FACUA reclama descuentos del 50, 70 y 100% en la luz para consumidores vulnerables

FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado al Gobierno que establezca tres categorías de consumidores vulnerables para aplicarles descuentos del 50%, el 70% o el 100% en la factura eléctrica en función de su situación económica.

La propuesta de la asociación, que envió hace tres meses al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Transición Ecológica, Consumo y Derechos Sociales representa un cambio de calado en el actual modelo de bono social, que "además de ofrecer descuentos demasiado reducidos impone la percepción de unos ingresos económicos desproporcionadamente bajos". "Y ello a la vez que, de forma contradictoria, se ofrece a todas las familias numerosas, por muy alto que sea su nivel adquisitivo", destaca la asociación.

FACUA advierte de que los máximos históricos en el precio de la electricidad hacen más urgente que nunca que el Ejecutivo de coalición acometa la "reforma profunda del bono social eléctrico" a la que se comprometió en su acuerdo programático. En este sentido, recuerda que la Directiva europea del sector eléctrico 2019/944 establece en su artículo 5 que "los Estados miembros podrán aplicar intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad a los clientes domésticos en situación de pobreza energética o vulnerables". La norma no pone límites a los criterios económicos que pueden utilizar los Estados para considerar a un consumidor como vulnerable.

El modelo de bono social planteado por FACUA al presidente del Gobierno y a los ministros Teresa Ribera, Alberto Garzón e Ione Belarra tendría, en opinión de la asociación, perfecto encaje en el marco de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Se trataría no sólo de un bono de luz, sino también de gas –tanto natural como propano y butano– y agua. Las bonificaciones seguirían yendo a cargo de las compañías energéticas y, en el caso del agua, de sus suministradoras, con un límite en el consumo anual que en la electricidad oscilaría entre 3.600 y 5.200 kWh.

 

Condiciones para ser consumidor vulnerable

Así, para adquirir la condición de consumidores vulnerables, la propuesta de FACUA es que sus gastos en suministros domésticos más la hipoteca o el alquiler de la vivienda representen al menos el 35% de sus ingresos y que estos no superen dos salarios mínimos, que se elevarían hasta tres en función del número de hijos, discapacitados, dependientes o mayores de 65 años que formen parte de la unidad familiar.

Con carácter general, FACUA reclama que pueda acceder al bono social cualquier familia que tenga los citados gastos y cuyos ingresos no superen dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que actualmente está en 13.300 euros brutos al año. Este límite se incrementaría en 0,2 veces el SMI -porcentaje que actualmente supondría 2.660 euros- por cada hijo a cargo de la unidad de la vivienda. El incremento aplicable sería de 0,3 veces el SMI por cada hijo en el caso de las familias monoparentales. Además, el límite se incrementaría en 0,2 veces el SMI por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tuviese declarada discapacidad de al menos el 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditada de forma permanente para realizar una actividad laboral, sea víctima de terrorismo o violencia de género -incluida la violencia económica-, podría accederse al bono social si los ingresos familiares no superan tres veces el SMI, sin perjuicio de los incrementos acumulados por cada hijo a cargo y persona mayor de 65 años.

 

Familias en riesgo de exclusión social

Para las familias cuyos ingresos no superen un salario mínimo, FACUA pide que sean consideradas en riesgo de exclusión social y el descuento en las facturas de luz, gas y agua represente el 70% de su importe. Este límite de ingresos se incrementará de la misma forma que para el resto en función del número de hijos, dependientes, discapacitados o mayores de 65 años que formen parte de la unidad familiar.

Si los servicios sociales emiten un dictamen que certifique que una familia con ingresos inferiores a los mencionados tiene una situación que le impide hacer frente al pago de los suministros, serán las empresas las que se hagan cargo del 100% de sus facturas.

Límites de consumo y prohibición de cortes de suministros

Las bonificaciones del 50% o el 70% propuestas por FACUA se aplicarían sobre la totalidad de la parte fija de las facturas y tendrán limites en la relativa al consumo. En el caso de la luz, el tope estará en 3.600 kWh anuales (una media de 300 al mes) en las familias de hasta dos personas, que aumentarán en 400 kWh al año por cada miembro más de la unidad de convivencia, hasta un tope de consumo anual de 5.200 kWh.

La asociación reclama la prohibición de cortes de suministros a todos los consumidores en riesgo de exclusión social o que sufran ya la situación de exclusión. Además, también se prohibirán los cortes a cualquier familia reconocida como consumidores vulnerables en la que haya una persona con más de 65 años, discapacitada, dependiente, desempleada o menor de edad.

El bono social vigente en la actualidad sólo es accesible para las familias numerosas y aquellas cuyos ingresos brutos anuales no superen entre 1,5 (11.862,90 euros) y 4 veces (31.634,40 euros) el Iprem (que actualmente está en 7.908,60 euros), en función del número de hijos, dependientes o discapacitados que haya en la unidad familiar y que ésta sea o no monoparental, con la posibilidad de subir otras 0,5 veces el Iprem si hay víctimas de terrorismo o violencia de género.

En el caso de la electricidad el descuento representa nada más que el 25% de la factura –el 40% para familias en riesgo de exclusión social– con límites en la parte relativa al consumo de entre 1.380 y 4.140 kWh al año. No incluye el agua y en el gas, únicamente el natural.