El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (@joseluisescriva), acudirá este miércoles 7 de julio al Congreso para informar de la negociación de la reforma del sistema público de pensiones, tanto la parte pactada en el acuerdo firmado con los agentes sociales, como las cuestiones todavía pendientes.
La comparecencia tendrá lugar a partir de las 11 horas y será en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias. Será un día después de que el Gobierno inicie la tramitación de la reforma como anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros.
El acuerdo ya alcanzado con los sindicatos CC.OO. y UGT, y las patronales CEOE y Cepympe es la primera pata de la reforma de pensiones comprometida con Bruselas. Con ella se suprimen dos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad.
Vuelta al IPC e incentivos para retrasar la jubiliación
La reforma garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular su revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Si esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año.
Por otro lado, se modifican las condiciones de la jubilación anticipada, con coeficientes mensuales para fomentar su retraso, y también incentivos para el retraso de la jubilación a partir de la edad que le corresponda al trabajador, con la exoneración de cotizar por contingencias comunes, y un porcentaje adicional por cada año de retraso.
Derogación del factor de sostenibilidad
En la jubilación activa se exigirá como condición para acceder a esta se exigirá al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. Esta modalidad se revisará en el mercado del diálogo social en un plazo máximo de 12 meses.
Además, en el texto se recoge que los interlocutores sociales tendrán hasta el 15 de noviembre de este año para negociar la sustitución del factor de sostenibilidad actual por un factor de equidad intergeneracional, que entrará en vigor en 2027 y que se incluirá en la Ley posteriormente a través de una enmienda.
Polémica sobre cómo será el nuevo factor de equidad
Precisamente este nuevo factor de equidad ha sido objeto de polémica, pese a no estar definido en el acuerdo y ser uno de los temas pendientes de negociación. Por un lado, hay reticencias de uno de los socios de Gobierno, Unidas Podemos, pero además el propio Escrivá generó más suspicacias tras afirmar que esta medida supondría un "ajuste moderado" en las pensiones de las generaciones conocidas como 'baby boomers'.
Las organizaciones sindicales censuraron estas palabras, advirtiendo de que no habrá ningún acuerdo que contemple un recorte en la cuantía de la pensión, y el propio Escrivá ha tenido que salir al paso este mismo viernes reconociendo que "no tuvo el mejor día" e insistiendo que este mecanismo aún está por definir.
