La inminente reforma del subsidio de paro amenaza con empeorar la situación de los mayores de 45

El Gobierno prepara cambios en los subsidios de paro

Una de las "primeras reformas" del nuevo Gobierno será la de los subsidios asistenciales de desempleo, tal como ha confirmado el secretario de Estado de Empleo y Economía Social en funciones, Joaquín Pérez Rey, y aunque todavía no se conocen todos los detalles, algunas de las medidas que se están barajando ya han suscitado el temor a que se produzca un empeoramiento de la situación de los mayores de 45-55 años, sobre todo los que sufran paro de larga duración.  

En concreto, según ha trascendido, una de las modificaciones en estudio consiste en hacer que estos subsidios tengan una mayor cuantía durante los primeros meses de cobro, para luego ir descendiendo de importe de manera progresiva, aunque sin recortar la cantidad total a recibir. Una medida que castigaría a quienes más tiempo permanezcan desocupados, dependiendo de una menguante ayuda asistencial, puesto que irían cobrando cada vez menos, según fuera pasando el tiempo. Con este modelo, se pretende que el parado no se acomode, sino que sienta la urgencia por buscar un empleo, lo que resulta más estresante para los parados de edades avanzadas, que son quienes sufren más para hallar trabajo. 

El paso a un subsidio menguante, que Pérez Rey ni afirma ni descarta (matiza que los cambios "no necesariamente" significarán que estas prestaciones sean "decrecientes"), sería muy poco efectivo, según los expertos consultados por 65YMÁS, que proponen, en cambio, medidas para compatibilizar el cobro de la ayuda y el trabajo, además de endurecer el cobro para quienes rechacen empleos, en determinadas circunstancias.

Lo que es innegable es que estos subsidios van a sufrir cambios inminentes, porque lo ha pactado el Gobierno con la Comisión Europea (la reforma del nivel asistencial de desempleo es un compromiso con Bruselas), porque así figura en el programa de gobierno PSOE-Sumar y porque es uno de los asuntos que quedó pendiente de negociar en la pasada legislatura en la mesa de diálogo social, entre el Ministerio, los sindicatos y la patronal CEOE-Cepyme.

"Perjudicial para personas de difícil recolocación"

El economista Javier Santacruz (@santacruz_s_a) subraya que la reforma del subsidio por desempleo debe ir acompañada de "otras medidas de incentivo al empleo. Desde luego, lo más fácil, que es hacer decreciente el subsidio, conforme va pasando el tiempo, sería muy perjudicial para aquellas personas que tienen más difícil recolocación, especialmente mayores de 50 o 55 años".

 A su juicio, "o bien se busca una ponderación más generosa, aunque el subsidio vaya decreciendo, o bien se hace un sistema particular de incentivos para la búsqueda de trabajo. Por ejemplo, combinar cuánto se descuenta de subsidio de desempleo manteniendo cuánto se cotiza para la pensión (sería un subsidio encubierto)".

Para Miguel Ángel Bernal, economista, experto en inversión financiera y socio del despacho patrimonial-personal Bernal & Sanz Bujanda, el establecer una forma de cobro decreciente es "una ocurrencia descabellada. Podría dar lugar a que la persona busque trabajo, lo acepte, trabaje lo mínimo para cobrar el paro y luego vuelva a él".

Por el contrario, en su opinión, una medida que sí conseguiría aumentar el nivel de contratación sería "formar, preparar a las personas en situación de desempleo, y darles un número máximo de puestos sugeridos que puedan rechazar".

"La reducción del subsidio podría reforzar el estigma"

Asimismo, con respecto a la propuesta del Gobierno a Bruselas sobre la reforma de los subsidios por desempleo, para incentivar la incorporación al mercado laboral de los senior, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco (@fund_adecco), considera que "la reducción progresiva del subsidio no aceleraría necesariamente la consecución de un empleo, sino que podría reforzar el estigma y añadir estrés financiero adicional, conduciendo a las personas sénior a aceptar trabajos inadecuados a su experiencia y formación, a medida que sus ingresos disminuyen. Con ello, la inclusión laboral no sería exitosa, al no existir una correlación entre el perfil del profesional y el empleo conseguido".

A la luz de esta reflexión, le parecen interesantes otras propuestas sobre la mesa para incentivar la búsqueda de trabajo y evitar el efecto cronificación del subsidio, como las que "ya se han aplicado con éxito en otros países como Dinamarca, Suecia o Reino Unido. Por ejemplo, el impuesto negativo sobre la renta o complemento salarial, un concepto económico diseñado para que las personas con menores ingresos puedan seguir recibiendo parte de la prestación una vez encuentran trabajo. A diferencia del modelo tradicional, donde si una persona empieza a percibir ingresos por trabajo pierde su prestación rápidamente, en este caso el importe del subsidio se reduce gradualmente, pero nunca del todo. De esta manera, las personas tienen un incentivo para trabajar, porque siempre mantienen parte de su prestación, aumentando sus ingresos totales cuando encuentran empleo. Se trata de una propuesta con un gran potencial transformador, que desde la Fundación Adecco hemos reivindicado mucho tiempo”.

"Suspender el cobro" si se rechazan empleos"

Eva Blázquez  (@emblazq), catedrática acreditada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III, tampoco es partidaria de un sistema de cobro decreciente, sino que considera que "la modificación de los subsidios, más que en el dinero, debería centrarse en las cuestiones que tienen que ver con la formación, la orientación y la aceptación de puestos de trabajo. Yo suspendería el cobro de la prestación cuando la persona se niega a aceptar el puesto de trabajo si se entiende que es adecuado".

"Bajar progresivamente el dinero a ingresar por quienes cobran del subsidio desempleo no creo que sea lo más adecuado. Habría que arreglar temas de formación, para incentivar la preparación y la salida del desempleo, sobre todo entre los parados mayores y de larga duración", insiste Blázquez. 

A este respecto, el economista, CEO de Futurfinances.com y profesor asociado de la UIB, Pau Monserrat (@pmonserrat), recuerda que la finalidad de estos subsidios es "asistencial y temporal, en forma de dinero, para que la persona pueda mantenerse económicamente mientras busca activamente otro empleo, pero no para que nadie se duerma en los laureles sin hacer nada por reintegrarse al mercado laboral. En ese sentido, tendría cierta lógica que se cobrase más al principio, y menos hacia el final".

Sin embargo, para ayudar de verdad a salir del paro, "hay que reformar muchos aspectos de la legislación y de la práctica,por ejemplo, en el seguimiento y tutela de la persona cuando es sénior o parada de larga duración, porque si al cabo de 6 meses o 1 año no se ha encontrado un trabajo, seguramente existan problemas de otra índole. Tiene que haber políticas activas de empleo, que sean públicas y efectivas, y a los desempleados de larga duración hay que darles formación útil de verdad, orientada a la inserción laboral, y no meros cursos de Excel y de inglés, como se hace ahora".

Para Monserrat, es imprescindible que los servicios de empleo ejerzan de verdad "una monitorización y un diagnóstico individualizados, que ayuden a resolver problemas específicos, como el de los parados que en realidad no buscan empleo; o el quienes, pese a buscar, no lo encuentran, por ser mayores, padecer afecciones o carecer de formación. Para estos grupos, lo lógico es que exista otro tipo de ayudas".

Si se agota el subsidio... quedaría pedir el IMV

El objetivo del Gobierno con la reforma de estas prestaciones asistenciales, es acercarse al modelo existente en otros países europeos y que defiende la OCDE, donde se cobran cuotas más elevadas al principio, y reducidas al final. Con la presión extra de que el ingreso mensual adelgaza y se agota, se logra que algunos trabajadores acepten empleos aunque sean mal remunerados, y que otros se decidan a salir de la economía sumergida, según constatan algunos especialistas en mercado laboral.

En todo caso, si la persona agota el subsidio y no encuentra empleo, le quedaría la opción de solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), si bien esta ayuda sería una pírrica solución para trabajadores sénior despedidos en la fase final de su carrera laboral, que ya de por sí tienen muy difícil reintegrarse; o para aquellos que son expulsados a pocos años de poder jubilarse.

Sindicatos y CEOE, listos para negociar, sin imposiciones

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, está dispuesto a abordar una reforma del subsidio por desempleo, siempre que esta sea negociada y tenga como meta facilitar la transición del paro a un puesto de trabajo. "Creo que ese es el objetivo que tenemos que tener en España todos. Una de las cosas importantes para cualquier persona, no solamente desde el plano de que le entre un dinero, sino en lo personal, es que tenga un empleo, y cuanto más estable mejor".

El dirigente empresarial sería propicio a medidas para compatibilizar el subsidio con un empleo. "Todo lo que sea intentar que la gente deje de estar en paro, especialmente los de larga duración, para incorporarse de forma activa a la sociedad, será bueno", resalta, insistiendo en que hay que intentar mejorar esta situación, "porque las políticas activas de empleo, y eso no es de este Gobierno, sino de todos, no han llegado a buen término".

Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, recuerda que la reforma de estos subsidios debe debatirse en el diálogo social, y avisa al Ejecutivo de que antes hay que abordar cómo mejorar los servicios de intermediación de empleo, para que las personas en paro puedan regresar al mercado laboral. Álvarez se opone de forma "clara y rotunda" a que "se empiece a construir la casa por el tejado", porque "el problema grave no son los subsidios, que son escasos e infinitamente inferiores a los del resto de países de la UE, sino los servicios de empleo", que no funcionan correctamente.

A su vez, CCOO confirma a 65YMÁS que esta reforma asistencial es "uno de los temas pendientes de la legislatura pasada". El sindicato, que lidera Unai Sordo, hace hincapié en que cualquier cambio debe realizarse "en el marco del diálogo social", y no mediante un pacto con Bruselas, advirtiendo al Ejecutivo contra cualquier intento de legislar de manera unilateral en este tema.