Economía
La Justicia europea abre la puerta a reclamar a las eléctricas las cláusulas ilegales
El TJUE dictamina que se podrá obligar a estas compañías a devolver el dinero a los clientes
Un paso más para la protección de los consumidores ante las grandes eléctricas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha respaldado el pasado 30 de marzo que las autoridades nacionales reguladoras de la energía puedan exigir a las compañía eléctricas la devolución a sus clientes de las cantidades cobradas con arreglo a cláusulas que sean declaradas ilegales.
La sentencia señala que la protección de los consumidores figura, en efecto, entre las obligaciones de dichas autoridades, como es el caso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en España.
El Tribunal de Justicia concluye, por tanto, que los Estados miembro puede asignar a estas autoridades la competencia para imponer a los operadores la devolución de las cantidades que hubieran percibido incumpliendo las exigencias relativas a la protección del consumidor, en particular las relativas a las obligaciones de transparencia y de facturación correcta.
Asimismo, señala que ya que la protección del consumidor y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia forman parte de las obligaciones de estas autoridades reguladores, no es pertinente cuál sea el motivo exacto por el que se ordena a una empresa eléctrica que efectúe el reembolso a sus clientes.
También afecta a los gastos de administración
La sentencia llega después de que en 2019, la Autoridad Reguladora de la Energía, las Redes y el Medio Ambiente de Italia impusiese a Green Network, sociedad italiana de distribución de electricidad y gas natural, una multa de 655.000 euros por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de tarifas y exigió que devolviera a sus clientes un importe de casi 14 millones de euros que les había facturado en concepto de gastos de administración con base a una cláusula considerada ilegal por esta autoridad.
Tras impugnar sin éxito la anterior decisión por la vía contencioso-administrativa, Green Network interpuso un recurso de apelación ante el Consejo de Estado italiano, que elevó la consulta al TJUE, que ahora ha respaldado la capacidad de estas autoridades nacionales a efectos de protección del consumidor.
El TJUE concluye en su sentencia que el Derecho de la UE "no se opone a que un Estado miembro asigne a la autoridad reguladora nacional la competencia para efectuar requerimientos a las empresas eléctricas para que reembolsen a sus clientes finales la cantidad correspondiente a la contraprestación pagada por estos en concepto de gastos de gestión administrativa con arreglo a una cláusula contractual considerada ilegal por dicha autoridad".
