El Gobierno ha planteado una oferta de empleo público (OEP) para 2023 de más de 30.000 plazas para la Administración General del Estado (AGE), un 20% más que la del año pasado, según han informado fuentes sindicales.
Función Pública y sindicatos se han reunido este lunes y han acordado la tramitación inmediata del real decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público para 2023, incluyendo tanto la provisión de plazas de acceso por turno libre como de promoción interna.
Según fuentes sindicales, CSIF y UGT han firmado el acuerdo con el Gobierno, mientras que CCOO se ha negado a suscribirlo por carecer de cifras concretos y porque el documento que ha presentado el Ejecutivo "no garantiza el servicio público a la ciudadanía".
Entre los puntos del acuerdo para esta oferta de empleo, que previsiblemente será aprobada este martes por el Consejo de Ministros, destaca el incremento de un 20% de las plazas ofertadas para la Administración General del Estado (AGE) respecto a 2022. El año pasado, la oferta fue de 24.600 puestos –12.339 de ingreso libre y 9.261 de promoción interna–, con lo que este año rondaría las 30.000 plazas.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero
El acuerdo también incluye la convocatoria de unos 2.000 plazas de urgente cobertura del Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social para el mantenimiento de una adecuada prestación de los servicios públicos, autorizadas para su desempeño por personal funcionario interino a finales de 2022, hasta su inclusión en la primera oferta de empleo público en la que resulta posible su cobertura con funcionarios de carrera.
Además, desde UGT señalan que, con carácter excepcional, y sin perjuicio del desarrollo de otras medidas que agilicen los procesos selectivos de la oferta de empleo público de acceso libre, en aquellos ámbitos en los que se considerase necesario para una adecuada prestación de los servicios, se podrá nombrar personal funcionario interino o personal laboral temporal.
CSIF considera que esta oferta supone un avance significativo respecto a la oferta del año pasado, que ya fue calificada como una oferta histórica, y pretende agilizar los procesos selectivos, favorecer el sistema de promoción interna, la carrera profesional y garantizar unas plantillas adecuadas a las necesidades reales de la ciudadanía.
En todo caso, a falta de conocer el desglose de las cifras, CSIF solicita un especial refuerzo en departamentos muy tensionados como la gestión de políticas públicas, transformación digital, cohesión social, ciencia e investigación, infraestructura, transición ecológica, Agencia Tributaria, Inspección de Trabajo e Instituciones Penitenciarias.
