¿Qué es el dolo testamentario y cómo afecta a la herencia?

Un testamento es un documento a través del cual una persona deja constancia de su última voluntad y decide el destino de sus bienes, designando a una persona, o personas, como destinatarias, la forma de reparto, la cuantía, las condiciones..., es decir, todo lo que quiere que se haga con la herencia que deja. 

Pero, ¿qué ocurre cuando todos estos detalles sobre la herencia se deciden bajo coacción o siendo manipulados? En ese caso, se puede llegar a impugnar el testamento, un procedimiento civil que, se hace mediante demanda judicial, con el que se manifiesta el desacuerdo con la voluntad del fallecido o el reparto de bienes. 

En concreto, la impugnación de un testamento por dolo se trata de "una de las reclamaciones más complejas", según explican bufetes de abogados como Abogados Herencias Madrid, que indican que "no es sencillo probar la coacción o la manipulación". 

El artículo 1269 del Código Civil establece que hay dolo "cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho".

"El concepto de dolo en los testamentos no está definido en ninguna norma específica. Ha sido la jurisprudencia la que ha ido delimitando sus características y delineando su alcance", relacionando el dolo testamentario y el dolo negocial, explican. De esta forma, el dolo se da cuando se tergiversa la voluntad de la persona que realiza el testamento, presionándolo para que declare en contra de su voluntad o algo que no es verdaderamente su deseo. 

Si se comprueba ese dolo, los herederos legitimarios (estén o no incluidos en el testamento) tendrán derecho a impugnarlo, comenzando así un proceso judicial que puede derivar en la confirmación de la validez del testamento, la declaración de testamento nulo o la validez parcial del mismo. Sin embargo, para ello es necesario poder comprobarlo, no basta solo con una suposición. 

Recuerdan que un testamento podrá ser impugnado en un plazo de 15 años desde el fallecimiento del causante o la recepción del documento por parte de los herederos.