Granado insinúa cambios en cotización, viudedad e inmigración

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, cree que se deberían vincular las nuevas pensiones de viudedad a la renta de los beneficiarios, dado que “en algunos casos al enviudar se percibe un salario muy superior al del cónyuge fallecido”. Y asegura que, dada la pirámide poblacional española, “necesitamos a los inmigrantes. Debemos discutir qué inmigrantes, cómo e incluso de dónde, pero para que funcione el sistema español de Seguridad Social hace falta inmigración y también abordar los problemas de la sanidad”, ha advertido durante su participación este martes en Madrid en la jornada El futuro de las pensiones. Un reto latente para la empresa, organizada por APD.

Granado reconoce que es preciso mejorar las pensiones de muchas mujeres que al perder a su pareja empeoran su calidad de vida, porque “normalmente los hombres tienen mayor salario”, pero afirma que hay que limitar estas prestaciones cuando el viudo/a mejore su nivel de renta familiar. Hay un 10% de viudos cobrando esta pensión, pero "el 55% de las viudas morirán cobrándola”, ha cuantificado Granado, quien en todo caso ha asegurado que, de adoptarse estos cambios, afectarían solo a las nuevas pensiones.

Agujero patrimonial

“Hemos perdido 100.000 millones de patrimonio neto en los últimos siete años porque sistemáticamente hemos ido acumulando desequilibrios; devaluamos los salarios, disminuimos las cotizaciones, reducimos los ingresos del sistema, pero las prestaciones se han seguido calculando igual que antes”, ha asegurado el secretario de Estado, quien ha revelado que el patrimonio neto de la Seguridad Social experimentó una pérdida de 13.000 millones de euros en 2017 y rondará los 32.000 millones en 2018. Sobre la financiación y sostenibilidad de las pensiones públicas, Granado ha sugerido una batería de medidas, entre ellas, aumentar la cotización por contingencias y bajar la cotización por desempleo para reducir el déficit del sistema (puesto que en la actualidad hay superávit por desempleo), además de “restringir la jubilación anticipada”, advirtiendo de que quien se jubile de forma anticipada tendrá que cotizar más.

El secretario de Estado ha señalado que es vital llegar a un acuerdo en el Pacto de Toledo, “como hilo conductor que sostenga el sistema”, y que hay que batallar contra el absentismo laboral y perfilar mejor la incapacidad temporal o total. “Hay muchas patologías que indican que una persona no puede trabajar ocho horas diarias, pero quizá puede trabajar cuatro, y en ese caso habría que estudiar una jubilación parcial”.

Pensión pública-pensión privada

Bajo el paraguas del debate entre pensiones públicas-previsión social privada o empresarial, Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa, ha afirmado que toda reforma del sistema público de pensiones “debe ser gradual para no cargar sobre una cohorte de edad concreta todo su peso. Hay que repartir la carga entre generaciones”, y que la edad de jubilación debe evolucionar “en paralelo al aumento de la esperanza de vida". Ha alertado asimismo de que es imposible que de las tres etapas vitales, formación, trabajo y jubilación, la primera y la última duren cada vez más años mientras que la fase laboral sea más corta. Hay que equilibrar las etapas vitales”.

La presidenta de Unespa ha participado este martes en la mesa redonda ¿Salvar el sistema actual o valorar alternativas de previsión social?, junto al presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, y el secretario confederal de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo.

En su intervención, Martínez-Aldama ha planteado que España impulse la previsión social con un modelo similar al de Reino Unido: “un sistema de capitalización semiobligatorio a través de la empresa, en el que el trabajador que no quiera ese plan de empresa pueda salirse de él”, detalla el presidente de Inverco. Más de 10 millones de trabajadores en Reino Unido han tenido acceso a un plan de capitalización con esta medida.

Por su parte, Carlos Bravo, de CCOO, ha abogado por reforzar la Seguridad Social y además robustecer los sistemas de previsión. “Se pueden hacer las dos cosas, no son opuestas”, ha dicho, al tiempo que ha defendido reforzar la contributividad, que disminuye el volumen de gasto del Estado en pensiones, pero no necesariamente la cuantía de la pensión. Por ejemplo, “los trabajadores mayores de 50 años expulsados por el mercado laboral cobrarán mayor pensión si se tienen en cuenta 25 años cotizados que si se usan los 15 últimos cotizados”.