La crisis que ha atravesado Muface, la mayor en sus 50 años de historia, está a punto de cerrarse. Lo hará en cuanto el nuevo contrato quede firmado y eche a andar. Sin embargo, la incertidumbre ha pasado factura a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. El año pasado, casi 15.000 mutualistas decidieron migrar a la sanidad pública y eso que, aunque la incertidumbre comenzó en octubre pasado, el punto álgido de esta tensión no se ha producido hasta ya entrado 2025.
Cabe destacar que en octubre, cuando habitualmente se renueva el contrato, comenzó un clima de incertidumbre que ha ido incrementándose con el paso del tiempo, a medida que las licitaciones quedaban desiertas por la negativa de las aseguradoras a aceptar las condiciones económicas ofrecidas por el Gobierno.
En concreto, a cierre de 2024, según los datos publicados por Muface, las aseguradoras privadas se quedaron sin 14.952 mutualistas. En total se produjeron unos 16.700 cambios, de los cuales casi 15.000 fueron hacia la sanidad pública. A esto habría que sumar que la mayor parte de las nuevas incorporaciones al sistema, también apuestan por la sanidad pública en lugar de la cobertura de una aseguradora privada.
El informe ‘Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud’ que el Ministerio de Sanidad publicó el pasado mes de noviembre, ya apuntaba esta tendencia. “En el año 2012, Myface tenía un total de 1.535.000 mutualistas, de los cuales el 81,92% (1.257.500) elegían una aseguradora privada para recibir la asistencia sanitaria, mientras que un 18,08% (277.500) elegían el Sistema Nacional de Salud. En la actualidad, 12 años después, la cifra total de mutualistas se mantiene casi igual, habiendo caído el número de mutualistas de Muface con asistencia sanitaria privada (levemente por encima de 1 millón de mutualistas) y habiéndose incrementado un 75% en estos años (pasando de 277.500 a 488.000 personas) el número de mutualistas que eligen ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud”, asegura.
Con el debate sobre la continuidad o no de este modelo más abierto que nunca, ya hay fecha para la publicación del esperado análisis sobre la eficacia y eficiencia de Muface. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lo publicará el próximo lunes, día 24 de marzo, según consta en el calendario del organismo.
AIReF ya remitió al Gobierno una evaluación del gasto derivado de la asistencia sanitaria del mutualismo administrativo en diciembre. Se trataba de una versión preliminar. Ahora, y según consta en el último acta del comité directivo de la AIReF recogido por Europa Press, se han incorporado en el estudio "cuestiones que no pudieron incluirse en la versión preliminar, dado el escaso margen de tiempo con el que se dispuso de la información necesaria".
Entre esas cuestiones que ahora se incorporan, están el análisis de la farmacia ambulatoria relativa a Mugeju e Isfas; las tasas de consulta y pruebas diagnósticas por sexo y edad; la simulación del impacto en la medicina de familia de la incorporación al SNS de los mutualistas y algunas aclaraciones terminológicas en el análisis relativo a la financiación del mutualismo.
Según los datos de la AIReF, el gasto sanitario del mutualismo alcanzó en 2019 los 2.230 millones de euros, de los cuales un 64,9% corresponden a Muface, un 31,3% al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y un 3,8% a la Mutualidad General Judicial. El gasto sanitario de las mutualidades muestra una tendencia creciente durante las últimas dos décadas. Entre 2002 y 2019, el gasto creció un 59,2%, lo que supone una tasa anual del 2,8%. Este crecimiento fue más acelerado en la primera mitad del periodo (5,4% anual entre 2002 y 2009) y se ralentizó en la segunda mitad (1% anual entre 2009 y 2019).
Las mutualidades se financian con las cotizaciones de los mutualistas, la aportación y la subvención del Estado, otros ingresos diversos (rendimientos de cuentas y valores, ingresos patrimoniales, etc.) y el remanente de tesorería. Con las cotizaciones de los mutualistas y la aportación del Estado se financia la asistencia sanitaria y otras prestaciones contributivas del mutualismo, como los subsidios por incapacidad temporal, prestaciones por incapacidad, etc.
La mayor parte de estos presupuestos se destina a la asistencia sanitaria. Muface dedica más del 82% de su presupuesto a la asistencia sanitaria y prestación farmacéutica; el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, más del 90% y la Mutualidad General Judicial, más del 78%.
Con todo, el objetivo de esta evaluación de la autoridad independiente es analizar la eficiencia técnica y económica de la asistencia sanitaria del mutualismo y, en particular, de la que se provee a través de entidades privadas.
Pese a que la crisis abierta en Muface se ha resuelto con la continuidad de dos compañías aseguradoras, Asisa y Adeslas, parece que es momento de abordar el análisis de Muface y repensar el modelo. El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, lo reconocía hace tiempo. "Creo también que hay una reflexión pendiente, posterior, una vez que se firme el concierto, porque estamos hablando de un modelo muy antiguo que acumula también ciertas imperfecciones, ciertas cosas que se pueden mejorar”. Y en ese sentido el informe de la Autoridad Fiscal será clave.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) acaba de advertir de que esa reflexión debe enfocarse en mejorar y fortalecer el modelo, y no para justificar su desaparición. “No aceptaremos que se ponga en cuestión el mutualismo administrativo, como se ha propuesto desde Sumar y sugerido desde el propio ministro de Función Pública”, han advertido a través de un comunicado.
