Economía

'Frenazo' a los Presupuestos 2025: cómo afecta a los mayores en pensiones o dependencia

Marta Jurado

Jueves 25 de julio de 2024

9 minutos

Los votos en contra de Junts a los objetivos de estabilidad del Gobierno, complican su negociación

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Marta Jurado

Jueves 25 de julio de 2024

9 minutos

El Congreso tumba los objetivos de estabilidad y frena el primer paso para los Presupuestos 2025

 

El camino hacia la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2025 se ha complicado este martes después de que Junts, PP y Vox votasen en contra de los objetivos de estabilidad del Gobierno, considerados como el primer paso para avanzar hacia las cuentas públicas. Este bloqueo afecta sobre todo a la negociación sobre deuda y déficit de las comunidades autónomas, asunto sobre el que Junts ha pedido más "margen", pero sobre el que aún hay tiempo para negociar, según afirman desde el Ejecutivo.

La vuelta a la casilla de salida de la senda de déficit y la obligación de que el Gobierno tenga que volver a presentar sus objetivos, puede tener consecuencias políticas o legislativas, como el retraso en la aprobación de los Presupuestos o incluso la prórroga de los anteriores en caso de no llegar a un acuerdo, pero no todo está perdido. 

Tal como aseguran los expertos consultados por 65YMÁS, aún hay margen para la negociación de los presupuestos que se deberían aprobar en septiembre para tenerlos listos para finales de año, y en temas que afectan a los mayores como las pensiones no hay que preocuparse porque son uno de los compromisos de gasto "garantizados", igual que ocurre con el incremento de sueldos de los empleados públicos. "El efecto a corto plazo sobre las pensiones va a ser prácticamente nulo, pero sí que provoca un claro incremento de la incertidumbre política, y por lo tanto del futuro económico, de España", opina Juan Ángel Lafuente (@JALafuent), catedrático de Finanzas en la Universidad Jaime I. 

Revalorización de las pensiones, garantizada

"Ya hemos vivido otras situaciones similares con presupuestos prorrogados y no ha pasado nada, solo que el gasto global no se incrementa. El Gobierno puede hacer transferencias de unas partidas a otras, aprobar decretos ley o créditos extraordinarios para asegurar que se cumplan asuntos vitales como la revalorización de las pensiones, que además está garantizada por el Pacto de Toledo. Si acaso, estarían de enhorabuena quienes estén preocupados por el déficit, porque éste, no aumentará en caso de que no haya presupuestos", explica el profesor de economía del IESEJavier Díaz-Giménez (@jdiazgimenez) en relación con que las cerca de 10 millones de pensiones públicas, están garantizadas.

Una opinión similar es la que comparte Enrique Devesa Carpio, miembro del Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia e investigador asociado del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE @Ivie_news). "Este año tampoco ha habido presupuestos y se ha aprobado la revalorización según la normativa. Habrá que pagar las pensiones, por lo que si hace falta nuevas transferencias o un nuevo préstamo habrá que buscar la argucia legal para conseguirlo, tal y como se ha hecho también este año". Pero ambos mantienen la cautela sobre que aún hay margen para la negociación. 

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En el aire cuánto subirán las mínimas y no contributivas

Pero lo que sí puede estar en cuestión no es si suben o no las pensiones sino cuánto lo harán. Para las contributivas los aumentos se actualizan cada enero con la inflación media registrada el año anterior en función de lo acordado en el Pacto de Toledo, pero lo que aún queda por ver es cuánto aumentarán las pensiones mínimas y no contributivas, que dependen de la voluntad del Gobierno. 

Este 2024, con presupuestos prorrogados de 2023, las pensiones contributivas han aumentado un 3,8% y las no contributivas – que siempre lo suelen hacer en un porcentaje superior– un 6,9%. Por su parte, las pensiones de viudedad con cargas familiares han experimentado la mayor subida, un 14,1%, en un esfuerzo por reducir la brecha de género, por lo que aún hay esperanza. Otro indicador que se vería afectado por una posible falta de presupuestos sería el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), usado para calcular cuantías del Ingreso Mínimo Vital o de acceso al bono social eléctrico. 

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz

 

Aumento del techo de gasto de la Seguridad Social, en duda

Otra posible consecuencia del bloqueo a los objetivos de estabilidad sería un freno al aumento de techo de gasto de la Seguridad Social al que se había comprometido el Gobierno, aunque este aspecto no se votó en el Congreso.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero informó del límite de gasto no financiero o 'techo de gasto', con una tope de 199.171 millones de euros incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea. Dentro de él fijó una transferencia del Estado a la Seguridad Social por importe de 22.881 millones de euros, un 7% más con respecto a los Presupuestos de 2023. 

Posibles cambios en Sanidad o Dependencia

Otras áreas que podrían verse afectadas por el revés en el Congreso son las que afectan a Sanidad o Dependencia. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantenía la dotación de "más recursos" a las regiones para reforzar su sanidad, su educación y su sistema de dependencia, que ahora habrá que ver cómo se resuelve. 

Aún así, este mismo martes el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, aprobaba en Consejo de Ministros el reparto de más de 783 millones de euros (783.197.429 euros) entre las Comunidades Autónomas (a excepción de País Vasco y Navarra por sus regímenes especiales fiscales) y Ceuta y Melilla para la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), como parte del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar para esta legislatura.

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El Gobierno confía en aprobar las cuentas de 2025 "en tiempo y forma"

Tras el freno de este martes a los objetivos de estabilidad, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha trasladado la intención del Gobierno de seguir negociando y aprobar "en tiempo y forma" los Presupuestos Generales del Estado de 2025. La propuesta tumbada por el Congreso pasaba por que todo el ajuste fiscal lo asumiera la Administración central, es decir, se mantenían unos objetivos constantes para las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

"Tenemos tiempo y eso permitiría, desde luego, que tuviéramos un calendario ajustado a los tiempos normales, este otoño, para aprobar los nuevos Presupuestos", ha recalcado en una entrevista en RNE este miércoles. El ministro ha insistido en la importancia de la aprobación de estos objetivos, dado que el año que viene entra en vigor el nuevo marco de reglas fiscales europeas, y ahí España tendrá compromisos que respetar como país.

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Impacto para CCAA y ayuntamientos

El ministro también ha estimado el impacto de no aprobar estos objetivos, que según Cuerpo, supondría un espacio fiscal que perderían comunidades autónomas y ayuntamientos de más de 10.000 millones de euros.

En este sentido, el ministro ha criticado que el Partido Popular votase este martes en contra de estos objetivos "desoyendo" al posicionamiento de sus comunidades autónomas, a quienes se les presentaron estos objetivos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de hace una semana y se abstuvieron.

En cualquier caso, el responsable económico del Gobierno ha explicado que la propia norma prevé que el Gobierno puede presentar en el plazo de un mes los objetivos de nuevo. "Esto, en principio, esperemos que no retrase nuestra intención de presentar los presupuestos", ha remarcado.

Sobre el autor:

Marta Jurado

Marta Jurado

Marta Jurado es periodista especializada en Sociedad, Economía, Cultura, Política y redactora en el diario digital 65Ymás desde sus inicios. Licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III y en Filología Inglesa por la UNED, ha trabajado en medios de tirada nacional como El Mundo Público y las revistas Cambio16 y Energía16. Tiene además experiencia en comunicación corporativa de empresas e instituciones como BBVA o INJUVE.

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