El Gobierno rebaja su previsión de crecimiento para 2023 y aprueba un 'techo de gasto' récord

El Gobierno ha mantenido su previsión de crecimiento de la economía española en el 4,3% para este año, pero ha recortado ocho décimas su estimación para 2023, hasta el 2,7%, en un contexto de elevada incertidumbre por el impacto de la guerra en Ucrania y la escalada de precios, especialmente los de la energía.

Así lo ha avanzado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes, donde ha defendido que "todo sigue apuntando a un fuerte crecimiento de la economía española".

El crecimiento previsto para este año se basa en el favorable comportamiento del mercado laboral, que ha permitido que la afiliación alcance los 20,4 millones de afiliados y que el paro se haya reducido por debajo de los tres millones de desempleados, ha destacado Calviño.

También por el fuerte crecimiento de la inversión en bienes de equipo y propiedad intelectual impulsada por el Plan de Recuperación; la favorable evolución del sector exterior, que se refleja en la "sorpresa" positiva registrada por el turismo durante el primer semestre y la consolidación fiscal.

En este sentido, a la espera de conocer el dato adelantado del PIB para el segundo trimestre, que dará a conocer el INE el próximo viernes, Calviño ha asegurado que todos los indicadores avanzan un fuerte crecimiento de la economía española también entre abril y junio.

Estas nuevas previsiones del Ejecutivo están alineadas, según Calviño, con las estimaciones realizadas por el conjunto de organismos nacionales e internacionales, que en las últimas semanas han revisado a la baja sus proyecciones de crecimiento para el PIB español. Por ejemplo, la Comisión Europea estima un crecimiento del 4% este año y del 2,1% el próximo, mientras que el Banco de España lo sitúa en el 4,1% en 2022 y en el 2,8% en 2023.

Y es que el alza de los precios de la energía, junto con el impacto negativo sobre las principales economías europeas, fundamentalmente la alemana, están ralentizando la recuperación de la economía española tras la pandemia, que se había acelerado en el segundo semestre de 2021.

"El principal reto de la economía española en este momento es la inflación", ha reconocido la vicepresidenta primera, quien ha asegurado, no obstante, que las medidas impulsadas por el Gobierno están limitando el Índice de Precios al Consumo en más de 3,5 puntos porcentuales.

Esta inflación más elevada y persistente durante los últimos meses ha motivado la revisión al alza por parte del Ejecutivo de la previsión del deflactor del consumo en 2022, que se sitúa en el 7,8%, y en el 2,9% en 2023.

Los altos precios de la energía también provocarán una desaceleración en la actividad económica de la zona euro que reducirá la demanda externa. No obstante, el impacto de estos factores se verá parcialmente compensado la contribución del despliegue de reformas estructurales y las inversiones del Plan de Recuperación.

Por consiguiente, en 2023 la demanda nacional seguirá impulsando el crecimiento económico, con una aportación de 3,3 puntos, apoyada por el dinamismo de las inversiones que, si bien se ven afectadas por la situación internacional, seguirán creciendo a un ritmo elevado del 6,6%, impulsadas por la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación.

Por su parte, el sector exterior se verá afectado por el deterioro de las perspectivas sobre la economía mundial y se prevé que tenga una aportación de -0,7 puntos.

La actualización de la previsión recoge los datos más recientes, revisándose la composición del crecimiento. De esta forma, el sector exterior pasa a contribuir positivamente al crecimiento, 0,5 puntos porcentuales, gracias al buen comportamiento de las exportaciones en la primera parte del año, así como la buena evolución del turismo, que se espera que este año recupere el 95% del nivel de 2019.

En sentido contrario, se revisa ligeramente a la baja la aportación de la demanda nacional, que pasa a contribuir con 3,7 puntos porcentuales, por el menor dinamismo del consumo público y privado en el primer trimestre.

Eleva el 'techo de gasto' a un récord de 198.221 millones

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', del Presupuesto del Estado para 2023, que se eleva a la cifra récord de 198.221 millones de euros, lo que supone un 1,1% más respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.

Con este paso, el Ejecutivo da el pistoletazo de salida para la elaboración de las últimas cuentas públicas de esta legislatura, que tienen como objetivo consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo, pero teniendo en cuenta el complejo panorama económico actual, marcado por la guerra en Ucrania y la escalada de precios.

"El nuevo 'techo de gasto' alcanza una cifra récord, aunque ello no impedirá que sigamos reduciendo nuestro desequilibrio y manteniendo el esfuerzo inversor", ha asegurado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha desglosado el nuevo límite de gasto no financiero para 2023, que por tercer año consecutivo se sitúa en máximos.

Junto a la aprobación del 'techo de gasto', el Gobierno ha actualizado los objetivos de déficit y deuda. En cuanto al déficit público, Hacienda ha mantenido su previsión, al augurar un desajuste del 5% del PIB este año, y ha establecido una tasa de referencia del 3,9% del PIB en 2023, la misma incluida en el Programa de Estabilidad 2022-2025 enviado en abril a Bruselas. La senda a medio plazo del Gobierno establece la reducción del déficit por debajo del 3% del PIB en 2025.

Al igual que en 2020, 2021 y 2022, la Comisión Europea ha propuesto que las reglas que limitan el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros sigan suspendidas en 2023. La suspensión de las reglas fiscales, que tiene que ser aprobada por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea, está amparada por los artículos 135.4 de la Constitución y en el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Montero ha anticipado que, al igual que el año pasado, solicitará al Congreso de los Diputados que vuelva a certificar que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifica la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y legitime así la decisión del Gobierno, como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.