El modelo empresarial basado en la Economía Social es el que tiene mayor resiliencia ante la desaparición de empleo. Además, este modelo tiene una presencia mayor en las zonas rurales y en ciudades intermedias, según avanza el informe Análisis del impacto socioeconómico de los valores y principios de la Economía Social en España, realizado por la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).
El objetivo de la investigación es visibilizar y cuantificar la contribución diferencial que este tipo de economía realiza al conjunto de la sociedad, según sus impulsores, que añaden que la Economía Social en España cuenta con más de 43.000 empresas, 2.5 millones de empleos y una facturación del 10% del PIB español.
Para llevar a cabo este estudio, CEPES ha identificado de la Muestra Continua de Vidas Laborales, 10.291 entidades de Economía Social (4.751 de Economía Social de mercado) y 33.409 personas ocupadas (15.814 en la Economía Social de mercado) y las ha comparado con un Grupo de Control de empresas y empleos mercantiles en una proporción similar.
Así, el análisis confirma la mayor presencia relativa de la Economía Social en las zonas rurales y ciudades intermedias y su "significativa contribución" a la creación de actividad y empleo en ellas, a la competitividad de las economías locales y a la fijación de población en este ámbito.
En este sentido, el estudio revela que la Economía Social se ubica mayoritariamente en municipios menores de 40.000 habitantes, especialmente la Economía Social de mercado. Asimismo, muestra cómo este tipo de economía contribuye a la creación de actividad y empleo, fomenta la diversificación de la economía rural y, además, mejora la competitividad de las economías rurales.
Por otro lado, la contribución de la Economía Social a las ciudades intermedias y zonas rurales, según CEPES, se canaliza también a través del emprendimiento. En particular, el informe destaca que el 43,5% de las empresas más jóvenes de la Economía Social de mercado se han ubicado en zonas rurales o ciudades intermedias (35,8% en la economía total sin sector público).
Además, la distribución sectorial de las empresas de Economía Social muestra también una mayor dispersión por sectores, favoreciendo así la diversificación de la economía rural; y mejora la competitividad de las economías rurales a través del desarrollo de determinadas ramas que permiten un mejor aprovechamiento de las potencialidades o acercan una oferta de servicios sociales y educativos, vital para frenar la pérdida de población.
De este modo, "gracias al mantenimiento de los principios de Economía Social, frente a un escenario alternativo donde pasasen a tomar sus decisiones de localización como lo hacen las empresas mercantiles", se mantienen cerca de 74.000 empleos en las zonas rurales y se previene que unas 192.000 personas se desplacen a zonas urbanas, añade el estudio.
La Economía Social en el tejido productivo español
El informe destaca cómo durante el período 2017-2021, marcado por el "fuerte impacto negativo de la pandemia de la COVID-19 sobre la economía española y el inicio de la recuperación económica en el año 2021", el desempeño de la Economía Social fue "más positivo" que el de la economía total, sin incluir el sector público.
Este estudio recoge en su Capítulo I un desarrollo del tejido productivo español, donde se revela que 6,3 de cada 100 organizaciones del sector privado de la economía española pertenecen a la Economía Social, un 0,3 más que los datos del estudio de 2019.
En cuanto al desarrollo de la Economía Social por comunidades autónomas, la investigación refleja diferencias "muy significativas". Se destaca el alto desarrollo que tiene en Ceuta, Melilla, Castilla-La Mancha, Navarra, el País Vasco y Murcia, en contraste con la Comunidad de Madrid, las Islas Baleares y Canarias.
Por otro lado, el estudio precisa que, si bien está presente en todos los sectores económicos, este modelo empresarial presenta un "peso relevante" en el sector de cuidados y otros servicios sociales (43%), en el sector de cultura y ocio (35,2%), de educación (26%), de agricultura (12,8%) y en el sector de energía y agua (10,9%).
Crecimiento inclusivo y reducción de las desigualdades
"El comportamiento de las empresas y entidades de la Economía Social es diferente al comportamiento de las empresas mercantiles, y se traduce en un crecimiento económico más inclusivo, que proporciona una mayor estabilidad y que reduce significativamente las desigualdades", argumenta el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño.
Los efectos sobre la cohesión social que se reflejan en el informe se centran en cuatro áreas: ocupación de colectivos con dificultades de acceso al empleo, la estabilidad en el empleo, la igualdad de oportunidades, y la oferta de servicios de cuidados, educación y gestión del agua.
De este modo, los resultados obtenidos confirman la existencia de un comportamiento diferencial ya que, por ejemplo, "la economía social incorpora, en mucha mayor medida que la economía mercantil, colectivos de trabajadores con dificultades específicas de acceso al empleo". Esta mayor presencia se refleja en la Economía Social de mercado con un 27,7% del total de las plantillas frente al 22,1% en las empresas mercantiles.
La economía analizada ofrece mayores niveles de estabilidad en el empleo, mayores niveles de igualdad y una ampliación de la oferta de servicio de cuidados, educación y gestión del agua, según ha señalado CEPES. Asimismo, existe una menor brecha salarial ya que, como revela el estudio, las mujeres cobran un 3% menos que sus compañeros varones mientras que en la economía mercantil, este porcentaje es de un 26%, además de mayores niveles de igualdad y ampliación de la oferta de servicios de cuidados, educación y gestión del agua.
Impacto en términos de empleo y valor monetario
Con objeto de cuantificar el impacto de los principios diferenciales de la Economía Social se ha comparado el escenario real con un escenario alternativo (e hipotético) en el que las empresas de la Economía Social "pierden sus principios" y pasan a comportarse como empresas mercantiles.
En relación al valor monetario de la contribución de los principios de la Economía Social de mercado, el informe revela que los valores de las empresas y entidades de Economía Social aportan a la sociedad 11.026 millones de euros anuales, casi 5.000 millones más que en el año 2019.
El escenario alternativo al real, un escenario en el que la Economía Social de mercado se comportase como la mercantil, más de 181.000 trabajadores pertenecientes a algún colectivo con dificultad de acceso a la ocupación perderían su empleo. Además, habría "menores niveles de estabilidad y aumentaría el número de personas con una o más experiencias de desempleo", cerca de 222.587 según sus cálculos.
Por otro lado, los salarios serían menores, lo que afectaría a un grupo de en torno a 272.500 trabajadores, principalmente mujeres, mayores de 55 años y personas con discapacidad, al igual que la igualdad de oportunidades en las empresas pues, según el informe, unas 232.982 mujeres verían incrementada su brecha salarial respecto a sus compañeros varones y se reduciría la diversidad en los puestos directivos y de alta cualificación.
Además, se perderían en el sector privado cerca de 76.820 puestos de trabajo en servicios de cuidados y otros servicios sociales y 52.745 empleos en los servicios de educación; mientras que en zonas rurales se perderían cerca de 74.000 empleos en las zonas rurales y unas 192.000 personas podrían desplazarse a zonas urbanas.
