Martes 18 de marzo de 2025
ACTUALIZADO : Martes 18 de marzo de 2025 a las 20:26 H
10 minutos
CCOO y UGT exigen al Gobierno que corrija la demora en las devoluciones a mutualistas jubilados
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Si nada cambia, en poco más de diez días, con el inicio de la campaña de la renta, todos aquellos pensionistas a los que Hacienda les anuló la solicitud de la devolución de IRPF a la que tienen derecho por sentencia del Tribunal Supremo, tendrán que volver a solicitar una parte de esa devolución, la que corresponde a lo pagado de más en 2019.
Y decimos “si nada cambia”, porque el clamor de los afectados es que el el ministerio de Hacienda rectifique una decisión que consideran “arbitraria”, “discriminatoria” y que les suma en una profunda “inseguridad jurídica”. Miles de afectados que, además, no están solos. Les acompañan los sindicatos, las asociaciones de mayores y organismos como los inspectores de Hacienda, asesores fiscales y gestores administrativos.
Pero el departamento dirigido por María Jesús Montero no parece dispuesto a ceder. Los afectados han comenzado a moverse, se han manifestado por toda España, también a través de organismos como el Defensor del Pueblo. Asimismo los sindicatos y asociaciones de mayores como PMP han iniciado contactos con el Gobierno. Frente al mutismo que ha mantenido Hacienda hasta ahora, al menos ha abierto la vía del díalogo. Este mismo martes se ha reunido con CCOO y UGT. Una reunión que ha terminado sin una solución concreta para subsanar la injusticia cometida. "Salimos con malas sensaciones", reconocian los sindicatos a la salida, y anunciaban que "seguirán las movilizaciones, no vamos a parar hasta conseguirlo".
Los sindicatos están movilizados por la devolución inmediata y contra el nuevo modelo que ralentiza todo el proceso. Este martes se han producido dos reuniones clave. Por un lado, Anatolio Díaz, Secretario General de la Federación de Pensionistas y Jubilados de UGT-UJP y miembro del Comité Asesor de 65YMÁS, se reunía con el grupo parlamentario socialista para abordar el asunto. En dicha reunión ha encontrado buena disposición. "Se han comprometido a analizar de qué forma se puede instrumentalizar algo que nos permita salir de la situación en la que estamos", ha confirmado Díaz a este medio. Pero, claro, la última palabra está en el Ministerio.
Así, más tarde, en la sede del Ministerio, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete, ha recibido al secretario de políticas públicas y protección social de CCOO, Carlos Bravo; vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján; a la secretaria de salud laboral del sindicato, Patricia Ruiz; así como al propio Anatolio Díaz, para abordar estas devoluciones del IRPF a mutualistas.
Hacienda no se plantea rectificar, ni siquiera parecen dispuestos a negociar. Esa es al menos la sensación con la salen los sindicatos de esta primera reunión, que se produce tres meses después de cambiar su criterio para abordar las devoluciones a mutualistas. "No son formas, habíamos negociado la forma de proceder para realizar las devoluciones del IRPF, y ni siquiera nos llamaron cuando hicieron este cambio", aseguran. "No salimos con buenas sensaciones de la reunión, no son buenas noticias", añaden.
El único punto positivo que sale de este encuentro entre el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, y los sindicatos, es que el Gobierno ha cedido en que pagará intereses de demora a los mutualistas, a los que dilata la devolución a la que tienen derecho en cuatro años. Este era uno de los puntos por los que claman los afetados, como ponen de manifiesto muchas de las cartas recibidas por este medio, que no cesan. La avalancha de Cartas a la Directora en 65YMÁS continúa, a diario recibimos nuevas misivas y ya son muchas más de 2.000 las recibidas.
El Ministerio de Hacienda "ha aceptado que deberá incrementar las cuantías a reclamar en los correspondientes intereses, en el tipo de interés de demora tributaria incrementado, 4,0625% anual en este momento", confirman fuentes sindicales.
Los mayores se han plantado contra la decisión de Hacienda y todas las asociaciones de mayores han manifestado su “total rechazo” al cambio. Para la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) este cambio representa “un grave atentado contra los derechos adquiridos” y genera una profunda inseguridad jurídica y económica para las numerosas personas contribuyentes que presentaron sus solicitudes en plazo y forma, siguiendo las instrucciones de la propia Agencia Tributaria. La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) también ha mostrado su "profunda preocupación” por la situación.
La anulación de todas las solicitudes de devolución del IRPF pendientes, según la PMP, denota una “falta de sensibilidad y edadismo institucional por parte de la Administración Pública y el Gobierno”. Para las personas afectadas, reiniciar el proceso y fraccionar las devoluciones en cuatro ejercicios añade incertidumbre y trámites burocráticos innecesarios. La Plataforma ha recalcado que hablar de años en plazos para realizar una gestión, puede significar no llegar a realizarla para un grupo de contribuyentes especialmente vulnerable, que podría no llegar a percibir nunca la devolución que les corresponde.
La PMP ha instado al Ministerio de Hacienda a rectificar este injusto criterio y a que encuentre una solución a la mayor brevedad posible, de manera que se restauren los principios de equidad, igualdad de trato y de acceso para el conjunto de las personas contribuyentes que se encuentran en esta situación, teniendo en cuenta la perspectiva de edad.
En la misma línea, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis Fernández Santillana ha urgido al Ministerio de Hacienda para que "no demore innecesariamente esta devolución, que agilice los trámites y que, por una vez, sea amigable con las personas mayores".
Al igual que los sindicatos, la Plataforma de Mayores y Pensionistas, PMP, también ha iniciado ya contactos con el Gobierno con el fin de que se repare el daño generado.
Al no obtener una respuesta satisfactoria por parte del Ministerio de Hacienda, los mutualistas volverán a salir a la calle con nuevas concentraciones. El pasado 20 de febrero la indignación de los pensionistas que siguen pendientes de cobrar por parte de Hacienda el dinero que cotizaron de más a las antiguas mutualidades laborales cristalizó en concentraciones por toda España, frente a las delegciones de Hacienda de todas las provincias, convocados por las federaciones de pensionistas y jubilados de Comisiones Obreras y UGT. "ahora, retomamos el calendario de movilizaciones, que mantendremos hasta que tengamos una solución satisfactoria", dicen fuentes sindicales a este medio.
El Defensor del Pueblo ha pedido información y datos detallados a Hacienda por la suspensión de todas las solicitudes que no hubieran recibido la luz verde antes del 22 de diciembre, y por el nuevo sistema establecido para solicitar las devoluciones de IRPF. Tal y como ha confirmado la institución a este medio, ya ha abierto cientos de expedientes, tras haber admitido a trámite otras tantas quejas. Además de afectados en calidad particular, también se han dirigido al Defensor del Pueblo las asociaciones de mayores y los sindicatos.
Desde el Defensor del Pueblo, tal y como han explicado a 65YMÁS, invitan a todos aquellos pensionistas afectados a presentar una queja frente al organismo, y recuerdan que en un alto porcentaje de los casos, más de un 80%, las administraciones siguen las indicaciones del Defensor. Hacerlo, explican fuentes de la institución, es muy sencillo para los ciudadanos y no requiere de habilidades digitales de ningún tipo. La institución, además, ha mostrado sensibilidad por el caso.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula en 1.700 millones de euros el coste para el Estado de las devoluciones del IRPF a mutualistas jubilados. Se trata de un cálculo realizado en un análsis que acaba de publicar sobre los riesgos fiscales más relevantes para las finanzas públicas que, entre otros, como los riesgos macroeconómicos o medioambientales, también incluye los riesgos de acciones legales contra el Estado.
La Autoridad Fiscal considera que estos litigios, y las sentencias desfavorables para el Estado podrían agravar el déficit público de los próximos ejercicios. Y es aquí donde expertos fiscales y sindicales encuentran el motivo para el cambio de criterio adoptado por Hacienda de cara a los mutualistas jubilados.
