El pasado viernes 9 de septiembre entraba en vigor el Real Decreto-ley para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De esta forma, las personas afectadas podrán empezar a cotizar por la prestación de desempleo a partir del 1 de octubre.
En esa fecha, entrará en vigor los beneficios en la cotización para las personas que tengan contratado un trabajador al servicio del hogar con una reducción del 20% en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social. De igual modo, se prevé una bonificación del 80% en las aportaciones empresariales a la cotización por desempleo y al Fondo de Garantía.
Asimismo, se retrasará hasta el 1 de abril de 2023 la entrada en vigor de los apartados 2 y 3, así como el párrafo segundo del apartado 4 de la disposición adicional primera, relativas también a las bonificaciones a las cotizaciones a la seguridad social y la letra b de la disposición derogatoria única sobre la protección de las familias numerosas.
Finalmente, el día 1 de enero de 2023 entrará en vigor la modificación normativa efectuada por el artículo sexto, así como las letras a) y c) de la disposición derogatoria única, en las que se prevé la derogación de la disposición adicional vigésima cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y la derogación del artículo 34 bis del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social.
Garantía salarial y prevención de riesgos laborales
Con la entrada en vigor de este nuevo decreto, se incorpora a las empleadas del servicio doméstico a la prevención de riesgos laborales y se expulsa del ordenamiento jurídico el desistimiento en caso de despido dándoles protección ordinaria. Se incorpora, también, el derecho de información o de formalidad de contratos por escrito, y se incluyen además medidas para atender la formación.
También se proporciona cobertura en el ámbito de la garantía salarial a las personas trabajadoras en los casos de insolvencia o concurso de las empleadoras.
El decreto establece que los empleadores asumirán las obligaciones en materia de cotización para los trabajadores que presten sus servicios durante menos de 60 horas al mes por empleador, eliminándose así la posibilidad de que sean los trabajadores los que soliciten directamente su afiliación, altas, bajas y variaciones de datos.
Según los datos aportados por el Ministerio de Trabajo, 130.000 empleadas del hogar de las 373.000 que se tiene constancia en España tiene más de 55 años, mientras que tan solo 17.000 son menores de 30 años. El 44% de las trabajadoras son extranjeras, mientras que en el resto de sectores la media de este colectivo es del 10%, y que las nacionalidades que predominan son colombiana, rumana y hondureña. Existe, además, una distribución desigual en el territorio, concentrándose en su mayoría en Madrid, en un 27%.
