No está todo perdido para los funcionarios adscritos a Muface, la Mutualidad que gestiona sus prestaciones sociales. El Gobierno da una de cal y otra de arena en este asunto. Si esta semana el Ministerio de Sanidad planteaba acabar con el modelo de Muface progresivamente, pero ya desde este mismo mes de enero, ahora el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública da diez días a las aseguradoras para que digan a qué precio prestarían el servicio sanitario de Muface.
El Gobierno, que tenía la piedra sobre su tejado después de que las compañías aseguradoras dejaran desierta su oferta de licitación para los próximos dos años, devuelve esa piedra a las compañías. En lugar de presentar una nueva oferta mejorada, les consulta a qué precio prestarían el servicio. El sector asegurador ya había dicho que la oferta del Gobierno debía mejorar un 40% para que les resultara rentable. Pero ahora tienen la presión añadida de saber que el ejecutivo se está planteando que el modelo desaparezca y traspasar a los funcionarios a la sanidad pública.
El Ministerio que dirige Óscar López acaba de lanzar en la plataforma de contratación pública una consulta preliminar al mercado en la que dará diez laborables a las aseguradoras para que precisen a qué precio prestarían el servicio sanitario de Muface.
Esta consulta estará abierta a todas las aseguradoras, no sólo a las que actualmente prestan el servicio (Adeslas, Asisa y DKV) y que no acudieron a la licitación del concierto con Muface para el periodo 2025-2026 argumentando que la oferta no era suficiente en términos económicos. Tampoco presentó oferta ninguna otra aseguradora, quedando así desierta la licitación.
El Gobierno planteó en dicha licitación una subida en las primas del 17,12% en dos años, pero no convenció a las aseguradoras.
Tras quedar desierta la licitación, Muface informó de que los 1,5 millones de mutualistas, muchos de ellos funcionarios del sector de la enseñanza, recibirán las mismas prestaciones sanitarias y sociales que en la actualidad, pues la Ley de Contratos del Sector Público permite prorrogar el servicio hasta nueve meses más, atendiendo a circunstancias de interés público.
Con esta consulta el Ministerio busca que las compañías de seguros precisen por escrito el precio mínimo al que aceptarían el concierto con Muface. Eso sí, se pedirá a las aseguradoras que justifiquen el precio que estarían dispuestas a aceptar y lo detallen por tramos de edad. La idea, según el Ministerio, es dar a este proceso una mayor transparencia.
El lanzamiento de esta consulta se produce después de conocerse un informe del Ministerio de Sanidad de Mónica García en el que se considera "razonable" acabar con Muface por ser insostenible y ve viable que los funcionarios pasen al sistema sanitario público.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que la sanidad pública está preparada para asumir a los empleados públicos procedentes del modelo Muface que en la actualidad reciben asistencia en la sanidad privada, "al igual que estuvo preparada para acoger a los pacientes durante la pandemia”.
"La sanidad pública no se debilita por atender a más población, se engrandece. Primero fueron los inmigrantes, con la Ley de Sanidad Universal, los que iban a colapsar nuestro sistema sanitario, y ahora son los funcionarios", ha dicho García.
La ministra ha confirmado que el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene capacidad para asumir el incremento del 2,12 por ciento de población que supondría el fin de Muface, al tiempo que ha criticado que "lo que colapsa la sanidad pública es la mala gestión, la corrupción, lo comisionistas, los recortes, la infrafinanciación y el maltrato a los profesionales". "No sabemos lo que pasará con la negociación, pero sí que sabemos que ahí estará siempre la sanidad pública para quien quiera, para quien la necesite", ha recalcado García.
