Así tributan las prestaciones de un seguro de vida

Un seguro de vida puede cubrir muy distintos riesgos, entre ellos el fallecimiento, la invalidez o la enfermedad del asegurado. Habitualmente, la empresa aseguradora se compromete con el tomador del seguro a pagarle un capital predeterminado, una renta o una prestación a las personas que el cliente haya designado, a cambio de una prima (el precio del seguro). En cuanto al tratamiento fiscal de las prestaciones, los beneficiarios tendrán que pagar los impuestos correspondientes por el cobro de cada uno de esos seguros.

De entrada, podemos tener que pagar dos tributos distintos: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD). Si el beneficiario del seguro y quien lo contrata son la misma persona, se debe pagar IRPF, mientras que si quien cobra el dinero es una persona distinta de quien lo contrató, se debe abonar el impuesto de sucesiones y donaciones. El ISD se aplica a aquellos títulos, bienes, participaciones o dinero en efectivo que llega a manos de una persona sin esta tener que aportar nada a cambio, es decir, recibir dinero de manera gratuita.

Con todo, los casos particulares son muchos y es posible que tengamos que recurrir a un profesional para que nos asesore a la hora de ponernos al día con Hacienda. Por ejemplo, si fallece nuestro cónyuge y ambos habíamos contribuido a pagar el seguro de vida, la cantidad que recibiremos se divide al 50%: a mitad queda sujeta al impuesto de sucesiones y donaciones y la otra mitad pagará el IRPF.

Pagar antes de cobrar

Si somos el receptor de un seguro de vida de un tercero, tendremos que tributar el impuesto de sucesiones y donaciones antes de poder recibir el dinero. Se trata de un impuesto directo y personal por lo que la persona que recibe la prestación está obligada a pagarlo, tanto si se trata de una póliza que se cobra en forma de rentas, como de una que se recibe con dinero al contado

Se dispone se un plazo de hasta seis meses para pagar dicho impuesto desde que se produce el fallecimiento de la persona que ha contratado el seguro. Ahora bien, la cantidad a abonar es facultad de las distintas Comunidades Autónomas, puesto que se trata de un tributo que está cedido por parte del Estado a las administraciones autonómicas. Así que, depende de ellas determinar el tanto por ciento que retienen. Algunas, por ejemplo, han establecido beneficios fiscales que reducen el importe efectivo de este gravamen hasta en un 99%, dependiendo del caso particular. Por ello, la tributación final del dinero recibido dependerá de la residencia fiscal donde se haya contratado el seguro de vida. En este calculo del montante a pagar, también entra en juego el grado de parentesco de la persona fallecida.