La Inspección de Trabajo ha enviado un importante aviso a las empresas a costa de las comunicaciones que realizan a través de medios electrónicos con sus plantillas. Y es que con la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) en la mano, el envío de correos electrónicos fuera del horario de trabajo puede considerarse como una vulneración del derecho a la desconexión digital de los empleados considerada como infracción grave de la normativa laboral cuyas sanciones se sitúan entre los 626 y los 1.250 euros en su grado mínimo; entre 1.251 a 3.125 euros en su grave medio; y entre 3.126 y 6.250 euros en su grado máximo.
En cualquier caso, se trata de unas infracciones que no pueden ser objeto de sanción sin la instrucción previa del oportuno expediente, a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Según Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, lo único que podría eximir a la empresaes esque "la compañía deje claro, por cualquier mecanismo, que esas comunicaciones tienen que responderse en horario de trabajo".
La gran mayoría de los abogados laboralistas considera que el descanso laboral implica que las empresas no pueden exigir a sus trabajadores que lean y contesten emails, pero Ercoreca también ve como sancionable simple hecho de su envío si no se acalra expresamente que el trabajador no tiene obligación de responder fuera de la jornada laboral
El artículo 7.5 de la ley de infracciones del orden social establece como infracción grave "la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el tiempo de trabajo".
Esta es la tesis que se mantiene en la denuncia que ha sido presentada por la Inspección Provincial de Trabajo en Tarragona contra Prosegur, en la que se señala que los trabajadores "reciben correos electrónicos y llamadas fuera del horario de trabajo por su responsable directo". Una actitud de la empresa agravada por el hecho de que la plantilla respondía a los mismos "por temor a las represalias", por lo que podría imponerse una sanción mayor de entre 6.251 a 187.000 euros.
