Si el entramado normativo español ya era complejo y pesado en el día a día de las empresas españolas, la COVID-19 ha empeorado la situación. La lucha contra la pandemia y todas las medidas excepcionales adoptadas por el Gobierno han disparado en más de un 22% la producción de normas estatales, mientras que las normativas autonómicas con rango de ley se elevaron un 7% el año pasado.
Así lo pone de manifiesto CEOE en su informe anual sobre producción normativa correspondiente al año 2020, en el que analiza la carga regulatoria que soportan las empresas por la complejidad del entramado normativo español.
Cuestiones como la aprobación y renovación de los ERTE, la normativa concursal, los nuevos plazos tributarios, diferentes tipos de moratorias para empresarios y autónomos, los cierres y las ayudas, entre otros, han cambiado el día a día de las empresas, han generado dudas y confusión, y una gran actividad para los departamentos jurídicos y asesorías.
Pero no todo se puede achacar a la pandemia. 2020 ha sido el quinto ejercicio consecutivo en el que el número de reales decreto ley ha sido superior al de leyes ordinarias publicadas en el BOE.
El informe concluye, en concreto, que las normas de carácter nacional publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se incrementaron un 22,4% durante el ejercicio 2020, mientras que las normas con rango de ley a escala autonómica lo hicieron en un 7%.
El estudio del Departamento de Digitalización, Innovación, Comercio e Infraestructuras (DICI) de CEOE advierte de la excepcionalidad de los datos por el efecto de la pandemia de la COVID-19 en la actividad normativa de las administraciones.
En concreto, el estudio destaca que se aprobaron 793 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal a lo largo del año 2020, lo que supone un incremento del 22,4% con respecto al ejercicio anterior, mientras que las normas con rango de ley no superaron las 53.
Además, la pandemia ha hecho que 2020 sea el año en el que más reales decreto ley se han aprobado en España (39), de forma que el 72% de las normas con rango de ley han sido desarrolladas a través de un real decreto ley. Igualmente, 2020 ha sido el quinto ejercicio consecutivo en el que el número de reales decreto ley ha superado al de leyes ordinarias publicadas en el BOE.
Por su parte, las normas con rango de ley aprobadas por las comunidades autónomas ascendieron a 332 en 2020, lo que representa un crecimiento del 7% respecto a 2019.
Otro de los datos que pone de relieve el informe es que en 2020 se editaron en el BOE 191.776 páginas, cifra que, si se suma a las de los boletines oficiales autonómicos (753.322), resulta en casi un millón de páginas publicadas (945.098).
Para la patronal, la carga regulatoria está directamente relacionada con la competitividad de nuestra economía. CEOE pide no añadir cargas innecesarias a las empresas, que para cumplir con la legislación que les es aplicable deben destinar ingentes recursos que lastran su competitividad e impiden que se genere mayor riqueza y empleo.
El último Informe de Competitividad Mundial del World Economic Forum, correspondiente a 2019, sitúa a España en el puesto 114 de 141 países a la hora de valorar el nivel de carga que supone para las empresas tener que cumplir con toda la regulación existente.
Este es uno de los puntos que lastra a España a la hora de obtener una mejor puntuación de competitividad. En ese mismo informe del World Economic Forum, España obtiene 75,28 puntos en el Índice de Competitividad. Ocupa el puesto 23 de los 141 analizados.
LA CEOE también hace un análisis de la producción normativa en la Unión Europea. El número de actos jurídicos adoptados en 2020 en la UE ascendió a 2.030, distribuidos en 931 reglamentos, 20 directivas y 1.079 decisiones, lo que se traduce en un ligero incremento del 1,8% con respecto a 2019. En cuanto a la legislación total vigente en la UE, acumula un total de 51.924 normas.
Por todo ello, CEOE reclama un marco institucional que promueva un Estado de Derecho sólido, donde la regulación sea estable, fiable y cumpla con los criterios de las buenas prácticas regulatorias, lo que es imprescindible para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo empresarial.
