Más de 50 entidades financieras se han adherido al acuerdo hipotecario pactado entre el sector y el Gobierno para los deudores hipotecarios vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad, según la resolución de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa que se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En concreto, se han adherido:
Abanca
Arquia Bank
BBVA
Banco Caminos
Banco de Crédito Social Cooperativo
Banco Sabadell
Banco Santander
Bancofar
Bankinter
CaixaBank
Caja de Crédito de los Ingenieros
Caixa Popular-Caixa Rural
Caixa Rural de Callosa d'en Sarriá
Caixa Rural de L'Alcudia
Caixa Rural de Turís
Caixa Rural Galega
Caixa Rural San Vicente Ferrer de la Vall d'Uixó
Caixa Rural Torrent
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent
Caja de Crédito de Petrel
Caja Laboral Popular
Caja Rural Católico-Agraria
Caja Rural Central
Globalcaja
Cajas Rural de Albal
Cajas Rural de Alginet
Cajas Rural de Altea
Cajas Rural de Asturias
Cajas Rural de Cheste
Cajas Rural de Granada
Cajas Rural de Guissona
Cajas Rural de Navarra
Cajas Rural de Villar
Cajas Rural de del Sur
Cajas Rural de La Junquera de Chilches
Cajas Rural de San Isidro de Vilafamés
Cajas Rural de San Jaime de Alquerías del Niño Perdido
Cajas Rural de San José de Burriana
Cajas Rural de San José de Nules
Cajas Rural de San Roque de Almenara
Cajas Rural de San Josep de Vilavella
Cajamar, Cajasur Banco
Colonya-Caixa D'estalvis de Pollensa
Deutsche Bank
Eurocaja Rural
Evo Banco
Ibercaja Banco
ING,
KutxaBank
OpenBank
Targobank
Unicaja Banco
Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI)
Tras varias semanas de negociación entre el Ministerio de Asuntos Económicos y las patronales del sector financiero, el Consejo de Ministros aprobó el 22 de noviembre el Real Decreto-ley 19/2022 por el que se ha establecido un Código de Buenas Prácticas para aliviar el impacto de la subida de los tipos de interés sobre los deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad y se modificaba el Real Decreto Ley 6/2012 para mejorar la protección de los deudores hipotecarios vulnerables.
En concreto, esta norma mejora el tratamiento de las familias vulnerables, abre un nuevo marco de actuación temporal para familias en riesgo de vulnerabilidad por la subida de tipos y adopta mejoras para facilitar la amortización anticipada de los créditos y la conversión de las hipotecas a tipo fijo.
El Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad ha sido de adhesión voluntaria por parte de las entidades, como ya lo fuera el código para deudores vulnerables. Sin embargo, las entidades estarán obligadas a cumplirlos una vez suscritos.
Para adherirse, el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se regulaba el nuevo código establecía un plazo máximo de cuatro semanas. Las posteriores variaciones se publicarán mensualmente en la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional y en el BOE, salvo que no hubiera modificación alguna.
Con carácter excepcional, la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional podrá autorizar la apertura de nuevos períodos de adhesión para aquellas entidades que hubieran reconsiderado su decisión inicial, y, tras el cierre de los mismos, actualizará la información publicada en su página web.
Las entidades que inicien su actividad con posterioridad al plazo de cuatro semanas, podrán solicitar su adhesión en cualquier momento hasta la finalización de la vigencia del Código de Buenas Prácticas, establecida en dos años.
Sobre el autor:
Raúl Arias
Raúl Arias es periodista especializado en Política, Economía y Sociedad. Licenciado en la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en diferentes medios de tirada nacional, siempre pegado a la actualidad.