La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves una ampliación al 25% de la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para hermanos, tíos y sobrinos.
Lo ha avanzado en una comparecencia ante los medios durante su viaje oficial a Lisboa, donde se ha reunido con el alcalde de la capital portuguesa, Carlos Moedas, y ha mantenido un encuentro con empresarios.
"Actualmente está al 15% entre los hermanos y 10% entre tíos y sobrinos pero en cuanto esta medida se pueda aprobar en el Parlamento de Madrid, en la Asamblea de Madrid, será efectivo al momento y empezará a beneficiar a más de 11.500 contribuyentes", ha desgranado la dirigente madrileña. Además, supondrá un ahorro de 48,3 millones de euros a los madrileños.
Ayuso ha recordado que este era un "compromiso electoral" que adquirió con los madrileños el pasado 4M y que ponen ahora en marcha en un momento en el que también quieren deflactar los tramos del IRPF y que se aplica una reducción de medio punto en todos los tramos de este impuesto.
Así, la presidenta ha enmarcado esta medida en una "batería de propuestas de rebajas fiscales para acompañar a todos los ciudadanos pero, especialmente, a aquellos ciudadanos que están en situaciones más difíciles en estos momentos".
Lo que pretende la Comunidad de Madrid, según ha trasladado Ayuso, es "ahondar en esa política de baja fiscalidad" que ya hay, por ejemplo, en países como Portugal. "Ojalá algún día lleguemos a tener una como este país, donde directamente este impuesto, como ocurre en toda la Unión Europea, ni siquiera ya se aplica, no existe", ha indicado.
Como ejemplo la presidenta ha puesto que "un sobrino que herede 100.000 euros pagará 4.400 euros menos que en aquellos lugares en los que este impuesto se sigue cobrando en su totalidad y con respecto a lo que ya se venía bonificando se ahorrará en torno a los 2.650 euros". En el caso de un hermano fallecido, si la persona recibe 200.000 euros, podrá llegar a ahorrarse hasta 12.000 euros sobre la cuota tributaria.
De este modo, el Ejecutivo autonómico inicia la tramitación de esta nueva medida elevando a audiencia pública durante 15 días hábiles el texto del anteproyecto de ley. Transcurrido este tiempo, el procedimiento marca recabar los informes internos para poder ser aprobado por el Consejo de Gobierno pasado el verano. Posteriormente, se remitirá a la Asamblea para su debate y aprobación definitiva.
