A las puertas de las elecciones autonómicas de Madrid, y con la presión fiscal madrileña como arma arrojadiza, la Ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, niega ahora que el Gobierno tenga la intención de subir impuestos el año que viene. “Nunca, en ningún momento trasladé ninguna situación decidida de llevar a los Presupuestos de 2022 algo que no está ni siquiera discutido ni decidido”, ha dicho Montero recientemente. Es más, Montero ha indicado que cuando se habla de revisión de la fiscalidad “no se trata de subir impuestos”, sino “también de bajarlos y de poner bonificaciones y determinados incentivos a actividades económicas que hay que impulsar”.
Lo cierto es que durante la presentación del comité de expertos que trabajarán en la reforma fiscal, la ministra de Hacienda si habló de subidas de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones. Aseguró que espera que se puedan poner en marcha algunas subidas de impuestos ya en 2022, con "especial interés" en los referidos a los grandes patrimonios. Tenemos que ver cómo se tiene expresar esa contribución adicional que tienen que hacer los grandes patrimonios al conjunto de las arcas públicas", señalaba Montero.
El objetivo del Gobierno es acercar la presión fiscal de España a la media europea, inferior entre 7 y 8 puntos del PIB.
Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez han exigido al Gobierno que acelere la preparación de una reforma fiscal profunda, que implique a todos los impuestos y sobre todo a los tramos más altos.
Sobre la llegada de los Fondos de Recuperación y Resiliencia han dicho que no deben servir "como maná ni como placebo fiscal", sino para sentar la España del futuro, decidir qué país y qué prácticas empresariales se quieren. "Puede ser relativamente cómodo hacer unos presupuestos expansivos con la llegada de los fondos, porque van a cuadrar los números, y no hacer modificaciones fiscales", ha asegurado Unai Sordo.
Tanto Sordo como Álvarez destacaron, durante la presentación de las líneas de la celebración del primero de mayo, cómo la pandemia ha puesto de manifesto hasta qué punto son deficitiarios servicios púbicos como la Seguridad Social, la sanidad, la intermediación laboral o el SEPE. Por eso no comparten la idea de la Ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, de ahora no sea el momento de subir impuestos.
El grupo de expertos que debe ofrecer sus recomendaciones de cara a la reforma fiscal ya está constituido y manos a la obra. Presidido por Jesús Ruiz-Huerta, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, próxima al PSOE, el comité está formado por 17 miembros, que pertenecen también al mundo académico, procedentes de diferentes áreas.
El comité deberá presentar las conclusiones sobre la reforma fiscal en aproximadamente un año, en febrero de 2022, pero previamente, según indicó la ministra, podrán adelantar las "cuestiones, premisas o anticipaciones" que crean que pueden ser de interés de cara a preparar los Presupuestos Generales del Estado del año que viene.
El esfuerzo del Gobierno por controlar la pandemia se traducido en un enorme desequilibrio de las cuentas públicas, con ratios de deuda y déficit público disparados. Y tarde o temprano tendrán que poner en marcha medias para redimensionar ese esfuerzo exigido por la crisis.
El Fondo Monetario Internacional ha dado su receta, articulada en dos tiempos: elevar en el corto plazo y de forma temporal los impuestos a las rentas más altas y a las grandes empresas, como si se tratara de una tasa COVID y, más adelante, preparar planes de consolidación fiscal para atajar deuda y déficit, que deben pasar por reformas tributarias contundentes.
Algunas medidas de gran impacto en el ámbito tributario, ya se han puesto en marcha a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Es el caso de la modificación del IRPF de 2021, que afectará a la declaración que tengamos que presentar el año que viene. Se ha incrementado en tres puntos porcentuales la tributación para las rentas del ahorro (dividendos, intereses, ganancias patrimoniales por la transmisión de elementos, etc.) que a partir de 200.000 euros será del 26%. Por lo tanto, se añade un nuevo tramo a los actualmente vigentes. También se añade un tramo en la escala general del impuesto para bases liquidables generales. En concreto, se modifica la escala de retenciones para rentas del trabajo, con un nuevo tipo de retención del 47% para las bases a partir de 300.000 euros.
También destaca la modificación de los límites de reducción por las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social. La cantidad máxima que se podrá reducir en la base imponible del IRPF derivada de las aportaciones y contribuciones a planes de pensiones será de 2.000 euros anuales en lugar de los 8.000 euros actuales. Y el limite anterior de 2.000 euros pasará a 8.000 cuando el incremento provenga de contribuciones empresariales. (aportaciones propias que el empresario individual realice a planes de pensiones de empleo o a mutualidades de previsión social, de los que, a su vez, sea promotor y partícipe o mutualista, así como las que realice a planes de previsión social empresarial o seguros colectivos de dependencia de los que, a su vez, sea tomador y asegurado).
