Los expertos alertan de que la nueva plusvalía también puede ser inconstitucional: "Nace mal"

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ven un "riesgo de inconstitucionalidad" en la nueva regulación del impuesto de plusvalía municipal aprobado este lunes por el Consejo de Ministros mediante un Real Decreto-ley.

Los técnicos ven este riesgo porque el Gobierno ha diseñado uno de los elementos esenciales del tributo prescindiendo de una ley ordinaria y recomiendan que, una vez que sea convalidado, se tramite como proyecto de ley "para eliminar cualquier riesgo".

Según los técnicos de Hacienda, tras la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado día 26 de octubre que determinó la inconstitucionalidad de varios preceptos de este impuesto, la nueva regulación en un decreto ley "podría vulnerar el principio de reserva de ley del artículo 133 de la Constitución".

En opinión de Gestha, con la tramitación como proyecto de ley se mejorará el contenido y redacción y se lograría una mayor estabilidad de la nueva regulación en el futuro, ya que asegura que habrá contribuyentes que recurrirán las liquidaciones de la plusvalía con la nueva normativa pidiendo a los tribunales de Justicia que planteen una nueva cuestión de inconstitucionalidad.

De la misma opinión es Asufin, que afirma que la nueva plusvalía "no puede aprobarse vía decreto-ley" y que, por ello, "nace mal", a propósito de la decisión del Consejo de Ministros de sacar adelante una nueva configuración de este impuesto bajo esta figura legal.

A través de un comunicado, la asociación señala que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que los tributos "no se pueden aprobar por decreto-ley y lo que el Gobierno está regulando es la esencia del impuesto, la parte que corresponde a su cálculo". Así, señala que se podría asistir a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

Regulación "contradictoria"

Por otra parte, Gestha reconoce que el Gobierno haya recogido su propuesta para que el nuevo impuesto municipal grave las plusvalías especulativas generadas en menos de un año. Sin embargo, ve "contradictoria" la opción de tributar por los valores catastrales del suelo e índices que fije anualmente el Gobierno o por la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión.

Pero como la escritura es la justificación de la diferencia de valor en la transmisión, corresponderá al ayuntamiento probar que el valor de transmisión es superior al escriturado, prueba que será imposible para la mayoría de los servicios tributarios municipales que cuentan "con muy pocos funcionarios" especializados.

Mientras, desde Asufin también se denuncia que el Constitucional "impida" la retroactividad en las reclamaciones de la plusvalía pagada en los últimos cuatro años. "Es inadmisible que se hurte al contribuyente de su legítimo derecho a presentar una autoliquidación rectificativa, la famosa complementaria, para subsanar errores", sostiene la presidenta de la asociación, Patricia Suárez (@WonderWomanPSR).

Asufin asegura que "va a seguir" reclamando estas plusvalías pagadas hace cuatro años y reitera la "injusticia" que ha supuesto mantenerla durante cuatro años "hasta que el TC ha tenido que intervenir y declarar la nulidad de un método de cálculo que ha afectado a todo tipo de operaciones, también las minusvalías, tan habituales por la crisis del ladrillo de la década anterior".

Además, la asociación alerta de que en el "impasse legal" entre la fecha de la sentencia del Constitucional, el 26 de octubre, y la publicación en el BOE del decreto-ley, "algunos ayuntamientos podrían estar cobrando sin cobertura legal la plusvalía, lo que supone un desacato". "Si ya peleamos la plusvalía por la sentencia de 2017, y por la de 2019, vamos a seguir peleando por la de 2021", ha advertido Suárez.