Este es el límite de ingresos para acceder una vivienda de protección oficial

Los inmuebles que han obtenido alguna ayuda o subvención por parte de las Administraciones públicas para su construcción y comercialización, las denominadas viviendas de protección oficial (VPO), están pensadas para que las personas con pocos recursos también puedan acceder a una vivienda digna y adecuada. En este caso deben estar destinadas a residencia habitual y permanente, tener un precio máximo de venta o alquiler y disponer de una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados. A pesar de que existe un Plan Estatal de Vivienda que regula algunas de las condiciones para poder optar a una vivienda de protección oficial en toda España, cada Comunidad Autónoma determina cual es el máximo de ingresos a partir del cual una persona no puede acceder a estas viviendas.

Para fijar ese límite de ingresos que da derecho a la protección oficial, las comunidades autónomas utilizan el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el índice de referencia que se emplea en España también para la concesión de becas, ayudas, subvenciones a las familias más desfavorecidas o el subsidio de desempleo. El IPREM se creó en 2004 para sustituir como referencia para estas ayudas al Salario Mínimo Interprofesional, que en la actualidad ha quedado exclusivamente circunscrito al ámbito laboral.

Por ejemplo, en algunas CC. AA. nuestros ingresos no pueden superar 5,5 veces el importe del IPREM si queremos acceder a una VPO. En 2021, este indicador se ha incrementado en un 5%, de modo que el IPREM ha aumentado hasta los 564,90 euros mensuales (6.778,80 euros al año en doce pagas) o a 18,83 euros diarios.

Demostrar el grado de necesidad

Quien quiera postularse para acceder a una VPO debe inscribirse en el registro público de solicitantes de viviendas con protección oficial de cada CC. AA. Allí se le pedirá la documentación que demuestre su grado de necesidad de acceder a la VPO, para resolver si procede o no ese acceso (cumplir con el límite de ingresos establecido en la normativa para acceder a la protección oficial). Así, deberán justificarse con la declaración de la renta o una declaración responsable y la aportación de la documentación acreditativa de los ingresos y las retenciones y un certificado de la Agencia Tributaria sobre la no obligación de presentar la declaración de renta.

Las viviendas de protección oficial se venden o alquilan en condiciones más favorables que las que no han obtenido estas ayudas. De hecho, normalmente la descalificación de un inmueble de protección oficial se produce de forma automática transcurridos entre 10 y 30 años, dependiendo de la Comunidad en el que esté ubicado el inmueble, aunque los titulares de una vivienda protegida pueden solicitar la descalificación voluntaria (convertirla en “vivienda libre” transcurrido el plazo que establezca el Plan de Vivienda al que esté acogido.