El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-Ley de medidas urgentes, mediante el cual incorpora al ordenamiento jurídico español la directiva europea sobre la distribución de seguros, además de trasponer parcialmente la directiva sobre fondos de pensiones de empleo y la directiva de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas.
En cuanto a la directiva de distribución de seguros, que debía haberse traspuesto antes del 1 de julio de 2018, garantizará una mayor protección a los clientes de seguros, otorgando más transparencia y seguridad jurídica y económica, con independencia del canal de distribución que se utilice para adquirir el seguro. Por primera vez se incluye a las entidades aseguradoras y no solo a los mediadores. La ley afecta a todas las entidades de seguros y sus empleados que distribuyan seguros directamente, a más de 72.000 agentes de seguros, a más de 3.300 corredores sujetos a la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) y a 1.740 corredores de seguros supervisados por las comunidades autónomas.
Información de los costes
La directiva exige nuevos requisitos de información destinados a los productos de seguros, especialmente cuando el tomador es el que asume el riesgo de la inversión. Además de advertir sobre los riesgos del producto y el análisis previo y periódico de la idoneidad del cliente, los corredores deben informar al asegurado de todos los costes de la operación, incluida la retribución que perciben. Desde el Ministerio de Asuntos Económicos (@_minecogob) indican que este desglose de costes incluye “cualquier tipo de incentivo que pueda suponer un conflicto de interés por parte del distribuidor”.
Supervisión y gobernanza de las entidades
Las aseguradoras y mediadores de seguros estarán obligadas a contar con procesos internos para el diseño, aprobación y control de los productos que distribuyan. Asimismo, tendrán que identificar el público objetivo al que conviene cada producto que pongan en el mercado. Se dicta asimismo una mayor coordinación entre supervisores de otros países para la venta de seguros.
Comparadores de seguros en internet
Siempre deben tener detrás una entidad o correduría de seguros que cumpla todos los requisitos legales establecidos, aunque fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos afirman que, “en la inmensa mayoría de los casos", ya era así.
Régimen de infracciones y sanciones
Serán más elevadas, y por primera vez se introduce el sistema denominado whistleblowing (denuncia anónima ante la Dirección General de Seguros) para que los profesionales del sector colaboren sin sufrir represalias.
Ventas vinculadas
Cuando se produzcan ventas vinculadas (si el contrato de seguro no se ofrece al cliente por separado) y combinadas (si se ofrece también por separado), la norma determina que el distribuidor de seguros debe informar si los distintos componentes pueden adquirirse o no de forma separada, indicando los costes y gastos de cada uno, y cuál es el beneficio para el asegurado de contratarlos de forma conjunta.
En el caso de seguros vinculados a créditos inmobiliarios, la regulación será la prevista en la ley de crédito inmobiliario.
Seguros vinculados a fondos de inversión (unit linked)
Los vendedores deben advertir al asegurado de los riesgos del producto y realizar un análisis previo de idoneidad y una evaluación periódica de la misma, además de recabar información sobre los conocimientos financieros y experiencia del cliente y los objetivos de inversión perseguidos.
Más poder para la Dirección General de Seguros
La directiva traspuesta concede mayores competencias a la Dirección General de Seguros y establece nuevos tipos infractores y sanciones más elevadas. Asimismo, en materia de formación y competencia profesional de los vendedores, la nueva normativa exige que sea acorde a la dificultad y complejidad del producto que comercializan. Para evitar los conflictos de interés, se habrá de informar al cliente sobre todos los costes de la operación, detallando los honorarios y comisiones que el corredor percibe por la venta del seguro.
Fondos de pensiones de empleo
En su reunión del martes, el Consejo de MInistros ha dado vía libre también a la nueva normativa sobre fondos de pensiones de empleo, que traspone parcialmente la directiva europea (el plazo venció el pasado 13 de enero) y que requerirá de un desarrollo reglamentario que la complete.
Su objetivo es crear un marco armonizado de los fondos de pensiones de empleo (no los individuales) dentro del mercado único de capitales. Para ello, fija normas generales sobre su sistema de gobierno que garanticen la buena gestión del ahorro acumulado por los trabajadores, establece la obligación de que cuenten con funciones de auditoría interna, actuarial y gestión de riesgos y exige contar con una adecuada política de inversiones, entre otros aspectos.
Los partícipes y beneficiarios deben contar con toda la información, antes y después de la entrada en el plan de pensiones, para que conozcan sus derechos de pensión, el nivel previsto de las prestaciones de jubilación, los riesgos que asumen y los costes de gestión.
Asimismo, se refuerza la supervisión pública de los fondos de pensiones, regulando el objetivo y ámbito de la supervisión prudencial, los poderes de inspección e intervención y la información que las gestoras deben proporcionar al supervisor, así como la actividad internacional de los fondos de pensiones de empleo dentro del mercado único europeo.
