La crisis del coronavirus ha hecho que los datos de movilidad sean vitales para intentar ganar tiempo y frenar la temida curva de contagios del Covid-19 que en España ya se ha cobrado la vida de más de 3.400 personas. Pese a que otros países de nuestro entorno como Bélgica o Italia, ya han recurrido hace semanas a recopilar estos datos siguiendo la estela de China o Corea del Sur, el Ejecutivo español parece que actúa con más retraso. No ha sido hasta este lunes cuando el Gobierno ha presentado tímidamente el proyecto en base al cual se empezarán a rastrear los movimientos de los ciudadanos a través de sus móviles con el fin de frenar la propagación del Covid-19. Todo ello pese a que fuentes conocedoras del proyecto aseguran que éste "llevaba semanas sobre la mesa".
El objetivo principal de la iniciativa, que se valdrá de datos anónimos y agregados, es conocer si las medidas de confinamiento social desde la declaración del estado de alarma están surtiendo efecto. Así lo anunciaba la propia ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño en la rueda de prensa de este lunes: "Para el seguimiento de las medidas de confinamiento, vamos a tratar de desarrollar elementos de inteligencia artificial para entender los desplazamientos de las personas y anticipar posibles cuellos de botella, aglomeraciones o situaciones de tensión".
La idea que se pondrá en marcha en España próximammente se basa en un proyecto piloto que ya se estaba preparando en la Comunidad Valenciana con Orange y Vodafone, pero cuya aprobación ha estado "bloqueada" hasta esta semana, cuando ha recibido la luz verde del Gobierno. Ahora el Ejecutivo se plantea extenderlo a otras comunidades a través de los principales operadores de teléfonía móvil, situación no exenta de polémica debido a las consecuencias respecto a la privacidad.
La importancia de la movilidad
"Sabemos que la movilidad humana es uno de los factores clave que contribuyen a la propagación de las enfermedades infecciosas. Si no nos movemos, contagiando en el proceso a otras personas o contagiándonos nosotros, la enfermedad infecciosa no se propaga. Y precisamente gracias a la ubicuidad de los móviles podemos cuantificar la movilidad humana a gran escala, preservando al mismo tiempo la privacidad de las personas." explicaba hace unos días en una entrevista en El País Nuria Oliver, doctora por el MIT y chief data scientist de Data-Pop Alliance y una de las líderes del proyecto que se ha puesto en marcha junto a la Generalitat Valenciana.
También aclaraba en el artículo que "se usarán los datos que captan las antenas de telefonía. No son datos tremendamente precisos, es mucho más preciso lo que te da una 'app', pero se pueden hacer muchas cosas con ellos. Todos los modelos epidemiológicos se basan en analizar la probabilidad de que las personas pasen de la categoría de "susceptible de contagio", a "expuesto" y a "infectado". Eso depende de la movilidad, son variables que se pueden calcular a gran escala usando los datos de telefonía", explica Oliver, haciendo referencia a que la movilidad humana es uno de los factores clave que contribuyen a la propagación de las enfermedades infecciosas.
Al mismo tiempo Vodafone España (@vodafone_es), partner del proyecto en Valencia, ha confirmado a este diario que los datos que se pretenden recoger irán referidos fundamentalmente a saber "si las personas pernoctan en la misma localidad en la que van a trabajar, para comprobar si se producen viajes no permitidos durante la cuarentena que puedan hacer que se propague el virus", explican fuentes de la compañía a 65Ymás. "Este proyecto piloto está acordado con la Generalitat Valenciana por lo que si se extiende al resto de España dependerá del acuerdo al que llegue la Generalitat con el Gobierno Central", recuerdan desde Vodafone.
Posibles riesgos para la privacidad
Aunque el uso de la tecnología al servicio del coronavirus es una buena noticia en cuanto a las posibilidades de ofrecer información masiva, es necesario detenerse a analizar los posibles riesgos que ésta puede suponer para la ciudadanía, ya que hoy en día prácticamente toda la población dispone de este dispositivo. El teléfono móvil se vuelve a convertir en una gran herramienta generadora de datos útiles, y a la vez, tal como denuncian varias asociaciones de consumidores, una fuente inagotable de posibles "atentados" contra la privacidad que podrían haberse sacado de la novela de George Orwell, 1984.
No es la primera vez que se dan este tipo de situaciones ya que hace unos meses el Gobierno de Pedro Sánchez, en colaboración con el INE (@es_INE) y las compañías de telecomunicación, autorizó el seguimiento durante 8 días a millones de españoles para extraer conclusiones sobre movilidad y tráfico en las ciudades. Un proyecto a nivel europeo que hizo saltar todas las alarmas debido a los posibles usos derivados de esos datos por parte de los recolectores de datos, pero que al ser anonimizados no infringían el Reglamento de Protección de Datos.
Datos anonimizados
Lo principal en estos casos, según los expertos, es saber para qué se utilizarán estos datos y sobre todo si permitirán la identificación del usuario o no. La anonimización es crucial para que el proyecto encaje en el marco legal, ya que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 2016/679 europeo establece que “los principios de protección de datos no deben aplicarse a la información anónima, es decir información que no guarda relación con una persona física identificada o identificable, ni con los datos convertidos en anónimos de forma que el interesado no sea identificable, o deje de serlo”.
Para ello también debe quedar claro el objetivo de esta recolección. "No es lo mismo si se utilizan únicamente para evitar aglomeraciones –para lo que no se necesitaría identificar a los usuarios–, que si la intención es identificar a aquellos que están incumpliendo las reglas de confinamiento –para lo cual sí sería necesario acceder a datos más personales", explica a 65Ymás Ainhoa García, abogada de Derecho Mercantil de Legálitas (@Legalitas_ES). Ante esta situación 65ymás se ha puesto en contacto con el ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, quien ha asegurado que "en los próximos días" se dará "más detalle de este estudio" y ha insistido en que "los datos con los que se trabaja siempre son agregados y anonimizados".
El Reglamento permite excepciones
Desde la adopción del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 2016/679 europeo que lleva en funcionamiento poco más de un año, los europeos "pueden estar tranquilos" en cuanto a una "mayor protección de sus datos" por parte de las empresas. Sin embargo son múltiples los recovecos, vacíos legales y excepciones de las nuevas tecnologías. Así, mientras que China ha podido "usurpar" libremente datos de sus habitantes para hacer frente al coronavirus y Trump prepara una legislación similar para Estados Unidos, en Europa, y por ende en España, será más complicado.
Ahora bien, tal como explican desde Legálitas, la prohibición del tratamiento de datos personales sin pedir consentimiento explícito tienen varias excepciones recogidas en el artículo 9 del Reglamento europeo de protección de datos, entre las que se incluyen las "razones de interés público en el ámbito de la salud pública, así como "la protección frente a amenazas transfronterizas graves para la salud", como es el caso de la pandemia del coronavirus. "Ante todo, se tienen que dar una serie de circunstancias, pero la realidad es que actualmente estamos ante un momento excepcional. Habrá qué ver cómo lo aplica el Gobierno, pero si lo hiciese, no sería ilícito".