El 'V Informe Situación de las Pensiones en España', elaborado por KPMG, concluye con que el 26,8% de las empresas españolas cuenta con planes de previsión social para sus empleados, una cuarta parte, aunque la implantación de estos instrumentos de ahorro varía según el sector.
El ámbito financiero es el que más recurre a los planes de previsión para complementar la jubilación de sus empleados, ya que el 61,8 por ciento de las empresas del sector cuenta con este tipo de vehículos de ahorro. En este caso, influye el convenio colectivo de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradas con la seguridad social y el convenio de banca, que obligan a establecer un sistema de previsión social complementario de aportación.
Los planes de empresa también tienen una amplia acogida en las compañías del sector energético, con un 48 por ciento, y también en las empresas químicas y farmacéuticas, con un 40,5. Al igual que en el sector financiero, la industria química también cuenta con un convenio colectivo general, aprobado en julio, que contempla el compromiso de constituir una comisión de estudio que analice la viabilidad y la conveniencia de abordar la promoción de un plan de pensiones de empleo de carácter sectorial.
Sin embargo, la oferta de planes de previsión social en empresas de otros sectores, como el consumo y la distribución (15,1), la construcción y las infraestructuras (14,3) o el transporte y la logística (5,3).
A pesar de que solo una cuarta parte de las 439 empresas encuestadas por KPMG cuenta con un plan de ahorro complementario para sus trabajadores, el 55 por ciento reconoce que está dentro de su agenda de decisiones para planificar la jubilación de sus empleados a medio plazo, ya que entre las plantillas también está creciendo esta demanda.
De hecho, a la hora de elegir beneficios sociales, el 48 por ciento de los empleados opta por el plan de pensiones como primera opción, seguido de un 43 que prefiere un seguro médico. Solo un 1 por ciento de los trabajadores encuestados eligió el seguro de vida.
Casi el 60 por ciento de los empleados estaría dispuesto a destinar al menos un 5 de su salario para su jubilación. Del mismo modo, el 79 por ciento de las empresas ve bien destinar una aportación sobre el salario a sus empleados a la jubilación.
No obstante, eso tendrá que esperar en muchos casos, ya que la mitad considera que en este momento no existen las condiciones económicas para realizar esos aportes. El director responsable del área de Pensiones de KPMG Abogados, Álvaro Granado, recuerda que existen "varias soluciones en el mercado para desarrollar la previsión social colectiva sin que se comprometa la sostenibilidad de las propias empresas".
Preferencia por planes de aportación definida
La mayoría de las empresas españolas prefiere los planes de aportación definida, muy por encima del 10,2 que se decanta por los planes de prestación definida, y del 8,5 que apuesta por los planes mixtos, que combinan la prestación definida para la contingencia de la jubilación y la prestación definida para las contingencias de fallecimiento e incapacidad.
En cuanto a la elegibilidad de los planes, cerca del 62 por ciento está dirigido a toda la plantilla, aunque también existen planes orientados de manera exclusiva al personal directivo (24,1).
Por cantidades, la mayoría de las empresas recurre a fórmulas de porcentaje fijo sobre el salario pensionable, equivalente a un 4 por ciento del salario fijo bruto. En otros casos, como en los planes de aportación definida o mixtos para toda la plantilla, también se le exige una aportación al empleado.
El informe de KPMG también concluye que el 42,68 de los vehículos de financiación ofrecidos por las empresas son planes de pensiones de empleo y, en menor medida, un seguro de vida colectivo (40,85). Además, un 7,93 recurre a los planes de previsión social empresarial.
En comparación con estudios de años anteriores, KPMG observa un aumento de los seguros de vida colectivos, en detrimento de otros vehículos de financiación, debido a los bajos tipos de interés en productos con rentabilidad garantizada.
Potenciar los planes de empresa
El Consejo de Ministros aprobó este martes, en primera lectura, el anteproyecto de ley reguladora para el impulso de los planes de pensiones de empleo. El Ejecutivo quiere impulsar y potenciar la introducción de los planes colectivos dentro de las empresas, que apenas cubren a un 10,2 de los asalariados del país, muy lejos del 48 por ciento de los trabajadores del País Vasco, cubiertos por las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), según los datos del Ministerio.
El Gobierno, basándose en un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) de 2020, considera que el diseño de los planes individuales tiene un carácter regresivo que solo beneficia a las rentas más altas.
Para revertir esta situación, el anteproyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 ya recoge que la deducción en el IRPF de los planes de empleo se eleva a 8.500 euros, mientras que en los planes individuales se sitúa en 1.500 euros, con una suma total de las aportaciones de 10.000 euros.
También se prevé continuar ofreciendo un trato fiscal ventajoso a los planes de empleo y de los planes de empleo para autónomos, otra de las modalidades que aparece recogida en el anteproyecto de los planes de pensiones de empleo. Para los autónomos, la deducción total se situará en 5.750 euros.
KPMG señala en su informe que la reducción de las aportaciones "supone un perjuicio para los planes de pensiones individuales y para la mayoría de los trabajadores" que no están cubiertos por un plan de empleo o sistema colectiva. La consultora también mariza que la mayoría de las medidas que se están tomando en materia de pensiones "se encuentran pendientes de concreción legislativa".
