En un momento en que los agentes sociales y el Gobierno están negociando el contenido de un posible pacto de rentas, el Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han celebrado este jueves una jornada titulada Estrés económico y social, y posicionamiento sobre pacto de rentas, organizada conjuntamente por ambas entidades, con el objeto de reflexionar sobre la conveniencia, o no, de un acuerdo social de estas características y sobre la forma en la que debería encararse.
Mes a mes, se ha visto cómo se han ido incrementando los costes energéticos y de materias primas, y se han ido trasladando a la inflación, hasta alcanzar una tasa interanual del 10,2% en junio –la más alta en 37 años–, lo que está mermando el valor real de las rentas salariales y empresariales.
En este contexto, se produce un lógico aumento de la crispación social ante las crecientes dificultades para llegar a fin de mes. Una de las soluciones que se han apuntado es que los agentes económicos y el gobierno negocien un acuerdo para repartir equitativamente los costes que esta crisis supone –lo que se conoce como pacto de rentas–, evitando el inicio de una espiral de precios y salarios que tendería a enquistar la inflación, lo que supondría un lastre difícil de superar para la tan deseada recuperación económica de España.
Hasta el momento, los agentes más relevantes y parte activa en el debate sobre un posible pacto de rentas –Gobierno, patronal y sindicatos– han coincidido en el diagnóstico, pero todavía no han logrado alcanzar un acuerdo de mínimos. Ante una cuestión de tanto calado para la economía española, CGE y Fedea han celebrado un coloquio para debatir sobre la conveniencia, o no, de un pacto de rentas, y, en caso de llevarse a cabo, qué características debería tener.
En la sesión han participado Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE); Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), y Jordi Alberich, vicepresidente coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos.
El debate ha girado en torno a dos preguntas clave: ante una situación como la actual, ¿sería útil un pacto de rentas? y ¿qué medidas y sectores deberían incluirse?
¿Sería útil un pacto de rentas?
Para Jordi Alberich, "una vez hemos comprobado que la inflación no es un fenómeno pasajero como queríamos creer hasta hace poco y sin que nada augure que pueda reducirse de manera significativa en un futuro inmediato, el pacto de rentas se constituye en el eje central de la lucha contra el alza de precios". "Se trata de evitar caer en una espiral inflacionista y, a su vez, transmitir a la ciudadanía que todos los perceptores de rentas, de uno u otro tipo, compartimos de manera equitativa el coste de la inflación", afirma.
A esta pregunta, Ángel de la Fuente ha respondido que sí, "porque puede ayudar a evitar que el shock de precios que estamos sufriendo se convierta en una inflación sostenida". "La subida de los precios de la energía y otras materias primas desencadenada por la guerra nos ha hecho más pobres. Ante esto, caben básicamente dos opciones: aceptarlo y tratar de repartir la pérdida de renta de una forma más o menos equitativa, o tratar de pasarle la pelota al vecino, subiendo nuestros precios o salarios. Si optamos por lo segundo, seguiremos siendo más pobres, pero pondremos en marcha una espiral inflacionista que agravará el problema", indica.
Por su parte, Valentín Pich ha insistido en la necesidad de llevar a cabo un pacto de rentas, pero "de gran alcance a la manera de lo que fueron los Pactos la Moncloa, con la participación del mundo político, económico y social". Para Pich, "la situación actual requiere de ese esfuerzo común que trate de frenar la espiral entre precios, salarios y márgenes empresariales; repartir los costes derivados de la inflación, y promover la simetría entre agentes económicos, para lo que resulta clave establecer un conjunto de medidas que verdaderamente sea capaz de penetrar en los distintos niveles y sectores de la economía española".
¿Qué medidas y sectores deberían incluirse?
Jordi Alberich considera que "el pacto debe resultar lo más amplio posible, con el objetivo de proteger la actividad productiva y los colectivos más frágiles, sin desatender los equilibrios macroeconómicos". "Para ello debemos considerar la conveniencia de alcanzar un acuerdo para moderar los ingresos de los trabajadores, empleados públicos y pensionistas, así como las rentas del capital y los márgenes empresariales; definir políticas públicas orientadas a los ciudadanos en riesgo de exclusión y los sectores productivos más golpeados por el alza de precios; y deflactar los tipos del IRPF, para ajustarlos al poder de compra real", explica.
Para Ángel de la Fuente, "el núcleo de un pacto de rentas es un acuerdo para limitar la subida de los salarios y los precios. Es importante que los sacrificios necesarios se repartan entre todas las rentas relevantes, incluyendo, en particular, los salarios privados y públicos, las pensiones, los márgenes empresariales y los alquileres". "A esto habría que añadir dos tipos de medidas complementarias, como ayudas directas a los sectores productivos más afectados por el shock y a los hogares de menor renta; y medidas destinadas a reducir la demanda de energía y a aumentar la oferta no fósil. En relación con la primera, las ayudas deberían tomar la forma de transferencias no condicionadas en vez de subvenciones a los precios energéticos, que tenderían a incrementar la demanda y entorpecer el necesario ajuste", señala.
Según Valentín Pich, "para que un pacto de rentas consiga los efectos de repartir más equitativamente los costes de la inflación, este debería llegar a un mayor número de agentes y elementos también protagonistas en la redistribución de los impactos económicos de esta crisis". Para Pich, también debería contemplarse la deflactación de la escala de gravamen del IRPF, "que, si bien podría tener una incidencia en el aumento de precios, no deja de ser un mal menor en comparación con la enorme pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los contribuyentes, especialmente los de rentas bajas y medias".
En cuanto a los nuevos impuestos a las eléctricas anunciados este martes por el presidente del Gobierno, Valentín Pich ha advertido del "peligro de que puedan desincentivarse las inversiones si este impuesto no se diseña adecuadamente". "En cuanto al gravamen a las entidades financieras, ha recordado que, durante seis años de tipos en negativo, el sector ha operado con márgenes muy estrechos, y que, además, la banca ya soporta un tipo nominal más alto en el impuesto de sociedades, por lo que esta medida podría tener efectos negativos para un mercado ya bastante presionado, y desincentivar la inversión", considera.
Conclusiones
El director ejecutivo de Fedea y el presidente del Consejo General de Economistas han cerrado el acto enunciando las principales conclusiones de la jornada. "Los agentes sociales y el Gobierno deberían consensuar de manera urgente un pacto de rentas amplio que debería incluir a empleados públicos y pensionistas al nivel que corresponda".
"También habría de incrementarse aún más la protección a los ciudadanos en riesgo de exclusión y a los sectores productivos más golpeados por el alza de precios mediante ayudas directas en forma de transferencias no condicionadas; y debería deflactarse la escala de gravamen del IRPF, ajustando al alza los intervalos de renta a los que se aplica cada tipo, con el fin compensar la pérdida de poder de compra real de las rentas", apuntan.
En cuanto a los nuevos impuestos a las compañías energéticas y a las entidades financieras, el Consejo General de Economistas y Fedea han advertido, a la espera de una mayor concreción, que "la introducción de impuestos ad hoc que graven de forma diferenciada a determinados sectores no suele ser recomendable, entre otras cosas, porque introduce un elemento de inseguridad jurídica que hace el país menos atractivo para la inversión y la actividad económica".
Por otra parte, los impuestos a las eléctricas "deberían ser diseñados con cuidado, pues ya existen otros mecanismos para detraer posibles rentas extraordinarias del sector y, como advierte la Comisión Europea, un exceso de celo en esta línea tenderá a desincentivar la inversión en nueva capacidad renovable".
En el caso de las entidades financieras, consideran que "es muy difícil argumentar que el inicio de la normalización de los tipos de interés pueda estar generando grandes beneficios atípicos". "Al contrario, el sector lleva años operando en un escenario complejo, caracterizado por la estrechez de los márgenes y se enfrenta en el futuro inmediato a significativos riesgos de morosidad derivados de la pandemia", sostienen.
