En los últimos 25 años, los jubilados españoles han visto crecer su poder adquisitivo un 16,2%, por encima de la media nacional. Algo que responde a las nuevas pensiones de jubilación, más elevadas, y a la revalorización de las pensiones con la infllación, que ha permitido que los pensionistas españoles mantengan su poder de compra en los últimos años, frente a la caída de años anteriores.
Este crecimiento del 16,2% contrasta con la evolución de la renta de otras generaciones, especialmente las más jóvenes. Los jóvenes entre 16 y 29 años se sitúan con una renta de un 9% por debajo de la media nacional.
Es una de las principales conclusiones del informe La economía real: qué está pasando con la renta familiar realizado por el economista y Gestor Administrativo, Javier Santacruz, para el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, que analiza la evolución de los ingresos, impuestos y capacidad de ahorro de los hogares españoles desde la entrada del país en el euro.
"Los jubilados han pasado de estar prácticamente a la par que la media a estar un 16,2% por encima de la media en 2024. Las políticas de subidas continuas en las pensiones públicas y la generación de rentas crecientes en los activos inmobiliarios y financieros explican esta enorme subida, la cual genera serias preocupaciones desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema público de pensiones y, en general, del Estado del Bienestar", dice Javier Santacruz en su informe.
La renta familiar en España se encuentra en una situación preocupante: en estos momentos, los ingresos de las familias españolas se encuentran por debajo de la media europea y solo equivalen al 88% de la renta de los europeos de la UE-27 en términos de paridad de poder adquisitivo, lo que refleja un estancamiento en la convergencia con Europa.
Esta brecha entre España y la media de la UE, al ir aumentando provoca que, según Santacruz, "quedando la renta familiar española por debajo del 90% de la UE-27, lo cual nos convertiría de nuevo en acreedores de fondos de cohesión como si fuésemos un país pobre de los que se han incorporado hace pocos años a la UE."
Dos décadas perdidas
El informe alerta de que a pesar de los buenos datos macroeconómicos, como el aumento del PIB, no ha mejorado la economía de los hogares e insta a tomar medidas de carácter estructural para revertir esta situación. Aupado por el consumo y por el turismo, el crecimiento en el productos interior bruto no se ve reflejado en una mejora sustancial de la economía de los hogares españoles. En caso de no tomar medidas estructurales en los próximos años, España podría perder dos décadas en términos de convergencia económica con Europa.
Por otro lado, el informe destaca que, durante la pandemia, el ahorro familiar ha crecido un 7% anual, impulsado por la incertidumbre económica, mientras que el consumo solo ha aumentado un 2,85%. Esta tendencia refleja una falta de confianza en la economía que podría obstaculizar el crecimiento a largo plazo.
"España necesita reformas estructurales que permitan una recuperación real de la renta familiar y una convergencia efectiva con Europa", ha indicado el presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero. "Lo macro y lo micro no coinciden, y aunque nos repitan hasta la saciedad que somos la locomotora de Europa, nuestros negocios no se han podido subir ni al tren", añade.
Aumento de la dependencia de las transferencias sociales
El informe destaca un incremento en la dependencia de las familias españolas de las transferencias públicas, que ahora representan un 26% de sus ingresos. Al mismo tiempo, la presión fiscal directa (IRPF y cotizaciones sociales) ha crecido un 5,3% más que los salarios y las rentas de la propiedad, lo que indica un papel cada vez más crucial del estado de bienestar.
Desde 1999 hasta 2024, los salarios y rentas reales han crecido un 3,90% anual en promedio, mientras que las transferencias públicas han aumentado un 4,85% y los impuestos directos un 4,43%. El estudio advierte que depender del consumo público sin fortalecer los ingresos salariales podría resultar en una carga fiscal insostenible para los hogares.