El resultado del conflicto por la negociación del V convenio colectivo de Endesa, que llevaba más de dos años bloqueado, y que se ha culminado esta semana con la emisión del laudo arbitral por parte del exministro Manuel Pimentel y la firma del nuevo convenio, está muy lejos de lo esperado por los agentes implicados. Por un lado, la empresa ha vinculado la resolución del conflicto al lanzamiento de un plan de bajas incentivadas para mayores de 50 años, que podría afecta al 11% de la plantilla. Y por otro lado solo UGT, el sindicato mayoritario de la eléctrica ha firmado el convenio colectivo, mientras que CC.OO. y SIE, se han negado a hacerlo por considerarlo gravemente lesivo para los intereses de los trabajadores y extrabajadores -aunque sí han rubricado el plan de bajas incentivadas-. Ahora la empresa condiciona el nuevo convenio a que éstos dos últimos sindicatos retiren el recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que permitió a la eléctrica retirar beneficios sociales a sus jubilados desde el pasado octubre. Por lo que la tarifa de empleado de los más de 26.000 jubilados, viudas y huérfanos sigue como el principal punto de fricción en este conflicto.
Aunque la resolución del laudo reconoce los derechos del personal pasivo y recupera parte de sus beneficios sociales suspendidos durante estos últimos meses, éstos consideran que pierden mucho por el camino. "Cuando se pierden derechos históricos, perdemos todos y sobre todo, perdemos años de lucha sindical. Es desastroso", defiende Fernando Branco (Nandi), portavoz de la Coordinadora Estatal de Pensionistas y Prejubilados del Grupo Endesa. Los recortes más importantes son la eliminación del importe de las ayudas al estudio para los hijos de los empleados y la limitación de los descuento en la tarifa eléctrica de la que disfrutaban muchos extrabajadores, que ahora estarán sometidos también a la discriminación horaria y a un nuevo contrato.
En concreto, el laudo establece que Endesa debe garantizar un consumo bonificado por la eléctrica de hasta 9.000 kWh distribuidos en dos tramos: 6.000 kWh compensados al 100% también para el personal activo) y 3.000 kWh adicionales reconocidos al 50% del precio establecido para la retribución en especie (APV). Sin embargo, esta resolución está lejos de los 15.000 kWh que pedían los sindicatos, muy por debajo de los descuentos en la factura de la luz de lo que disfrutaban la mayoría de empleados y jubilados en los últimos 20 años, que cubrían los tramos de 30.000 kWh, 20.000 kWh y 15.000 kWh, dependiendo del trabajador. Esto podría suponer incrementos en la factura cercanos a los 100-150 euros, según calculan los sindicatos.
"El peor convenio de la historia de Endesa"
"Sin lugar a dudas estamos ante el peor día en la historia laboral del Grupo Endesa y de las empresas que lo conformaron", sostienen desde las asociaciones y colectivos de pensionistas y prejubilados del Grupo Endesa. "Con este convenio muchos trabajadores, activos y pasivos, acaban de perder muchos miles de euros. El acuerdo sobre la Tarifa de Empleado/as es demoledor, todos pierden kilowatios, término de potencia, 2º vivienda", señala el portavoz de la coordinadora de pensionistas, Fernando Branco, quien relata que en As Pontes, donde hay muchos extrabajadores jubilados de la eléctrica y otros tantos afectados por el cierre de la central, "el ambiente es desolador, es como un tsunami", por el impacto económico que puede suponer para muchos pensionistas empezar a asumir cargos con los que antes no contaban como los que afectan a la factura de la luz, como las ayudas al estudio, de la que gozaban muchos hijos de antiguos empleados.
"Desde la empresa y el sindicato firmante se ha vendido como una solución al conflicto, pero los trabajadores jubilados, viudas y huérfanos de Endesa pasamos de tener derechos a quedarnos sin casi nada", reclama Nandi, quien asegura que seguirán la lucha en los tribunales o donde sea necesario y que han convocado ya una asamblea la semana próxima para estudiar las posibles acciones futuras para recuperar lo que ellos consideran "derechos adquiridos" que "no deberían ponerse en cuestión", ya que fueron las condiciones con las que muchos trabajadores se jubilaron hace años. "En primer lugar, el arbitraje ha pretendido trasladar nuestros salario en especie a la vigencia de un convenio, en segundo lugar, es una frivolidad querer arbitrar la historia de más de 20 convenios de origen", insiste en relación a que Endesa, ahora propiedad de Enel, se conformó en base a más de 20 empresas eléctricas de la época de Calvo Sotelo.
"No me podía imaginar estar en esta situación"
Ni en el peor de los escenarios, Pepe Da Silva, extrabajador de Endesa de 66 años, cuyo padre de 92 también es jubilado de Endesa, se podría haber imaginado en esta situación. "Yo empecé a trabajar de aprendiz a los 14 años y ahí estuve hasta el año 2005. Cuando me marché lo hice con una condiciones y hemos montado toda nuestra vida de los últimos año en base a esos cálculos", asegura. "Perdemos cerca del 50% de nuestros beneficios. Realmente nadie sabe cómo nos afectará por no lo hemos vivido. Habra que ir viéndolo poco a poco", señala a 65Ymás, y reconoce su preocupación por su padre que cobra una pensión de 1.000 euros y que calcula que no le llegará para pagar sus gastos y además la factura de la luz.
"Nosotros tampoco sabemos cómo haremos, ya que esto llega en un momento complicado, acabamos de hacer un importante desembolso y tengo a cargo a una hija de 21 años en la universidad. No sé cómo pagaremos su matrícula el próximo año y su mantenimiento, sin la ayuda al estudio de la tarifa de empleado con la que contábamos", reconoce Pepe desolado. "Creo que desde aquí, desde Galicia, desconocemos parte de la situación real, pero me sorprende la falta de sensibilidad, de trato humano para firmar este acuerdo. "Es del todo imprevisible, hacía muchos años que no me preocupaba por cómo llegar a fin de mes", señala.
La historia de la tarifa de empleado
La tarifa del empleado, de la que se benefician los empleados de las eléctricas, y hasta ahora también los jubilados y familias, tiene su origen en una ordenanza de 1970 y es una práctica muy extendida entre las empresas eléctricas. A cambio, los trabajadores se hacían cargo únicamente de los impuestos y declararlo como pago en especie en el IRPF. Es decir que empleados y ex empleados sólo se hacían cargo en su recibo de luz de los peajes regulados de la factura y de los impuestos, mientras que la parte del consumo eléctrico (entre un 35 y un 40% del recibo final) era gratuita.
Según cálculos de los sindicatos, el 80% de los beneficiarios de esta medida social en Endesa están por debajo del consumo medio del usuario español, por lo que mantener esta bonificación era una petición más que asumible. La partida para cubrir estos beneficios sociales para empleados retirados estaría en torno a los 700 millones, según cifras de la empresa y 500, según los sindicatos, pero con los nuevos acuerdos estas cifras podrían variar. Ahora el foco estará puesto en ver si el nuevo convenio es el punto final al conflicto o la "lucha" seguirá.