La Abogacía del Estado ha solicitado la desestimación del recurso contencioso administrativo interpuesto por la Generalitat Valenciana contra el Ministerio de Transición Ecológica para paralizar la autorización administrativa relativa a la instalación de parte del parque eólico del clúster del Maestrazgo, y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de Cantavieja y Mirambel en la provincia de Teruel, y Portell de Morella, Cinctorres y Morella, en la provincia de Castellón.
Un proyecto defendido por la totalidad de los municipios turolenses en los que se instalará el parque eólico en las comarcas del El Maestrazgo y Gúdar-Javalambre, pero que se ha encontrado con la única oposición de los tres municipios valencianos, por los que pasa la línea de evacuación.
La Abogacía del Estado da sin embargo la razón en este punto al Miteco y considera que la declaración de impacto ambiental recoge "de forma íntegra" la propuesta de la Dirección General de Política Territorial y Paisaje de la Generalitat Valenciana.
De hecho, tal y como claman los alcaldes turolenses, esta línea no es nueva y ya existe. La línea de evacuación SET Iglesuela y SET Morella y la línea LAAT Renomar 400 kV se integrarán para minimizar afecciones aprovechando el corredor generado por el trazado de línea de evacuación ya existente y utilizada por otros parques eólicos en la zona.
La demanda interpuesta por la Comunidad Valenciana planteaba que el clúster de El Maestrazgo vulneraba la ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Sin embargo, el Miteco presentó el estudio de impacto ambiental, el trámite de información pública y consultas, así como la documentación complementaria presentada con posterioridad por el promotor en una adenda. Por otra parte, se concluye también que el proyecto se sometió a una adecuada evaluación de sus repercusiones en los espacios de la Red Natura 2000.
El proyecto, como es habitual en estos casos, ha sufrido modificaciones y ha incorporado cambios en La Iglesuela y Morella atendiendo al informe de la Direcció General de Política Territorial i Paisatge de la Generalitat Valenciana.
También se ha incorporado un programa de compensación por los impactos permanentes del proyecto sobre el paisaje, que se actualizarán cada cinco años de conformidad con las administraciones locales de los municipios afectados y las administraciones competentes en paisaje y en turismo de Aragón y la Comunidad Valenciana. La Abogacía del Estado avala así la correcta tramitación de este proyecto por parte del Miteco y procede a imponer las costas a la Generalitat.
