Los municipios dispersos en el territorio y escasamente poblados, la llamada España vaciada, carecen de bancos y su población tiene que hacer frente a la exclusión financiera. Ahora bien, no solo sufren la carencia de oficinas bancarias y cajeros, tampoco tienen bares, comercios, gasolineras, dentistas u ópticas. En general, no disponen de servicios de naturaleza privada. En menor medida, también adolecen de acceso a oficinas de Correos, farmacias y atención primaria.
Según el informe ‘La accesibilidad presencial de los servicios bancarios en España: comparación internacional y entre servicios’ publicado por el Banco de España, el porcentaje de población sin acceso a bares es en España del 8,7%, frente al 11,2% que no tiene posibilidad de acceder a servicios bancarios y financieros.
El organismo presidido por Pablo Hernández de Cos constata que los pequeños municipios del interior, sobre todo en Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha son los que presentan una peor cobertura en términos de puntos de atención presencial a los servicios bancarios. La accesibilidad a servicios financieros es “bastante inferior a la que se observa para los servicios de interés público, como son los sanitarios, los farmacéuticos y los postales”, asegura este informe, pero “similar a la que, en esos mismos municipios, presentan otros servicios de provisión privada, como bares y comercios”. En el caso de otros servicios cuya provisión presenta una naturaleza eminentemente privada, el 42% y el 47% de los municipios rurales no disponían de bares ni de comercios, respectivamente, afectando al 9% de la población rural.
“De los 3.364 municipios rurales sin acceso a servicios bancarios presenciales, el 46% de ellos tampoco presentaban acceso a otros servicios, como farmacias, bares o comercios, en los que fuera posible la realización de transacciones económicas. Estos municipios se localizaban mayoritariamente en las zonas del interior peninsular de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha”, recoge el informe.
Desde 2010, se cierran una media de 2.143 bares al año, según datos de Hostelería de España. en una década se cerrado cerca de un 10% de bares. De nuevo, la España vaciada sufre más el cierre de estos negocios, vitales para municipios pequeños en los que el bar representa a menudo el único punto de encuentro y sociación para la población.
En Castilla La Mancha el cierre de bares entre 2010 y 2020 se eleva al 14%, en Castilla y León al 13% y en Extremadura se han cerrado un 10% de sus bares.
Así las cosas no es extraño ver iniciativas cada cierto de tiempo de municipios de la España vaciada en busca de personas que se hagan cargo de sus bares, que en su mayor parte por jubilación se han quedado sin relevo. Ofrecen vivienda y otras facilidades para lograr atraer personas que se encarguen del negocio.
El informe del Banco de España alerta de que el 36% de los municipios en España no disponen de una farmacia, un servicio de interés público cuya prestación se realiza en establecimientos regulados. Ahora bien, los centros sanitarios ofrecen determinados servicios de farmacia en los municipios rurales sin oficina y sin botiquín. Según el informe, frente al 23,3% de la población del medio rural que no tiene acceso a una oficina bancaria, solo un 3,3% carece de atención primaria. Ahora bien, estos datos ocultan otra realidad. Como nos explican a 65YMÁS desde Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), en muchos pueblos pequeños sí hay un dispensario médico y, por tanto, atención primaria, pero la visita del médico se produce una vez cada quince días.
De forma similar, aunque el acceso a oficinas de Correos se sitúa en línea con el acceso a oficinas bancarias, con alrededor del 65% de los municipios sin una oficina postal, “existen en España 6.011 carteros rurales que se desplazan a los municipios en los que no hay una oficina de Correos física para garantizar el derecho al servicio postal universal en todos los municipios”, asegura el informe.
El Banco de España señala que entre 2008 y 2021 el número de oficinas bancarias y de cajeros automáticos en España se ha reducido con mayor intensidad que el número de puntos de acceso presencial a otros servicios. En particular, frente a una caída del 58% y del 23% en las cifras de oficinas bancarias y de cajeros automáticos, respectivamente, el número de puntos de acceso a servicios de atención primaria, oficinas de farmacia y bares se ha mantenido estable o incluso se ha incrementado, mientras que el número de comercios se ha reducido en un 17%. De este modo, la población rural sin acceso a oficinas bancarias se incrementó en más de 9 puntos porcentuales entre 2008 y 2021, mientras que aquella sin acceso local a bares y comercios se ha mantenido estable o incluso se ha reducido ligeramente en el mismo período.
Esta reducción del número de oficinas y de cajeros ha sido más acusada en España que en el resto del área del euro, si bien en 2021 el número de estos puntos de acceso en nuestro país aún seguía siendo relativamente elevado y el tercero más alto de la Unión Económica y Monetaria, sólo por detrás de Portugal y Austria. Ello se explica por el proceso de reestructuración y consolidación del sistema financiero español tras la crisis financiera de 2008 y por al avance de los servicios en línea, que han reducido la demanda de presencialidad.
Al cierre del año pasado, según este informe del Banco de España, España era el país, tras Francia, con más sucursales bancarias. La ratio de oficinas por cada mil habitantes pasó de 1 a 0,41 en 2021 (de 1 que había en 2008), en la Unión europea al cierre del año pasado había 0,33 oficinas por cada 1.000 habitantes.
El Banco de España hace hincapié en la elevada heterogeneidad tanto entre comunidades autónomas como entre municipios de una misma región, de modo que los residentes en municipios rurales dispersos en el territorio y escasamente poblados de la España interior son los que presentan mayores dificultades de acceso en términos de la distancia que han de recorrer hasta el punto de atención más cercano.
Además, el Banco de España alerta de la especial vulnerabilidad de las personas mayores. Existe, concluye el informe, “un aumento del riesgo de exclusión para los ciudadanos que residen en municipios rurales, donde además la población está más envejecida y menos digitalizada”.
