Los impuestos a eléctricas y banca pasan el primer trámite del Congreso pese a la oposición del PP

La mayoría del Congreso de los Diputados ha avalado este martes la admisión a trámite de los polémicos impuestos a la banca y a las eléctricas, pese a la campaña en contra del Partido Popular que ha puesto en tela de juicio su "constitucionalidad" y defiende que es una "trampa para los ciudadanos". Lo ha hecho con el apoyo hoolgado de sus socios tracionales de ERC, Bildu o PNV, y la negativa de PP, Vox y Ciudadanos, por lo que la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos, que es una de las medidas estrellas del Gobierno de coalición, supera una de sus primeras pruebas, pero no la única. 

Y es que este paso no implica que las medidas hayan sido aprobadas definitivamente, únicamente supone que la proposición de ley ha sido tomada en consideración, por lo que ahora pasará a ser debatida en comisión y los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas a la misma, por lo que tendrá que hacer frente al freno que probablemente suponga la oposición. No obstante, el Gobierno ya ha dejado claro que aspira a que la tramitación sea rápida para que las tasas estén en vigor a partir de enero.

Abierta a introducir cambios en línea con Bruselas

En este sentido el Gobierno ha defendido que "tiempos extraordinarios exigen medidas extraordinarias", ha defendido la portavoz socialista en el Congreso, Patricia Blanquer Alcaraz, quien ha llamado a las empresas eléctricas y la banca a "arrimar el hombro" ante las necesidades sociales fruto del aumento de los precios que sufren los españoles y ha hecho un guiño a las críticas del PP al señalar que se trata de una propuesta "constitucional".

Por su parte, el otro socio de Gobierno, Unidas Podemos ha señalado el alineamiento de la propuesta con la Unión Europea que está barajando también imponer "los beneficios caídos del cielo" de las eléctricas, según ha señalado el portavoz Pablo Echenique. De hecho está previsto que este miércoles Bruselas pueda anunciar nuevos impuestos a las eléctricas, como medida extraordinaria para combatir las consecuencias de la guerra de Ucrania. "Y no tengan miedo, señorías, si hay que adaptar algo de lo que aprobado en la Unión Europea, permite hacerlo en la propia tramitación (parlamentaria) de esta iniciativa", ha insistido. Al mismo tiempo sobre la mesa están las peticiones de cambio de grupos como PNV y Bildu, que han exigido que la recaudación se reparta con las haciendas forales vascas y navarras.

Una recaudación estimada de 7.000 millones en dos años

La proposición de ley aprobada este martes, presentada por el PSOE y Unidas Podemos, establece a través de sus dos artículos un gravamen temporal energético del 1,2% aplicable a personas o entidades que tengan la consideración de operador principal en los sectores energéticos con una facturación superior a 1.000 millones de euros al año y un gravamen temporal del 4,8% de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito con ingresos iguales o superiores a 800 millones de euros. 

El nuevo gravamen al sector energético estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023. De su lado, el impuesto "excepcional y temporal" dirigido a "las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida de tipos de interés", según ha argumentado el Gobierno, tendrá una duración de dos años –sobre los ejercicios 2022 y 2023– y buscará recaudar 1.500 millones cada año.

¿Repercutirá a los consumidores?

El Gobierno ha anunciado que prohibirá que las empresas tanto energéticas como a la banca que repercutan los impuestos extraordinarios a los ciudadanos con sanciones. En concreto, en la propuesta de ley que se ha votado este martes, el Gobierno ha establecido en la proposición una sanción del 150% del importe que se traslade al usuario. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sería el órgano encargado de velar de que no se repercuta el gravamen sobre los clientes en el caso de las energéticas; para los bancos, la CNMC deberá colaborar con el Banco de España.

Sin embargo, la Asociación de Usuarios Financieros (@asufin_) considera que será difícil detectar si la banca subirá los precios por las circunstancias del mercado o debido al nuevo impuesto. La asociación ha destacado en un comunicado que, por una parte, les parece positivo lanzar un mensaje de que "la banca debe arrimar el hombro en las actuales y adversas circunstancias", si bien por otro duda "seriamente" de que desde el Banco de España y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puedan determinar qué parte de la subida de las comisiones y tipos de interés de productos se harán por circunstancias del mercado y qué parte por repercusión del impuesto.

Los empresarios prevén un aluvión de recursos

El Instituto de Estudios Económicos (IEE), ligado a la patronal CEOE, alerta sobre su impacto en la propia competitividad de las firmas españolas frente a sus rivales europeos, ante el riesgo regulatorio que percibirán los inversores tras el despliegue de la medida. "De aprobarse la proposición de ley tal y como está redactada, habrá una serie de recursos contra su aplicación que terminarán con su declaración de inconstitucionalidad, al atentar contra los principios de seguridad jurídica del artículo 9.3 de la Constitución y los tributarios de generalidad, igualdad y capacidad económica del artículo 31.1", indican los expertos. 

En su informe, el IEE que el plan del Gobierno "vulnera elementos esenciales del Derecho Comunitario, ya que discrimina en función de la residencia en España o en otro país de la Unión Europea". Consideran además que estos tributos suponen, en el fondo, una doble imposición para bancos y energéticas "que en el impuesto sobre sociedades ya se ven sujetos a un mayor tipo de gravamen, del 30 % en lugar del general del 25 %, además de soportar diversos impuestos sectoriales específicos".