Jubilación de los funcionarios 'baby boomers': estos serán los ministerios más afectados

 Los sindicatos califican de "siniestro total" la situación de la Seguridad Social

La oferta de empleo público, insuficiente para suplir la jubilación del baby boom

Mollinedo (Gestha): "Hay peligro de colapso en Hacienda por la jubilación del baby boom"

La Seguridad Social está en una "situación insostenible" por la falta de personal, según denuncian los sindicatos. La Agencia Tributaria necesita ampliar plantilla, tal como reclaman los técnicos de Gestha, y la Oficina de Patentes dio la voz de alarma hace meses. Existen numerosas quejas por el atasco en las gestiones del SEPE y del Ingreso Mínimo Vital, además de persistir buena parte del colapso de las citas previas en la Seguridad Social que provocó la pandemia. Hay universidades como la de Valencia, donde el 30% de profesores se jubilará de aquí a diez años, y centros de salud y hospitales como algunos de la provincia de Soria, ya están en cuadro.

Todos ellos son problemas de hoy mismo achacables en gran medida a la falta de personal en las Administraciones Públicas (AAPP). Unos problemas que se agudizaron por la pandemia del COVID y que van a estallar en cuanto empiecen a jubilarse los funcionarios del baby boom, a partir de 2025 y hasta 2040, si el Gobierno no le pone remedio.

Hay trabajadores pertenecientes a la generación del baby boom (finales de los años 50 hasta 1975 aproximadamente) que ya se han jubilado porque tenían largas carreras de cotización y decidieron retirarse al cumplir 61 o 63 años, aprovechando las opciones legales. Pero el grueso de esta generación, que engloba a 12 millones de personas en España, empezará a jubilarse a partir de 2025 (si lo hacen con 65 años) y terminará en torno a 2040.

2,72 millones de empleados públicos

En España existen 2,72 millones de empleados públicos (a fecha de julio de 2021), pero la gran mayoría de ellos, el 59,54%, trabaja para las comunidades autónomas y el segundo mayor porcentaje, el 21,53%, en la Administración local, según refleja el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las AAPP. 

Al sector público del Estado (Administración General del Estado, Fuerzas Armadas y Administración de Justicia) le corresponde únicamente el 18,92% del empleo, lo que en cifras absolutas se traduce en 516.400 personas. De ese medio millón, concretamente a la Administración General del Estado (AGE) tan solo le tocan 230.900 empleados (el 8,46%). Según denunciaba recientemente el sindicato UGT, la oferta pública de empleo mantiene a la AGE en una posición deficiente para atender a la ciudadanía, habida cuenta de que "en la última década se ha perdido más de 40.000 empleos públicos, lo cual supone un total del 22% del total de recursos humanos de la AGE".

Por su parte, y dentro de la Administración General del Estado, en los 22 ministerios existen 92.468 empleados, lo que significa el 3,39% del total del personal de las Administraciones Públicas (ver gráfico).

La amenaza de colapso es real, y en algunos ministerios es todavía más evidente, de hecho, los sindicatos calculan que en los próximos 10-15 años se puede jubilar casi la mitad de los funcionarios actuales, es decir, hasta más de un millón de empleados públicos.

Un problema añadido es que la falta de efectivos puede dificultar todo negocio del sector privado que dependa de la regulación, del visto bueno, de los permisos y licencias administrativas.  

Seguridad Social: "Se nos jubila un 5% cada año" 

Según las proyecciones realizadas por los sindicatos, los ministerios más afectados por el envejecimiento y jubilación serán Defensa, Trabajo y Seguridad Social, Hacienda, Sanidad y Servicios Sociales.

El problema para la Seguridad Social ha sido reconocido por el propio ministro, José Luis Escrivá, al afirmar que su departamento tiene una de las plantillas más envejecidas de toda la Administración. Asimismo, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Israel Arroyo, admitía a finales de octubre de 2021 los problemas de personal de la Seguridad Social, que ha perdido en los últimos años un 20% de la plantilla y "cada vez está más envejecida". "Se nos jubila un 5% cada año, es una barbaridad, se jubila más gente de la que entra", indicó Arroyo.

Hace unos días, el sindicato CCOO ha puesto números al riesgo de colapso, al detallar que en la próxima década se jubilará el 64,33% de los efectivos de la Seguridad Social, lo que supone perder casi dos tercios de la plantilla actual. "La Seguridad Social cuenta en la actualidad con 495 empleados mayores de 65 años, un 2,05%, mientras que 6.321 trabajadores se encuentran en la franja de edad de 60 a 54 años, un 26,20%. Un 36,08% de la plantilla, unos 8.704 empleados, tiene edades comprendidas entre los 55 y los 59 años, y el 16,93%, el equivalente a 4.084 personas, está en el tramo de 50 a 54 años", señala en un informe. El personal menor de 50 años, con unos 4.521 empleados, supone el 18,74% de la plantilla, según los datos desglosados por CCOO.

Por lo que se refiere estrictamente a la plantilla del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, cuenta con 2.561 efectivos, de los que 2.323 son funcionarios de carrera, otros 193 son personal laboral y 45 tienen otra tipología de contrato, de acuerdo con el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las AAPP. 

EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS MINISTERIOS

Defensa, Trabajo y Hacienda, muy envejecidos

El sindicato CCOO (@CCOO), en su informe El colapso de la Administración General del Estado ante la crisis provocada por la COVID-19, denuncia que "más del 40% del personal de la AGE está en un rango de edad superior a los 50 años y casi un 20% supera ya los 60 años. El Ministerio de Defensa y el MEYSS son los dos ministerios con un mayor envejecimiento, observándose en Defensa un 55% del personal por encima de los 50 años y un 34% de efectivos que superan los 60 años de edad; y en el MEYSS más de un 50% de la plantilla con un rango de edad de entre 50-59 años y un 20% en la década de jubilación".

Por su parte, un estudio comparativo de UGT Servicios Públicos (@UGT_Comunica) constata que "la edad media de la población activa en España es de 42,5 años, sin embargo, la edad media en la AGE es de casi 52 años, siendo la edad más frecuente entre los funcionarios y funcionarias los 57 años. En algunos Ministerios, como Defensa o Sanidad, el porcentaje de funcionarios con más de 50 años viene a superar el 74%". Para el sindicato, esta situación es "realmente alarmante porque en un periodo de 10 años se va jubilar casi el 50% de los efectivos actuales de la AGE, siendo más acentuada en los niveles inferiores (54% en C1 y 57% en C2) que en los superiores (40% en A2 y 30% en A1)".

Tanto para CCOO como para UGT, es fundamental rejuvenecer la plantilla de la Administración General del Estado y agilizar los procesos de selección. En caso contrario, advierten, en menos de una década la inmensa mayoría de los efectivos tendrá más de 50 años, haciendo el sistema prácticamente insostenible.

Voz de alarma en Hacienda y la Oficina de Patentes

El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) ya ha dado la voz de alarma: en diez años se habrá jubilado el 54% de la plantilla actual, situación dramática para la lucha contra el fraude, según explicaba recientemente José María Mollinedo, su secretario general. "En la Administración pública hay muchas personas que están entrando en los diez últimos años para alcanzar la jubilación, con 37 años trabajados, incluso 40, y acceso al cien por cien de la pensión al llegar a los 65 años. Esto va a ocasionar un roto para las administraciones, sobre todo en los puestos bajos (auxiliares administrativos y similares) que no tienen incentivos para prolongar su actividad", alerta Mollinedo. "Nuestros datos se pueden extrapolar a toda la Administración: Estado, autonomías, ayuntamiento...", asegura.

También la Oficina de Patentes advirtió hace meses de su penuria de personal y que ello les obliga a "hacer frente" a la "necesidad" de personal a causa de las jubilaciones.

CSIF: Un 56,3% se jubilará de aquí a 2030

El sindicato de funcionarios CSIF ha sido muy crítico con la oferta de empleo público aprobada en 2021, por considerarla insuficiente para resolver los graves problemas estructurales en la Administración General del Estado. “Estas cifras no son suficientes para reducir la pérdida de efectivos sufrida en los últimos años, que se sitúa en torno al 22%, ni para hacer frente a las jubilaciones que se van a producir. Desde la fecha actual, hasta 2030, se estima que el 56,3% de la plantilla se jubilará”, afirmaba en un comunicado.

Más en concreto, CSIF detalla que en los últimos diez años "se han perdido aproximadamente 50.000 empleos, y en la oferta del 2021 se produce un incremento neto de 2.595 plazas, teniendo en cuenta que en 2020 se perdieron 9.120 efectivos".

Hay que recordar que la crisis de 2008-2013 hizo que no se reemplazaran muchas bajas de empleados públicos, lo que ha agudizado el que la edad media del personal sea bastante elevada en todas las Administraciones Públicas.

En el caso concreto de la Seguridad Social, CSIF prepara movilizaciones para denunciar el retraso en la gestión de las prestaciones como consecuencia de la falta de personal. En los últimos meses, con motivo de la crisis, las listas de espera para ser atendido se sitúan en tres meses y el cobro de prestaciones se retrasa 3-4 meses desde que se realiza la solicitud, denuncian.

CSIF calcula que la plantilla de la Seguridad Social tiene un déficit de 7.468 puestos de trabajo (hay 24.298 personas pese a que las plazas reconocidas en la RTP son 31.766). Además, en el plazo de cinco años se jubilará el 28,5% de la plantilla actual, mientras que y en diez años se jubilará un 36,08% adicional; es decir, casi dos tercios de la plantilla actual, por lo que el organismo colapsará.