La Comunidad de Madrid reclamará 73 millones de euros al 'cártel de los pañales'

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La cascada de reclamaciones por el conocido como el 'cártel de los pañales' se suceden en las comunidades autónomas. La última en hacerlo ha sido la Comunidad de Madrid, que estima un daño a las arcas públicas madrileñas de 73 millones de euros por prácticas ilegales por parte de las principales empresas del mercado de la incontinencia durante más de una década. Recordemos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia multó en 2016 con 128,8 millones de euros a los principales fabricantes del momento – Laboratorios Indas (Attindas), Essity (antes SCA), Hartmann, Procter & Gamble (anterior dueña de Lindor), Ontex, Barna Import Medica (Bimedica), Textil Planas Oliveras y Algodones del Bages–, por prácticas de 'cartel'. 

En concreto, por haber haber pactado acordado y fijado precios de venta absorbentes – entre 1996 y 2014 en las licitaciones públicas de estos productos, muchos de los cuales están financiados por la Seguridad Social para las personas con incontinencia urinaria grave. Este hecho ya ha empezado a suponer en 2023 demandas por parte de algunas comunidades autónomas que gestionan el copago de estos productos y han sido los principales damnificadas del acuerdo de precios, según explican fuentes legales cercanas al caso. 

Más de 73 millones en daños

Algunas compañías, al no estar de acuerdo con las sanciones, las recurrieron en los tribunales, que en sucesivas sentencias las han ido desestimando hasta que el pasado verano el Tribunal Supremo (TS) confirmó las últimas penalizaciones que le quedaban pendientes. Hasta 14 autonomías manifestaron su intención de recurrir cantidades millonarias por este fraude y entre ellas se encuentra la Comunidad de Madrid. En una estimación inicial, los responsables de la Administración regional han calculado el daños a las arcas públicas madrileñas en 73 millones de euros por prácticas de mercado prohibidas durante 14 años. Así lo trasladó la directora general de Patrimonio y Contratación, Beatriz Martín de la Peña, durante una comparecencia en la Asamblea regional, según publica el diario 20 Minutos.

La responsable autonómica detalló que se lleva meses trabajando en este asunto y que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) ya formuló en su día una reclamación extrajudicial de los daños y perjuicios a las empresas sancionadas. "El objeto principal de la reclamación fue, por un lado, la reclamación del abono de cantidades; y por otro, hacer uso de lo establecido en el artículo 1.973 del Código Civil, que se refiere a la suspensión de los plazos de prescripción en las acciones judiciales", explicó.

Sin respuesta de las empresas

"Las empresas que estaban involucradas en este cártel no dieron contestación", aseveró Martín de la Peña, que agregó que el siguiente paso que dio la Comunidad fue iniciar los trámites para analizar cuál sería el comienzo de las acciones judiciales. Los hechos con todo detalle se trasladaron a los abogados de la Comunidad de Madrid, a los que se les pidió un informe que avalara la viabilidad de la reclamación, tal y como establece la ley. 

Ese informe de la Abogacía llegó hace unos meses y ponía el acento sobre dos circunstancias. En primer lugar establecía que aunque se había constatado que el cártel había empezado a operar en 1996, la Comunidad solo podría reclamar daños a su Hacienda desde 2001 porque fue entonces cuando el Estado transfirió a la región las competencias en materia sanitaria. En segundo, recomendaba que se encargar un dictamen pericial en el que se constatase con precisión la cuantía exacta de los perjuicios a reclamar "para tener más éxito en la viabilidad de la acción judicial".

Próximos pasos

Este es un encargo que aún no se ha materializado, según manifestó, porque los pliegos se encuentran en fase de elaboración. La responsable autonómica sí que comunicó que el plazo de ejecución que se baraja para el contrato son seis meses y que requerirá unas 1.000 horas de trabajo a razón de 100 euros la hora. Los técnicos de la empresa que resulte adjudicataria partirán de la estimación de daños valorados en 73 millones de euros que ha hecho ya el Gobierno regional, aunque este dato puede cambiar en función del examen pericial. 

Cuando el análisis pericial esté completado y plasmado en un documento, este se remitirá a los tribunales para que se inicien las acciones judiciales y la Comunidad pueda recuperar el dinero público que le estafó el 'cártel de los pañales para adultos', según publica el diario.