El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha comparecido ante los medios de comunicación tras las críticas de los sindicatos y de asociaciones de investigadores a la orden del 1 de mayo por la que se regula la suscripción de convenio especial con la Seguridad Social a efectos del cómputo de la cotización por los periodos de prácticas formativas y de prácticas académicas externas.
Borja Suárez se ha comprometido a negociar de manera inmediata con los agentes sociales la cotización de los antiguos becarios e investigadores.
Los sindicatos criticaban que no se pudiera reconocer todo el periodo que se estuvo de becario y consideraban "disparatada, por excesiva", la cantidad a aportar para conseguir ese reconocimiento. En concreto, CSIF lamentaba este lunes mismo que la Seguridad Social —aunque permita fraccionar el pago— cobre la "abultada" cantidad de 288,3 euros por cada mes que se incorpore a la vida laboral, ya que, a diferencia de lo que ocurrió en 2011, las cuotas se calcularan como si esos períodos formativos se hicieran en el año 2024.
Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) ha propuesto que la cobertura del nuevo convenio especial para recuperar periodos de prácticas no laborales debe extenderse a cinco años completos, sin integrar en este plazo los periodos que ya se hayan podido cotizar mediante el convenio que se reguló en 2011.
El sindicato explica que la ampliación a cinco años de cobertura se debe, entre otras razones, "al retraso que se ha producido por decisión de la administración de Seguridad Social en la entrada en vigor de la obligación de cotización para las empresas y centros educativos de las prácticas formativas no remuneradas".
Pese a que el acuerdo para extender el derecho a su cotización se produjo en julio de 2021, no ha sido hasta enero de 2024 cuando ha entrado en vigor.
CCOO: "Proceso inmediato de negociación"
Para Carlos Bravo (@carlosbravofdez), secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, la recuperación de cinco años completos con este nuevo convenio especial, adicional al periodo de dos años que preveía el convenio de 2011, garantiza la plena cobertura para la práctica totalidad de prácticas formativas no laborales que se hayan podido producir en el tiempo, y "facilitaría el reconocimiento de una parte relevante de las carreras de cotización que han tenido los colectivos de personal investigador que hasta hace poco sufrían una grave precariedad y que acumulan, en los casos más extremos, hasta 14 años de laguna de cotización de periodos dedicados a la investigación en los que no existía la obligación de cotización para las instituciones para las que prestaba servicio".
Recuerda en este sentido que, sin perjuicio de la reivindicación de reconocimiento de todo el periodo de becas de investigación que viene planteándose desde hace años desde los colectivos afectados, el convenio especial que ahora se regula "es un instrumento adicional para ayudar a reconocer las carreras de cotización vinculadas a prácticas no laborales, que no excluye en ningún caso la citada reivindicación del reconocimiento de tales periodos".
De la misma forma, CCOO ha llevado a la Mesa de Diálogo Social la, a su juicio, contradicción existente entre los requisitos de cotización que determinan el coste del convenio especial publicado en el BOE el 1/05/2024, con las reglas que se pactaron en el año 2011, que permitían el acceso a este derecho a todas las personas con independencia de su nivel de renta y "en condiciones más asequibles y bien distintas de las que ahora se han impuesto".
Así, en 2011 se estableció que la base de cotización, atendiendo a una aplicación estricta del principio de contributividad, tomaba en consideración las bases de cotización de los periodos en los que se produjo la práctica formativa, muy inferiores a la base de cotización mínima de 2024.
Se establecía igualmente un coeficiente del 0,77 sobre el tipo de cotización, como es habitual en convenios especiales que se aplican a situaciones similares. Y, por último, se preveía la posibilidad de fraccionar la cuota resultante, de modo que se facilite el ejercicio de este derecho a las personas con menor nivel de renta.
El sindicato asegura que ese esquema de cotización "facilitaría" el ejercicio del derecho a recuperar los periodos de cotización a las personas más jóvenes y/o con menor renta que, de otro modo, tendrían que asumir un coste bastante más elevado que en muchos casos, hace inaccesible este derecho.
"Llama la atención, la diferencia de trato que se ha estado dispuesto a aceptar por parte del Gobierno, en materia de bonificaciones a las cotizaciones de empresas o centros educativos para las nuevas becas a partir del 1 de enero de 2024 y la regulación de esta Orden Ministerial", añade.
En la reunión de este lunes, CCOO ha reclamado abrir un proceso inmediato de negociación que culmine con la modificación de la Orden Ministerial, para integrar las distintas propuestas que se están poniendo sobre la Mesa y facilitar de manera efectiva y a todo el colectivo las condiciones pactadas en los acuerdos en materia de Seguridad Social de 2021 y 2023.
Así, el sindicato afirma que el Ministerio de Seguridad Social ha aceptado iniciar ese proceso y espera que "pueda producir resultados en breve".
UGT: "El Gobierno se ha comprometido a rectificar"
Por su parte, UGT ha confirmado que el Gobierno se ha comprometido a rectificar la situación de cotización de los antiguos becarios, y la voluntad del equipo de la ministra Elma Saiz de renegociarla, según ha asegurado Fernando Luján (@flujandefrias), vicesecretario de Política Sindical de UGT, en declaraciones a la prensa tras la reunión de la mesa de pensiones de este lunes.
Tras alegrarse de que haya "650.000 personas en prácticas cotizando desde el 1 de enero de 2024", ha explicado que la orden ministerial del pasado 1 de mayo "contiene algún incumplimiento sobre los compromisos que tenía el Ministerio de Seguridad Social con nosotros, y por eso, saludamos la rectificación que se va a hacer por parte del Ministerio, que va a traer de nuevo este asunto a la Mesa de Pensiones, y ahí hablaremos de qué manera se pueden pulir estos problemas, que afectan a personas que estuvieron sin cotizar, en prácticas no laborales o en investigación, antes de 2006".
Luján ha subrayado también que agentes sociales y Gobierno van a abordar las quejas del colectivo de los mutualistas, ya sean los de colegios de abogados o procuradores, que están pidiendo una pasarela para incorporarse al sistema público de pensiones".
Sobre el autor:
Raúl Arias
Raúl Arias es periodista especializado en Política, Economía y Sociedad. Licenciado en la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en diferentes medios de tirada nacional, siempre pegado a la actualidad.