aumente la demanda de los sistemas de salud de los países de la OCDE y reduzca la fuerza de trabajo. El organismo espera que ambos factores tengan un impacto negativo en la sostenibilidad de los sistemas nacionales de salud.
En su informe, el organismo insiste en que la carga fiscal para financiar el sistema de salud no esté sesgada hacia los grupos de edad –los trabajadores- que potencialmente se benefician menos del Estado del bienestar, a fin de no crear tensión intergeneracional.
“El grupo que soporta la carga fiscal más alta, los trabajadores, es diferente del grupo que más se beneficia del estado de bienestar, los pensionistas”, dice el informe. Así, el organismo recomienda que crear “una mayor dependencia de los impuestos sobre el capital, los ingresos de la propiedad y de las pensiones”, precisamente donde más aportan los mayores.
