Las eléctricas y los políticos expulsan del bono social a medio millón de pensionistas

A pocos días de que el Ministerio de Energía y transición ecológica lance un nuevo paquete de medidas de lucha contra la pobreza energética con la vista puesta en la cita electoral del 28A, la realidad es que las políticas puestas en marcha en los últimos años para reducir la factura de la luz en los hogares más vulnerables no han tenido el éxito esperado. Y el problema se agudizará a partir de abril, cuando el Gobierno eleve la fiscalidad de la generación provocando una nueva subida del precio de la electricidad. 

Las cifras son escalofriantes: la ineficiencia de las ayudas públicas, junto con la opacidad y la burocracia excesiva que imponen las compañías eléctricas a los solicitantes condenan en España a 480.000 personas mayores a la pobreza energética, al no disfrutar de ningún descuento ligado al bono social a pesar de estar en situación de vulnerabilidad.

Antes de las últimas dos reformas del bono social –una realizada por el PP y otra por el PSOE– un total de 2,4 millones de hogares disfrutaban de este sistema que permite una rebaja de entre el 25% y el 40% de la factura, pero en la actualidad el volumen de beneficiarios se ha rebajado a la mitad. Es la principal –por no decir la única– medida diseñada para proteger a los consumidores vulnerables en materia energética.

En concreto, según los datos internos de las empresas eléctricas a los que ha tenido acceso 65Ymás, en estos momentos 1,2 millones de consumidores han accedido al bono social, es decir, la mitad de los que la tenían concedida en el arranque de 2017. Y el 40% de los que han quedado excluidos (480.000 personas) son pensionistas, fundamentalmente viudas y jubilados.

Bono social trampa: diseñado para no ser concedido

“El mecanismo de solicitud del bono social parece haber sido diseñado para desincentivar que se solicite, ya que obliga a desnudarse ante la Administración y las empresas suministradoras y, los que dan el paso y lo piden se encuentran con una maraña de papeleo que dificulta aún más la concesión de esta ayuda”, señala a este diario la presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), Paca Tricio.

A la cuestión burocrática se suman otros elementos que excluyen a los mayores potenciales beneficiaros del bono social. “Existe mucho desconocimiento sobre la existencia de este sistema y, sobre todo, respecto a los criterios que hay que cumplir; aunque quizás lo más relevante es que el proceso de solicitud es muy complicado y esto provoca que los mayores tengamos que pedir ayuda a familiares y amigos, lo que no siempre es posible”, añade Tricio.

Finalmente, la presidenta de UDP apunta que en algunos casos el bono social ni siquiera se solicita por considerarse una especie de recurso estigmatizado ligado a pobreza y exclusión. “Nadie quiere que se le considere como una persona que está en una situación límite que debe vivir de la caridad y que no puede llegar a fin de mes”, concluye Tricio.

El sector eléctrico es un oligopolio sin competencia real

Aunque los partidos políticos y las empresas se culpen mutuamente de dejar desprotegidos a más de un millón de consumidores vulnerables, existen algunas certezas. El último Estudio sobre los Consumidores Vulnerables del Sector Eléctrico –elaborado por Fundación ONCE, Cermi e Hispacoop– revela que a pesar del bono eléctrico hay 1,6 millones de personas mayores que tienen dificultades para hacer frente a los recibos de la luz.

Este estudio constata que existe un “mercado regulado poco claro y sin competencia efectiva” en el que Endesa (@Endesa), Iberdrola (@iberdrola) y Naturgy (@Naturgy) trabajan como un oligopolio tanto en tarifas como en servicios en el que no existe voluntad de mantener una correcta atención al consumidor y que provoca que “el mercado eléctrico resulte poco accesible, opaco, extraño y que además no sea ni abierto ni transparente”.

Asimismo, en el citado informe se plasma la principal queja de las asociaciones de consumidores cuando se habla de suministro energético: las “prácticas comerciales abusivas o engañosas” que en algunos casos se combinan con técnicas agresivas de captación que incluyen fórmulas de venta que rozan la ilegalidad. Este fenómeno se ha recrudecido con el incremento de las comercializadoras cuyos agentes cobran en función del número de contratos firmados, aunque los servicios ofrecidos no se adecúen a las necesidades de los nuevos clientes.

“Los mayores y las personas con discapacidad sienten que están sufriendo con mayor intensidad y gravedad los problemas que ya experimenta la población en general en relación con las compañías eléctricas. El suministro eléctrico no es sólo un bien de primera necesidad para este colectivo de consumidores vulnerables, sino una energía objetivamente vital; al tener más necesidad de un ambiente térmico y el empleo de productos de apoyo, tales como camas articuladas o sillas de motor, llegando incluso en determinados casos a requerir equipos de soporte vital”, explica a 65Ymás Lourdes Márquez, jefa de Relaciones Sociales e Internacionales de Fundación ONCE.

A todo esto se suma la brecha social y digital, que es un grave problema que agrava aún más la vulnerabilidad. Las peculiaridades de estos perfiles como consumidores derivados de su edad se multiplican cuando confluyen un menor nivel educativo y de renta, la ausencia de red de apoyo social o familiar y el acceso a las tecnologías, condicionando, en gran medida, la comunicación con las compañías energéticas, el acceso a la información (tarifas, ofertas, contratos, etc.), así como a los beneficios específicos a que se pueden acoger estos colectivos.

Las compañías trasladan la culpa a la Administración

Por su parte, las compañías eléctricas niegan que existan irregularidades en la tramitación del bono social y atribuyen toda la responsabilidad a los sucesivos Gobiernos, que además de cambiar los requisitos para acceder al mismo son en última instancia las encargadas de autorizar o rechazar las solicitudes y las que han diseñado un mecanismo de comprobación de datos para comprobar las peticiones que crea más problemas de los que soluciona.

“Las empresas eléctricas simplemente actúan de intermediarios, nosotros ni damos el bono, ni decimos quien tiene derecho a el, ni aportamos ningún tipo de criterio, ni comprobamos su los clientes cumplen los criterios. lo que hacemos es recoger las solicitudes, pasarlas a la Administración y comunicar a los usuarios la decisión. Cuando las peticiones son rechazadas el impacto en la imagen de la compañía es letal, a pesar de que la decisión no le corresponde a ella”, indican a este diario fuentes de Aelec, la asociación que representa los intereses de EDP, Endesa, Naturgy, Iberdrola y Viesgo.

“En muchos casos los solicitantes que han visto rechazada su petición acuden a servicios de consumo de comunidades autónomas y ayuntamientos que les aseguran que la responsabilidad de conceder esta rebaja en la factura es de las empresas eléctricas generando aún más desinformación y provocando una situación anómala”, añaden las fuentes consultadas tras recordar que aquellas personas que cumplan los requisitos y no hayan solicitado todavía ser incluidos en el bono social pueden hacerlo sin límite temporal.

El bono social enfrenta a empresas y Gobierno prácticamente desde su nacimiento, ya que el encargado de asumir el coste del mismo es el sector privado con un desembolso cercano a los 200 millones de euros que cada año sale de la tesorería de las compañías energéticas. De hecho, las empresas han llevado esta medida al Tribunal Supremo por considerar que se trata de una política social pública que debería ser financiada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y no a costa de sus accionistas.

Bajar el IVA es la solución que descarta el Ejecutivo

En cuanto al papel del Ejecutivo, el hecho de que se haya centrado todo el debate en torno al bono social ha permitido que el Ministerio de Hacienda haya eludido la principal cuestión cuando se habla del recibo eléctrico: que dos terceras partes de la factura corresponden a impuestos y peajes que son independientes del consumo que realizan los hogares. Aunque durante una meses se ha congelado el impuesto a la generación del 7% que pagan las eléctricas el Gobierno no se ha planteado en ningún momento rebajar el IVA por ser el suministro un bien de primera necesidad.

La cuestión del IVA no es baladí, ya que en España se paga un tipo del 21% por la electricidad, que es el gravamen más alto de las principales economías de la eurozona. En Alemania se aplica un 18%, mientras que en Francia oscila entre el 5,5% y el 20% en función del tipo de consumidor, en Italia es del 10% y en Reino Unido es solamente del 5%. Baste decir que si en España se aplicara un tipo superreducido del 4% –que es el que se aplica a los productos y servicios de primera necesidad– el ahorro medio sería de 130 euros anuales por usuario.

El pasado enero, en una comparecencia en el senado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció que el Gobierno estaba estudiando una rebaja del IVA de la electricidad para los colectivos más vulnerables, pero horas después portavoces de su departamento se apresuraron a aclarar que todo había sido una “equivocación” tras el toque de atención del Ministerio de Hacienda, que carece de ingresos para financiar las medidas de gasto público aprobadas en los últimos meses.