El Gobierno ha descartado incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) la imposición de un IVA del 21% a la sanidad y a la educación privada, según ha confirmado este martes la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
La portavoz del Ejecutivo ha desgranado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, mencionando una a una las modificaciones fiscales contempladas en el documento, que será remitido este miércoles al Congreso.
Durante su intervención, Montero no ha hablado de modificaciones tributarias en el ámbito educativo, pese a que el Gobierno estaba planteando eliminar la exención del IVA a los servicios educativos de gestión privada, estudiando la posibilidad de que comenzasen a tributar a un 21%. Pero esta medida ha sido finalmente descartada. También se especulaba con la idea de imponer un IVA del 21% a la sanidad privada, iniciativa que tampoco será incluida.
"Permanece exento, tal como está, no hay ningún tipo, en este proyecto, de modificación respecto a esta figura tributaria, todas las modificaciones que he contado son las que se contemplan", ha señalado al ser preguntada por esta medida tanto en la educación como en la sanidad privadas.
La posibilidad de incluir estas medidas en los PGE inquietaba al sector educativo y sanitario. Tal y como señaló en declaraciones a Europa Press el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló, afectaría a "muchas familias de clase media y trabajadora", ya que los precios de matrícula se verían incrementados.
Pero no solo aumentaría el precio de matriculación en colegios privados, sino el de escuelas infantiles de 0 a 3 años o centros de idiomas, así como el precio de servicios externos privados que ofrecen los centros concertados, como es el caso de comedor y transporte escolares o actividades extraescolares y deportivas, entre otros.
Respecto al IVA a la sanidad privada, el sindicato USO advertía de que este incremento generaría "injusticias sociales", como en el acceso generalizado a la odontología, y "graves consecuencias" de empleo para algunos sectores laborales. Igualmente, la Fundación IDIS, la entidad que aglutina a este sector y cuyo Patronato está integrado por 27 grupos, lo veía como "un ataque indiscriminado". Argumentaba que existen 8,7 millones de personas con seguro privado en España, lo que representa "un ahorro estimado mínimo de 5.000 millones de euros para el sistema público, que podría sobrepasar los 11.000 millones en el caso de un uso intensivo de los servicios aportados por la sanidad privada".
